En contra del espíritu y la letra muerta de la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), una funcionaria de rango menor, de tercera categoría, tiene “de la nariz” al Presidente.   El apropiadamente señalado por el pueblo como “pacto de corruptos” (pdc), con la ilegítima pero decidida cooperación de un Organismo Judicial cooptado hasta el tuétano y a través de una Fiscal General a quien la cleptocracia ha encumbrado hasta considerarla dizque “plenipotenciaria”, están violando la voluntad popular expresada en las urnas, al procurar, con recursos y potestades del Estado, que el Organismo Ejecutivo sea incapaz de desarrollar la agenda de gobierno para la que fue electo. Mediante el hostigamiento permantente de sus operadores y simpatizantes, además de la castración de facto de su bancada legislativa en el Congreso, la Comosiama y sus insolentes corifeos y adláteres, mantienen en marcha un proceso que empezó con el intento de impedir que el Presidente electo en 2023 asumiera el poder en enero.  Y que ha continuado con una campaña destinada a impedir que pueda operar normalmente,  a que su popularidad se erosione y a que se creen las condiciones para defenestrarlo a través de las Cortes; o si las condiciones se presentan, con acciones de fuerza.  Frente a esa clara crisis constitucional se han adoptado dos interpretaciones “jurídicas”: una “natural” y otra alambicada e interesada.

            La interpretación “natural” de esta crisis y su resolución, parte de la simple lectura del artículo 251 de la CPRG, que dice que el Presidente de la República tiene facultad constitucional para despedir al Fiscal General por “causa justificada”.  Esta interpretación, además, se apoya en que el artículo 44 de la CPRG indica taxativamente que ninguna ley ordinaria, ni la Korte de Konstitucionalidad  (la KK), pueden disminuir, restringir o tergiversar tal facultad y que conforme al artículo 5 de la misma CPRG, el Presidente no está obligado a acatar órdenes ilegales.

            Pero hay otra interpretación, muy chapina, muy alambicada; la que favorece a aquellos interesados en que siga sojuzgándonos la cleptocracia que nos ha gobernado el 90% del tiempo, desde nuestra Independencia.  Es una interpretación que favorece directamente a las mafias que viven de ordeñar la teta del Estado, pero que además, goza del titubeante apoyo de “la mayoría de la minoría”; la que tristemente está dispuesta a tolerar a la cleptocracia porque “serán muy ladrones, vos, pero son anticomunistas; mientras que los del gobierno, mano, son muy ‘chairos’”.  Porque en el fondo, muchos de nuestros “patricios”, con una visión simplona y maniquea, no quieren que esta sociedad pacata y tercermundista abandone sus características semi-feudales, esas que se derivan de mantener en el poder a un régimen fundamentalmente extractivista y excluyente, como dirían Acemoglu y Robinson, los nuevos laureados con el Nóbel de Economía.  Por eso, muchos de nuestros ciudadanos acomodados se suman al coro de los que proclaman que el gobierno de Bernardo Arévalo no hace nada, que es inútil, que  “es el peor de nuestra Historia”. Esta interpretación de la crisis, tiene esa vertiente “golpista”, pero además, paradójicamente y aunque usted no lo crea, también, una ¡“gobiernista”!  Veamos.

            En la alambicada versión de los golpistas, si el Presidente destituye a la Fiscal, “habrá violado la Constitución”.  Esto porque en el año 2016, el Congreso de la República, tratando de “blindar” a doña Thelma Aldana en la posición que hoy ostenta la Comosiama, emitió el Decreto Número 18-2016, mediante el cual introdujo “reformas” a la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), especificando en su artículo 6  que la “causa justificada” a la que alude el artículo 251 de la CPRG, debería interpretarse como “la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada”.  La idea siendo que para obtener “sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada” se necesita que la Fiscal se investigue y se acuse a sí misma y que el proceso, en el mejor de los casos, tomará más tiempo que el período para el que fue nombrada. Esto, obviamente, disminuye, restringe y tergiversa la facultad constitucional del Presidente de despedir al Fiscal.  De manera que ese cercenamiento de las facultades presidenciales no puede hacerse, legalmente, sin seguir los procedimientos requeridos para modificar la Constitución. Por esta y muchas razones más, ese artículo 6 del Decreto 18-2016, fue y sigue siendo, conforme a lo que señala taxativamente el artículo 44 de la CPRG, NULO IPSO JURE (es decir, nulo desde su promulgación; inválido de nacimiento, o sea que nunca nació a la vida jurídica).  La interpretación golpista, por supuesto, no reconoce esa nulidad, sino considera ese cercenamiento de la facultad constitucional del Presidente como válido y por lo tanto, asevera que en el caso de destituirla, el Presidente estaría dizque ¡violando la Constitución!  Por eso, los corifeos del pdc -como el Sapo Mientes Ruin, en uno de sus “videítos propagandísticos”- “retan” al Presidente a “atreverse”; pues según ellos, eso lo pondría en igual situación a la del mal recordado Jorge Serrano, que por -él sí- violar la CPRG, se hizo sujeto a la reprimenda de la entonces honorable CC y sobre cuya resolución, el Ejército -entonces con el apoyo masivo de todo el pueblo- defenestró en aquella ocasión histórica, a aquel mandatario fallidamente golpista…

