Durante la noche del 26/11 y madrugada del 27/11, el Congreso aprobó una seguidilla de decretos, los cuales han generado innumerables cuestionamientos que sumergen al país en otro capítulo de tribulaciones.

El punto de inicio fue la iniciativa impulsada por el oficialismo: reformar el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, con la intención de evitar la cancelación del partido; con lo cual tendrían mayor cancha de actuación en el Legislativo. Esta reforma implica desafiar y ganarle la partida a la escalada de atropellos experimentada por esa agrupación política desde 2022, es una muestra que se pueden frenar los excesos del MP y Cía.

Ahora bien, la política siempre encarna negociaciones o transacciones. El “punto”, en este caso, es el costo para el país que representa la transacción impulsada: lograr el juego pleno del partido (salvataje) vrs. poner a disposición importantes flujos de recursos públicos. Lo cuestionable es el modelo utilizado. Cuando este no se diseña adecuadamente y tampoco se cuentan con estrategias o directrices son buena dosis de astucia, corre el riesgo de dar resultados asimétricos: el principal beneficio no lo sacan los actores impulsores, sino los “necesarios”, a quienes se busca porque de ellos depende lo primero.

El martes 19/11 se experimentó un primer capítulo del modelo vigente:  Se aprobó la Ley de Competencia (cuya implementación será lenta) y la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario (Ley Ganadera). La transacción beneficia a los sectores “emergentes”, en tanto los tradicionales deberán esperar. Refuerza a la fracción narco-ganadera y quienes los representan en el Congreso.

En el segundo capítulo, el paquete se integró así: la primera iniciativa aprobada fue la reforma de la Ley contra la Delincuencia Organizada (principal objetivo de la agenda), después las reformas de la Ley PNC (objetivo de N. Ramos y otros) y después el presupuesto nacional 2025 (para lubricar el sistema y cerrar la transacción). En stricto sensu, el coste de transacción lo pagaran los contribuyentes, durante el próximo año y muchos más, debido al aumento de la deuda pública.

Nuevamente se utiliza el clásico mecanismo que provoca corrupción: diputados distritales- alcaldes- consejos de desarrollo, y, además, permitiendo, además, reprogramación de saldos. Sin candados presupuestarios, es previsible el significativo aumento de la corrupción. La disponibilidad de recursos para los CODEDES es el factor que aceitó la voluntad de, al menos 127 diputados; no la gestión estratégica de la bancada oficial.

El costo pagado por el partido oficial para volver a contar con las calidades políticas como partido, puede ser muy alto para los guatemaltecos, si los recursos asignados siguen alimentando la corrupción. Por el contrario, puede ser la oportunidad que esperaba BA para dejar huella de su administración, recuperar el apoyo ciudadano y la confianza. En el extremo opuesto, puede ser la lápida definitiva si no es funcional.

El modelo de la política transaccional vigente aumenta el riesgo de orientar los recursos públicos en favor de los actores “emergentes” dispuestos a incrementar su poder, su influencia y capacidad de conducción; minando aún más, los espacios de los actores lícitos y comprometidos con el desarrollo.