Que en una institución del Estado se detecten actos que menoscaban, humillan o degradan a cualquier persona en su dignidad, es deleznable.

La trata de personas es uno de los tres delitos que más dinero genera al crimen organizado. Es un acto atroz porque deshumaniza, reduciendo a las personas en meras mercancías, es decir, objetos; teniendo consecuencias devastadoras para quienes la sufren.

El Protocolo para Prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, define a la trata de personas como “a) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido.”

Durante la semana pasada, públicamente se tuvo conocimiento que en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI- aparentemente, existía una red dedicada a la trata de personas con fines sexuales. En lo particular, creo que dichas aseveraciones han sido ligeras, porque no se tomó en cuenta las repercusiones que dichas manifestaciones pudieron tener en la vida de quienes se hayan visto involucradas, como lo son las mujeres.

Nada saben quiénes han hecho tales declaraciones, sobre las implicaciones que tiene el hecho de que una mujer sea señalada de ser explotada sexualmente, porque muchos de manera ligera las estigmatizan; porque si bien pudo existir consentimiento para acceder a prestar determinados servicios, también lo es que en muchos casos existen situaciones de vulnerabilidad que deben ser analizadas y por lo tanto el consentimiento se anula.

En varias ocasiones he manifestado que muchas mujeres provienen de contextos de vulnerabilidad, lo cual las hace presas fáciles para que personas sin escrúpulos las capten y así terminar en círculos de explotación, y en particular en el MICIVI, existía una incuestionable condición desigual de poder frente a quienes pudieron haberles ofrecido plazas en el Estado.

Muchas publicaciones en diversas redes sociales dan cuenta de la misoginia imperante en nuestro país. Inclusive proveniente de mujeres quienes utilizan un lenguaje altisonante para referirse a las mujeres que supuestamente trabajaban en el MICIVI y que, según la exministra Jazmín de la Vega, prestaban servicios sexuales y que por ello les rescindió los contratos, parafraseando: “no podía trabajar en un ambiente así”.

Actos que replican la violencia contra las mujeres, porque sí, una mujer también puede violentar a otra. La ignorancia de la exministra en este tema es evidente. Su proceder no fue el adecuado, ya que en el mundo del deber ser, le correspondía proceder de manera diligente y asesorarse para abordar con un enfoque de género los hechos aparentemente ilícitos detectados y que supuestamente pueden ser constitutivos del delito de trata de personas, para así denunciar la explotación sexual de la cual, con tanta indulgencia, ha manifestado en sus diversas declaraciones ante medios de comunicación.

Las causas de la trata de personas son complejas y multifacéticas que obedecen a diversos factores como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la discriminación, la violencia. Es por ello, por lo que las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en muchos de los casos no se reconocen como tal, porque son los diversos componentes de vulnerabilidad las que las han orillado a aceptar “trabajos” como los que supuestamente algunas mujeres prestaban en el MICIVI.

En mi particular opinión, la prostitución no es un trabajo que dignifique y que se elija de manera libre sin que hayan de por medio diversos factores de vulnerabilidad, como los ya referidos.

El mal abordaje de esta situación por parte de la exministra del MICIVI tendrá repercusiones nefastas porque muchas mujeres no querrán decir lo que ocurrió, cómo fueron captadas, quiénes las explotaban, cuánto tiempo pudieron haber estado en esta condición. Y definitivamente con todo el escarnio público preferirán no decir nada y nuevamente quedarán en impunidad hechos tan deleznables ocurridos en una institución estatal.

La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos que exige una respuesta urgente y contundente, que exige de las autoridades una garantía de respeto y protección de los derechos humanos sin distinción.

Es transcendental denunciar hechos delictivos de cualquier índole, pero ello sin dejar de lado que en algunas ocasiones éstos deben tratarse con cierta sensibilización porque detrás de ellos existen víctimas a quienes hay que defender y proteger por su dignidad humana.