El colapso y hundimiento de carreteras es apenas la manifestación externa de un problema mucho mayor al que se enfrenta Guatemala. Un modelo de gobierno fallido, infuncional y prostituido que consume recursos presupuestarios sin que los mismos se traduzcan en entrega de servicios a la población.

Se dice que las democracias están en crisis por esa ausencia de resultados y la inercia de seguir con esquemas de gobierno atrofiados. Esta condición ha sido aprovecha por políticos outsiders que prometen demoler los aparatos de gobierno por métodos más eficaces que dan respuesta a demandas sociales aboliendo sistemas y derechos establecidos.

La pregunta de fondo es: ¿se pueden resolver los problemas que afectan a la mayoría de países en vías de desarrollo respetando derechos y principios democráticos? La respuesta es un rotundo sí aunque los ejemplos en nuestra región no abundan.

En Guatemala, todos los gobiernos electos desde 1985 a la fecha han decepcionado y dejado saldos negativos de sus respectivas gestiones. Son casi 40 años de fracasos consecutivos que hacen pensar a la gente que el sistema democrático no es eficaz para resolver problemas y tampoco para sancionar ejemplarmente a quienes abusan del poder con fines personales.

Para colmo del país, los outsiders que han logrado ganar votaciones valiéndose de un discurso antisistema resultan peor en su desempeño que los convencionales políticos como lo demostró el último caso que llevó al tristemente recordado Morales a la presidencia, dejando el terreno abonado para el ascenso del más tradicional de los políticos y aprendiz de dictador Giammattei.

Estos no solo desempeñaron una pésima gestión sino que provocaron la prostitución de las instituciones que dejaron de cumplir sus funciones constitucionales para dedicarse a facilitar y brindar el saqueo del erario nacional.

El actual gobierno corre el riesgo de caer en el pantano en que se convierto el sistema de gobierno al que cada gobierno ha sumado capas de plazas fantasmas y de contratación amañadas, dejando migajas de recursos para atender los problemas de la población.

El gobierno actual ya dejó pasar valiosos seis meses de gestión en los que pudo haber tomado medidas drásticas para eliminar los bolsones de plazas, instituciones que solo gastan en funcionamiento y fortalecer el sistema de compras estatal a fin de liberar fondos para atender las demandas sociales.
Seguir sin hacerlo solo lo condena a ser uno más de los gobiernos fallidos que aumentan la desilusión con la democracia y abona el terreno al surgimiento de potenciales liderazgos autocráticos.