Hace dieciséis días, la vida de millones de personas en Estados Unidos cambió. Con la asunción de Donald Trump a la presidencia por segunda vez, el miedo se ha convertido en el modus vivendi de millones de migrantes.

El retorno de Trump al poder en 2025 ha desatado una ola de temor e incertidumbre, particularmente entre los migrantes centroamericanos, en especial aquellos provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump aplicó políticas migratorias extremadamente restrictivas, y ahora, con su regreso, sus promesas de endurecer aún más estas medidas —incluyendo deportaciones masivas, militarización de la frontera y limitación del derecho al asilo— están convirtiéndose en realidad.

Las acciones de Trump en las últimas dos semanas y media han provocado temor generalizado en la comunidad migrante. Durante su campaña, prometió implementar la mayor operación de deportación en la historia de EE.UU., reinstaurar el Título 42 y ampliar el programa «Permanecer en México», convirtiendo así el trayecto hacia EE.UU. en un camino de peligro y desesperación. Estas promesas ya se están haciendo realidad: desde el 20 de enero, han sido deportadas al menos 787 personas, y recientemente, el presidente Bernardo Arévalo y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acordaron elevar en un 40% el número de vuelos de deportación desde Estados Unidos.

En este contexto, Guatemala enfrenta un doble desafío: ser un país de origen, tránsito y destino de migrantes. La deportación masiva de connacionales desde EE.UU. y la llegada de miles de migrantes varados en su territorio ponen a prueba la capacidad del Estado para gestionar la crisis migratoria y garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad.

La nueva política migratoria de Trump no es más que un retorno a la línea dura aplicada durante su primer mandato, caracterizada por la implementación de medidas extremadamente restrictivas, incluyendo la separación de familias en la frontera, el endurecimiento de las condiciones para solicitar asilo y la reducción de programas de protección humanitaria. Ahora, con su regreso, estas políticas están siendo reforzadas, lo que genera pánico en las comunidades migrantes.

Desde su retorno a la presidencia el 20 de enero, Trump ha impulsado medidas ejecutivas que buscan endurecer las políticas migratorias y aumentar las deportaciones. Entre las acciones más destacadas está la declaración de una «invasión» en la frontera sur, utilizada como justificación para intensificar la militarización fronteriza y restablecer expulsiones rápidas de migrantes. Esto refleja una estrategia agresiva para reducir la inmigración ilegal y acelerar las deportaciones.

Para los migrantes guatemaltecos, esta política significa el riesgo inminente de ser detenidos y deportados sin poder defenderse legalmente, lo que ha generado un ambiente de miedo y desconfianza. Este temor no es infundado: si bien el Título 42 aún no se ha reinstaurado, desde que asumió su segundo mandato, Trump ha implementado políticas que permiten la expulsión inmediata de migrantes en situación irregular. Estas incluyen la detención y deportación acelerada de personas acusadas de pertenecer a pandillas o involucradas en actividades delictivas, sin necesidad de audiencias judiciales previas. Para ello, su administración ha considerado invocar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, una legislación poco utilizada que permite la deportación expedita de extranjeros considerados peligrosos.

Esto también representa una amenaza real a su estabilidad, seguridad y futuro. Existe un profundo miedo a la separación familiar, la detención de niños y un mayor riesgo para la niñez no acompañada. El temor constante a las redadas es palpable en comunidades migrantes de EE.UU.: negocios vacíos, vecindarios desiertos y trabajadores que han dejado de asistir a sus empleos para evitar ser capturados. Las detenciones exprés han convertido la vida cotidiana en un estado de terror permanente.

Actualmente, los migrantes varados en la frontera enfrentan serias dificultades debido a la desactivación de la aplicación CBP One, lo que provocó la cancelación de miles de citas para solicitar asilo, y el restablecimiento del programa «Permanecer en México», obliga a los solicitantes a esperar en territorio mexicano mientras sus casos son procesados en EE.UU., exponiéndolos a condiciones de vulnerabilidad, violencia y precariedad. Como consecuencia, miles de migrantes se encuentran atrapados en la incertidumbre y la desesperación, sin alternativas claras para avanzar en sus solicitudes de protección internacional.

Para cumplir con los compromisos migratorios adquiridos con EE.UU. el 5 de febrero de 2025, Guatemala debe implementar de inmediato una serie de acciones estratégicas, entre ellas el incremento en un 40% de los vuelos de deportación, lo que exige una coordinación eficaz con las autoridades estadounidenses y el fortalecimiento de la logística aeroportuaria. Asimismo, debe aceptar migrantes de otras nacionalidades deportados desde EE.UU., asegurando su tránsito y repatriación en condiciones dignas.

Es fundamental ampliar y fortalecer la infraestructura migratoria, mediante la creación y mejora de centros de recepción, además de la capacitación del personal encargado de atender a los migrantes. En materia de seguridad, Guatemala debe cooperar con EE.UU. en el control fronterizo mediante el intercambio de información, operativos conjuntos y el reforzamiento de la vigilancia. Finalmente, la implementación de campañas de comunicación y sensibilización será clave para informar a la población sobre estos acuerdos y fomentar el respeto hacia los migrantes en tránsito o repatriados.

Dado el endurecimiento de las políticas migratorias de EE.UU., Guatemala debe actuar con urgencia para evitar una crisis humanitaria de gran escala. Las nuevas medidas impuestas por Trump han creado un ambiente de miedo y desesperación, obligando a los migrantes a vivir en condiciones de persecución, inseguridad y precariedad. Como país de origen y tránsito, Guatemala tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos de los migrantes y desarrollar estrategias de respuesta ante la crisis migratoria.

Si el Estado guatemalteco no actúa con prontitud, las consecuencias podrían ser devastadoras para miles de personas atrapadas en un sistema migratorio hostil y desbordado.