Cada 9 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha que debería ser un recordatorio de la devastación que este mal causa a todas las sociedades.

Sin embargo, en países como el nuestro, esta efeméride no es más que un reflejo amargo de una lucha que parece interminable.

La corrupción no sólo es el robo de dinero público; es el saqueo de oportunidades, de derechos fundamentales y del futuro digno de generaciones enteras.

En su forma más cruel, convierte la pobreza en un negocio rentable, la justicia en un privilegio y la democracia en una farsa.

En Guatemala, este deleznable fenómeno no es una novedad, siendo décadas de sustracción y desvío del erario público que ha permitido la consolidación de inmensas fortunas.

Los niveles de corrupción a los que ha llegado este país es sorprendente, pero más sorprende la impunidad descarada con que se perpetúa dicho fenómeno.

Los escándalos de corrupción ya no causan indignación masiva; más bien parecen alimentar una apatía colectiva que juega a favor de los corruptos.

Dentro de los múltiples ejemplos de corrupción con los que contamos en este país, se le suman hechos como la reciente aprobación del aumento salarial para los diputados, mientras miles de guatemaltecos apenas sobreviven, lo cual insulta la dignidad nacional.

A pesar de este sombrío panorama, es justo reconocer que el gobierno actual ha empezado a impulsar ciertos cambios e intenciones para combatir la corrupción. Sin embargo, el esfuerzo aún carece de la coordinación necesaria, así como de la implementación de sistemas digitales y aquellos que consignen datos, información y análisis para generar estudios comparativos que permitan controlar precios, medir avances, así como detectar fallos.

Estas herramientas son esenciales para construir políticas públicas efectivas y adaptarlas a las necesidades reales del país.

Para lograr lo anterior será vital redoblar los niveles de participación ciudadana. El apoyo social no sólo legitima las acciones del gobierno, sino que también es indispensable para garantizar la sostenibilidad de las alianzas estratégicas. Sin una ciudadanía activa, vigilante y comprometida, cualquier sistema anticorrupción corre el riesgo de desmoronarse frente a la presión de intereses particulares.

La lucha contra la corrupción, no puede limitarse a la indignación. Es imperativo que se implemente un sistema anticorrupción sólido que logre permear en todo el aparato estatal. Un sistema que no sólo detecte y sancione actos ilícitos, sino que también prevenga su ocurrencia, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en cada rincón del Gobierno.

Constatado está, que ningún sistema, por robusto que sea, puede sostenerse sin diálogo y sin esas alianzas estratégicas.

Es fundamental recordar al Gobierno consolidar pactos para enfrentar estos desafíos con los sectores clave como la sociedad civil, el sector privado, los pueblos indígenas y la comunidad internacional, para así garantizar la sostenibilidad de las reformas.

Es y será importante evitar el aislamiento por parte de los liderazgos gubernamentales, pues no sólo es improductivo, sino que debilita la capacidad de respuesta frente a un problema tan complejo como la corrupción.

En el marco conmemorativo de ese día, no debe quedar sólo la reflexión, sino la invitación a la acción. En este sentido, pudo evidenciarse la firma de dos iniciativas de ley, por parte del presidente Arévalo.

La primera hace referencia a la Ley de Beneficiarios Finales y la segunda a la Protección de Denunciantes de Irregularidades.

Respecto a la primera iniciativa presentada, se logrará la creación de un registro de beneficiarios finales, el cual estará adscrito a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo cual permitirá tener un control de personas individuales que se benefician de empresas mercantiles o de otra naturaleza. Esta ley tiene como finalidad prevenir el lavado de dinero, bajo estándares internacionales, realizándose un despliegue e intercambio de información fluida con diferentes instituciones clave para frenar la corrupción en este ámbito.

La segunda iniciativa de ley, ayer firmada, es la referente a la Protección de Denunciantes de Irregularidades, la cual en esencia permite llevar a cabo ese compromiso asumido por el Estado de Guatemala en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta ley tendría como finalidad permitir que las personas que realicen denuncias respecto a irregularidades de las cuales tengan conocimiento, puedan hacerlas en forma segura y sin temor a represalias.

Si es que se llegasen a aprobar estás leyes en el soberano Congreso, todo lo anterior representará avances importantes en la legislación para enfrentar esta lucha anticorrupción

Sin embargo, es importante entender que no porque se cuente con estos cuerpos legales, el problema desaparecerá. Lo anterior no es suficiente si no se emprende el camino de la materialización que permita la verdadera aplicación de dichas leyes con eficacia, sustentando lo anterior en un real y efectivo sistema que albergue los principios de probidad y métodos que mitiguen este mal.

Conmemorar días como este, es exigir transparencia, apoyar la labor de los funcionarios íntegros y generar acciones que fortalezcan a las instituciones, acciones que no deben ser sólo ideales abstractos, sino pasos concretos que debemos tomar como ciudadanos.

La corrupción no es invencible, pues existen países que han logrado reducirla significativamente y nos muestran que el cambio es posible cuando la ciudadanía se organiza, se informa y exige rendición de cuentas.

En conclusión, este pasado 9 de diciembre, en lugar de seguit analizando qué hacen los corruptos por perpetuar el sistema, debemos preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros para enfrentarlos.

La corrupción no se combate con resignación, ni sólo con discursos alusivos a la conmemoración de un día, sino con acciones que tengan propósito y metas definidas.

Se están dando pasos, pero aún falta mucho por hacer, por lo que debemos seguir trabajando y no perder el rumbo, asumiendo ese rol como verdaderos agentes de cambio.