            Y ahora viene la parte más incomprensible: de facto y a pesar de ellos cargar directamente con las más nefastas consecuencias, el Organismo Ejecutivo y específicamente el Presidente, parecieran estar de acuerdo con esta interpretación alambicada de la crisis constitucional. No en balde se ha dicho que “Guatemala es ese lugar en el que hay piedras que flotan, madera que se hunde y en donde ‘como no’ quiere decir ‘sí’”. Ya sea por prudencia (porque quizá consideró inviable hacer una acción drástica al inicio de su período, antes de afianzarse en el poder, sin precipitar un temprano, abierto e irreparable golpe de Estado violento); o porque sinceramente “compró” la equivocada interpretación jurídica alambicada; o porque algunos de sus apoyos están condicionados a que no se vuelva dizque “todopoderoso”; el hecho es que el Presidente no se ha sacado esa espina del talón del pie.  Pero Guatemala necesita que su Presidente no sólo pueda caminar, sino hasta correr, en pos de una auténtica República Democrática.  Por lo tanto, debe sacarse la espina del pie.  Antes de que la erosión de su popularidad le siga restando valiosísimos apoyos sociales desencantados.  Ahora, sin perder más tiempo; antes de que las circunstancias que hoy pueden anticiparse con razonable certeza, cambien, hasta el punto de que crezca mucho la incertidumbre y con ello, los riesgos de fracasar. Antes -en suma- de que la situación internacional se complique aún más y que nuestro gobierno tenga que empezar a lidiar con las anunciadas deportaciones masivas.

A diferencia de las cuatro pasadas administraciones, hoy Guatemala cuenta con un Presidente inteligente, culto, honrado y genuinamente preocupado por la suerte de los menos afortunados de nuestra sociedad; de veras -para variar- democrático. Sólo que ese inusual Presidente guatemalteco se encuentra maniatado.  Algunos de sus consejeros quizá le digan que la pasividad actual es el curso de acción más prudente, más conveniente, uno que les “asegura” terminar su período “sin mayores tropiezos”. Que aunque de manera deslucida, “algo” se habrá avanzado, después de otros tres años grises, en “medio transformar” a la sociedad. Quizá piensen que las prevenciones acerca de los designios de los golpistas son exageradas,  incluyendo a aquellas que hacen referencia a los cambios de gobierno en el Norte que tan envalentonados tienen a muchos de los golpistas. Habría que recordarles que todo gobernante derrocado “se sentía muy seguro” hasta el momento en que una delegación de hombres armados lo encañonó y lo condujo al aeropuerto… o a la prisión.  Y la Historia no será generosa si eso sucede. No dirán: “hizo lo que pudo, pero no lo dejaron”.  Dirán: “Permitió que no lo dejaran…”

            Me considero amigo del Presidente Bernardo Arévalo.  Pero no de los que sólo le dirán lo que creen que quiere escuchar.  Soy de esos amigos que comparten sus verdades incómodas. Veo en Guatemala el anómalo surgimiento de un poder autónomo, sedicioso, creciendo como un tumor en las entrañas mismas del Estado.  Pagado con los cheques que firma el Ministro de Finanzas ¡del propio Presidente Arévalo! Hay que extirpar ese cáncer antes de que crezca más y haga metástasis.  Por eso, recomiendo al amigo y lo digo, también, de ciudadano a Presidente: actúe contundentemente, señor Presidente, cuanto antes, mejor.  Porque si lo hace, contará con el decidido apoyo de lo mejor de nuestra sociedad y el 70% del pueblo le aplaudirá. Si nó, vivirá en carne propia lo que significa aquel refrán que dice que “camarón que se duerme, se lo lleva el río”.  O aquél otro que reza: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”. Creo que Guatemala “tuvo mucha leche” cuando eligió al actual Presidente; cuando un astuto electorado nos abrió esta inesperada oportunidad de cambiar el hasta ahora desafortunado rumbo del país.  Pero durante este ya casi terminado primer año,  como Nación, vimos derramarse mucho de “esa leche”.  Hay que evitar que eso siga sucediendo;  no hay que olvidarse de que “a golpe dado, no hay quite” y de que una vez ocurra una tragedia, “nadie podrá recoger la leche derramada”…