El Ministro de Finanzas actual informó que pronto enviará al Ejecutivo el listado de aspirantes al Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. Se trata de un cuerpo colegiado que le tocará interactuar con la continuación inminente de Marco Livio Díaz, quien incluso se ha apresurado a nombrar a una cohorte de nuevos intendentes muy afines a él y al entorno académico manejado por su persona: programas de Maestría de la Universidad Da Vinci, primeramente, y luego de la Universidad Internaciones.

A Diaz le ha tocado trabajar con una porosa Ley del Impuesto sobre la Renta, y un Código Tributario débil, acompañado todo ello de un Código Mercantil, un Registro Mercantil y un Registro General de Adquisiciones del Estado, que son unas verdaderas maquinarias tramitológicas, abrumadas por la cantidad de proveedores interesados en ya sea formalizar sociedades anónimas, o bien concursar en adquisiciones públicas.

Esto último se incrementa geométricamente porque, del lado de las adquisiciones, una serie de beneficiarios finales, pertenecientes a las élites económicas y a la clase política establecen enjambres de empresas para los fines siguientes: i) copar el llamado de alguna unidad ejecutora con empresas afines todas ellas, tema este que debiera tener consecuencias penales y acusaciones de denuncias si las juntas licitadoras sospechan de colusión; ii) evitar hasta lo más posible pagos de Impuesto sobre la Renta y de Impuesto al Valor Agregado; iii) agenciarse de créditos fiscales fraudulentos.

Resulta evidente que las tímidas reformas tributarias implementadas en el período de Otto Pérez Molina, y que recogían los avances en diseño y discusión del período anterior de Álvaro Colom, y de las discusiones del Pacto Fiscal, simplemente han quedado rebasadas al acecho del Pacto de Corruptos, término este acuñado por Telma Aldana. Recordemos que esas tímidas reformas incluso fueron cercenadas por la Corte de Constitucionalidad de su tiempo.

A mi juicio el más significativo y contundente Superintendente de Administración Tributaria que ha reinado en SAT es Juan Francisco Solórzano Foppa, quien venía actuando al tenor de los cambios observados en la FECI de Juan Francisco Sandoval y el Ministerio Público de Telma Aldana.

Foppa incluso reveló las maquinaciones evidentes del grupillo de cardamomeros y cafetaleros en su tránsito -con la ayuda de oficinas contables- de falsificar facturas y agenciarse fraudulentamente de créditos fiscales. De tal época datan verdaderos peces gordos: el abogado Estrada Cabrera acusado del burdo uso de facturas falsas más grande de la historia, las acusaciones a familias de postín asociadas a bancos de gran calado, y el caso los grandes supermercados y la defraudación en el negocio de la carne, entre otros. Esto último involucró nada más y nada menos que a Walmart. Eran otros tiempos definitivamente.

Además reveló la forma ruda y nada refinada del financista de apellido Leal, aliado de Sandra Torres en esos momentos, para tomar ventaja del lobby alrededor de la presa que se tenía en ese entonces sobre los pedidos de devolución del crédito fiscal, cobrando burdas mordidas por sus conexiones con burócratas de SAT, que gracias al MP de Consuelo Porras han ido limpiando sus acusaciones, y con la fortuna amasada. Recordemos que eran los tiempos de La Línea I y la Línea II.

Foppa fue destituído en enero de 2018 con el argumento de que no alcanzó la meta de recaudación para el 2017. No olvidemos que el Ministro responsable de su sustitución es el hoy comandante de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Julio Héctor Estrada, Ministro de Jimmy Morales.

En aquél tiempo, Estrada justificó su destitución  porque el artículo 27 de la Ley Orgánica de la SAT dice que el Superintendente puede ser removido por incumplir convenio de metas de recaudación tributaria. En su lugar, asumió Abel Cruz que de nuevo entra con nuevas posibilidades de optar al Directorio de SAT, porque es miembro integrante de la nómina que se enviará al Presidente Arévalo para ser parte del Directorio.

Los superintendentes de hoy hábilmente se recetan metas bajas de recaudación, que se superan con creces, año con año, mientras que los diputados del Congreso poco parecieran entender de las predicciones macroeconómicas. Ello es algo sobre lo que abundaremos en otro momento.

Se trata de una nómina de aspirantes que debiera depurarse, junto al nombramiento de los integrantes del Tribunal Tributario y Aduanero que habrán de nombrarse; y a los que la opinión pública y los centros de pensamiento le ponen poca importancia, talvez porque están agotados en el tema de las comisiones de postulación del Sector Justicia, y porque el tema SAT pasa más desapercibido, pero bajo el estricto escrutinio de las oligarquías y de la clase política que domina las adquisiciones del Estado. A ellos les gusta gente afín, o al menos gente tibia.

Y todo esto amerita una discusión a fondo porque el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que tiene una larga data de estudio sobre el tema tributario, hablando del sonado caso actual B-410, plantea en un comunicado de prensa que la legislación fiscal y mercantil permite, dócilmente, crear estructuras artificiales basadas en empresas ficticias, sin sustento y substancia económica, con el fin de aparentar redes de compraventa de bienes y servicios, para reducir o anular pagos al ISR y al IVA.

ICEFI habla claramente de la opaca presencia de mecanismos de simulación tributaria que utilizan los grupos empresariales defraudadores y de la falta de sanciones claras. Ello va claramente ligado con la creación de empresas ficticias o de cartón, tan permisivas dentro del ordenamiento mercantil guatemalteco. Se trata de sacrificios fiscales mayores a los Q20,000 millones al año.

Ello resulta ser un alertivo, para advertirle al Ministro de Finanzas Públicas actual que dentro del listado de envío depurado de concursantes al Directorio de SAT y al desconocidísimo y oneroso en su mantenimiento Tribunal Tributario y Aduanero, sí que no debieran estar personajes -principalmente abogados, contadores y algunos economistas bien conocidos- que se encuentren coludidos con estas redes de permisividad y grandes negocios a costa del fisco.