El pasado 6 de junio del año en curso, la Sala Quinta de Apelaciones declaró con lugar la solicitud de antejuicio y retiró la inmunidad al alcalde de la ciudad de Quetzaltenango, Juan Fernando López Fuentes, por el delito de ecocidio. Ahora podrá ser investigado por la tala de más de 60 árboles en el parque Benito Juárez, una muy buena noticia para los quetzaltecos y ciudadanos que hemos notado la falta de juicio en realizar esa acción que atenta gravemente a nuestro medioambiente.

Es gratificante leer las noticias sobre los avances en la rendición de cuentas relacionada con el cuidado y la preservación del medio ambiente. El retiro de la inmunidad al alcalde de Quetzaltenango ejemplifica las malas acciones cometidas durante su gestión municipal. Al igual que él, muchos otros funcionarios deben responder por las malas prácticas que se han normalizado en diferentes puntos del país. No se debe permitir la contaminación excesiva en las calles, la existencia de basureros clandestinos o las jaurías de perros que contaminan y ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

Los estragos del daño ambiental acumulado a lo largo de los años no tardarán en manifestarse con mayor severidad. La falta de lluvias y el aumento de calor que hemos experimentado en los últimos meses son solo un indicio de lo que está por venir. Ignorar este problema social tendrá consecuencias nefastas para todos, aunque los grupos más vulnerables, debido a la desigualdad existente en el país, sufrirán un impacto desproporcionadamente mayor. El marco jurídico e institucional vigente parece ser ineficaz para controlar a los funcionarios públicos, quienes promueven pocas o nulas acciones para cambiar la realidad en la que vivimos y, en cambio, favorecen intereses particulares en detrimento del bien común.

La Ley de Protección y Mejoramiento en su artículo 1, establece: El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y aprovechamiento de la fauna, la flora, el suelo, subsuelo y el agua, deberán realizarse racionalmente.

La ciudadanía, al igual que el Estado, también tiene una cuota de responsabilidad en la falta de compromiso con la protección y conservación del agua, la tierra, la flora y la fauna. Esta situación pone sobre la palestra la importancia de la educación. Por esta y otras razones, las élites se han encargado de estar en el poder y de esa manera evitar que los sectores más vulnerables puedan desarrollar un pensamiento crítico.

Por último, y no menos importante, es necesario mencionar la falta de compromiso de nuestras autoridades, tanto actuales como pasadas, con el cuidado del medio ambiente. La no ratificación del Acuerdo de Escazú es un claro ejemplo de esta falta de conciencia y de la poca voluntad de ofrecer un mejor país a las futuras generaciones. Este acuerdo, que aún no ha sido ratificado en Guatemala, limita considerablemente las posibilidades de alcanzar una verdadera democracia ambiental en el país. La lucha por un futuro mejor debe persistir, y no podemos permitir que, como en el pasado, el sector privado organizado tenga la última palabra en todo.

La oposición del CACIF y otras organizaciones empresariales a la ratificación del Acuerdo de Escazú evidencia su falta de transparencia y su renuencia a implementar medidas que realmente contribuyan al Estado de Derecho que anhelamos. Es fundamental no tergiversar el verdadero sentido del Acuerdo de Escazú, ya que este sí tiene la capacidad de generar las condiciones legales necesarias para abordar la problemática ambiental actual, bajo un marco de acceso a la información pública y protección a la ciudadanía que defiende el medio ambiente.