El Ministerio Público nació como producto de la reforma constitucional de 1993. El nivel de improvisación en Guatemala fue visible, porque en 1992 se aprobó la ley que dio vida al modelo acusatorio en el proceso penal de Guatemala (1), pero no existía el Ministerio Público con las funciones de persecución penal y no fue sino hasta 1994 (2) cuando se aprobó el decreto de su funcionamiento.

Traigo la historia a colación porque pese a ese inicio desordenado, ese órgano administrativo poco a poco encontró su camino y con el esfuerzo de valiosos fiscales generales como Amílcar Velásquez Zárate, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana fue construyendo la capacidad técnica necesaria para cumplir con su función.

Con el acompañamiento de la CICIG se logró un gran reforzamiento de las capacidades, como la creación de protocolos para el programa de protección de testigos; la dirección de análisis criminal; el funcionamiento de la unidad de métodos especiales de investigación; El uso de valiosas técnicas para las pesquisas de hechos de criminalidad organizada y redes políticas-económicas ilícitas, etc.

Pero el repliegue de los avances fue de carácter multifactorial. En esa multiplicidad de causas, indudablemente Consuelo Porras tiene la responsabilidad mayor.

Los medios de comunicación han proyectado las situaciones producidas por un lastre administrativo y de política de persecución penal que ha deshecho por completo el sentido de existencia del MP.

No existe ya la carrera fiscal, uno de los grandes avances que propició la reforma del 2016.

Contrario al sentido constitucional y a los más elementales preceptos de las relaciones laborales y de la carrera profesional, Consuelo Porras ha actuado caprichosamente para expulsar de la institución a actores incómodos, como ocurrió la semana anterior cuando destituyó a más de 50 fiscales de carrera por no apoyar un mensaje público de respaldo a la desastrosa gestión de Porras.

El deterioro de la institución no se visualiza sólo en la paupérrima calidad de las investigaciones que son presentadas ante los tribunales de justicia.

Basta con hacer la revisión de las redes sociales de fiscales como Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, en donde sin ningún reparo publican cuestiones que no solo demuestran su respaldo a acciones antidemocráticas sino reflejan un sesgo indeseable en un fiscal.

Van más allá, porque constituyen una constante amenaza a eventuales sujetos de investigación y a partes dentro del proceso, por lo que resulta inadmisible que continúen ejerciendo sus cargos, ante tan aberrantes violaciones a principios mínimos de actuación de servidores públicos y que constituyen faltas administrativas en el ejercicio de sus cargos.

Al inicio de su gestión como fiscal, Consuelo Porras aprobó un código de ética, que en realidad tenía la intención de acallarme en caso yo realizara una crítica pública a su borrascosa gestión.

Dicho código se encuentra vigente, pero ni soñemos con que se va a aplicar a sus fiscales consentidos, porque en todo caso el decadente Ministerio Público ahora interviene en asuntos de política exterior del gobierno, juega a gobernar con publicitadas reuniones con alcaldes, participa en reuniones de política laboral con el sector privado.

Nada que ver con sus funciones, y como lo dice el nuevo slogan comunicacional “fuerte y firme”, así están pero socavando la democracia, en completa decadencia que desdice la razón de ser de un ente crucial para la justicia.

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 1 Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal.

 2 Decreto 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, que ha sufrido reformas, las más importantes en 2016, mediante el Decreto 18-2016.

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