En agosto de 2024, Guatemala fue una vez más sorprendida con la revelación de otro caso que atenta contra el erario público.

El caso fue denominado: B 410.

Este está constituido por una de las redes de defraudación fiscal más grandes en la historia del país, dejando corto, por mucho, al caso La Línea.

Dicho caso involucra a 410 empresas y muchas personas individuales. Pero lo que inicialmente parecía sólo un esquema de evasión de impuestos, hoy, revela una red mucho más compleja que no sólo implica dicha evasión fiscal, sino también corrupción estatal que incluye contratos irregulares con instituciones públicas, que hoy alcanzan y azotan hasta el Hospital San Juan de Dios y muy posiblemente, a otros hospitales públicos.

Es decir, nos encontramos frente un caso de fraude fiscal y corrupción en el sector salud, en donde duele al corazón de este país e impacta muchísimo más, ese deleznable saqueo.

El caso involucra a empresas que, además de defraudar al fisco por más de Q300 millones, también se beneficiaron de contratos públicos adjudicados de manera irregular.

Entre ellas, destaca Grupo Propela, S.A. una empresa sin dirección física ni empleados, que recibió más de Q12 millones en contratos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para obras y adquisiciones en dicho Hospital San Juan de Dios.

Lo alarmante es que muchas de estas adquisiciones, que incluían desde tuberías hasta artículos y elementos para campañas de salud, se realizaron fraccionando los contratos para evitar la licitación pública.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) descubrió que varias de estas empresas no tenían capacidad real para ejecutar los contratos, y en algunos casos, ni siquiera existían físicamente.

Por ejemplo, las direcciones de estas compañías en la colonia Banvi, zona 7, resultaron ser falsas. Esta situación, como bien se mencionó con anterioridad, no sólo representa un grave caso de evasión fiscal al país, sino también un claro ejemplo de fraude y corrupción, al desviar fondos públicos a empresas fantasma.

El problema es de grandes dimensiones, mucho más que el de otros casos que se conocen.

Sin embargo, lo verdaderamente preocupante y hasta alarmante, es que pareciera que este hecho no importa a nadie, pues se sabe, se lee y se escucha por diversos medios de comunicación, pero a la población, casos de esta naturaleza, ya no le afecta.

Quizá la corrupción ha llegado a niveles estrambóticos que ha generado un blindaje en la ciudadanía.

Esto es preocupante, pues en la medida que se haga oídos sordos a esta infame corrupción, no habrá  consecuencias ni soluciones.

La presión de los ciudadanos es fundamental para que las cosas cambien, pero pareciera no afectar esto a nadie.

Mucho me temo que hemos llegado al punto de darle la razón a esos nefastos que dijeron que la corrupción era un fenómeno normal y en lugar de seguir luchando contra ella, se está llegando al punto de acostumbrarse y ser inmunes a la misma, desensibilizándose los corazones de las personas, por hechos como este, cuando todo esto llora sangre. ¡O al menos, debiera de!

Rechazar estos actos debiera ser una obligación, además de no aceptar o consumir cuanto servicio, producto o negocio sea producto de las garras de la corrupción, como muestra de rechazo a este podrido sistema, que corrompe los principios y el trabajo digno y honrado de otros.

Pero lo que más duele para el caso de la salud pública, es la falta de opciones que tiene la población para poder rechazar este servicio deficiente de salud, cuando es lo único que tiene a su alcance.

Recibir noticias de estas magnitudes son el pan diario de los guatemaltecos y es muy posible que se haya llegado al punto, de omitir e ignorar la información que provoca este flagelo, el cual lacera de tal manera la consciencia de la población, provocando su desinterés, para ni siquiera enojarles o mínimo hacer parte de sus conversaciones, temas como este. ¡A ese punto hemos llegado!

Finalmente la corrupción da de comer y a muchos sirve, lo que provoca de una u otra forma una rabia y desmoralización (y me incluyo) dándonos esa sensación de impotencia, mezclada con cansancio de saber que por más que se hagan diversos intentos por provocar el involucramiento de los ciudadanos para buscar formas de evitar el fenómeno de la corrupción, pareciera perderse la batalla.

Sin embargo, no puedo darme el lujo de perder la oportunidad en este momento de llamar su atención estimado lector y haciendo uso de este espacio le pido por favor, no olvidar este caso y ser parte de esa sociedad que demande acciones firmes y contundentes que busquen justicia y resarzan este daño. Haga consciencia en usted y su entorno, para no dejar que este, como muchos otros casos de corrupción, pasen inadvertidos, sin consecuencias y sólo formen parte de una estadística grandes de desfalcos, que literalmente cuestan vidas.

El caso B 410 es más que un fraude económico; es el vivo reflejo del descaro, de la falta de prevención y moral en esas personas que ejecutan estos actos, los cuales impactan directamente en la vida de todos los guatemaltecos.

Piense usted hoy en cuántas camas, cuántos insumos, cuántos medicamentos pudieron haber sido comprados para el Hospital San Juan de Dios.

Cuántas vidas se salvarían de evitarse esto y gozar de una salud pública buena y digna.

Le invito a irlo a vistar y verá esas denigrantes condiciones en las que usted podría estar, si no tuviera la dicha y fortuna de estar del otro lado de esta historia.

Por favor tomemos consciencia, que es un momento crítico para el sistema de salud, en donde la infraestructura y los recursos son insuficientes para atender las necesidades de la población.

Urge mejorar y tecnificar los sistemas de compras en los hospitales públicos para evitar que los fondos de éstos sigan siendo desviados a personas sin escrúpulos ni moral que se esconden bajo empresas de cartón, cual ratas que de esto último se alimentan.

Repito, tengamos noción que este tipo de corrupción no sólo perjudica la economía del país, sino también destruye el corazón de la ciudadanía, puesto que tiene grandes consecuencias y muy directas en el acceso a la salud de las personas, cuya dignidad pareciera no importarle a nadie.

Por tanto, exijamos una investigación exhaustiva y que las pruebas que se rindan también sean lo suficientemente bien planteadas para evitar que  casos como estos no prosperen y se caigan por su deficiencias  legales.

Guatemala podrá avanzar hacia un sistema más justo y transparente, cuendo realmente nos importe!

¡Ojalá, así sea!