La actual fiscal general no ceja en su empeño por generar la percepción que su poder es descomunal, basado en una mezcla de enorme dosis de autoritarismo, culto a la personalidad por quienes se embelesan y glorifican a cambio de privilegios y canonjías que no podrían obtener por la ruta de la capacidad, una estela de miedo y persecución contra quienes van en la ruta contraria, o al menos diferente a la que ahora proclama su reino de impunidad revestido de legalidad; sumado al primitivo recurso güizachesco que nadie comprende.

En el MP se ha erigido un castillo donde la impunidad en todas sus formas tiene una cancha ilimitada, cuyos límites se acomodan al escenario predominante: quien quiera aprovechar ese recurso, está a su disposición a cambio de una serie de mecanismos de transacción. De allí que resulta obvio que las últimas dos administraciones aprovecharon, sin escrúpulo alguno, este modelo y lo potenciaron hasta convertirlo en esencial para la toma del poder de todo el sistema de justicia. Por ello, la remoción de la FG representa para la totalidad de actores involucrados y beneficiados en un desafío colectivo. “Si la tocan a ella, nos tocan a todos”.

Lejos de la corriente mediática predominante que ubica el pulso ejecutivo vrs. MP como algo personal, de lo que en realidad se trata es la lucha entre dos modelos de poder claramente diferentes. Por un lado, una serie de piezas que representan al régimen que ha imperado por décadas, interesado en continuar en esa ruta, fortaleciéndose a lo largo, en la medida que arrasa (controla, compra o elimina) todo lo que encuentra en el camino, y, por otro lado, un gobierno dispuesto a echar por la borda, o al menos poner en riesgo la cruzada de la continuidad.  Es una lucha dispar. Por lo general, el régimen ha salido airoso de este tipo de circunstancias. Los intentos de cambiar el curso han quedado solo en ello. Su capacidad de dominio es fuerte porque la sociedad no se involucra ni se interesa.

El planteamiento del Ejecutivo al presentar la iniciativa de reforma a la ley orgánica del MP fue correcto en lo formal, pero actuó tarde y sin estrategia política. Los supuestos de partida fueron equivocados. Dio por hecho lo que se debía construir con cuidado y anticipación. Aunque no gusten y les resulte incómodo, el ejercicio de poder amerita poner en marcha un menú de posibilidades que no son buenas o malas, simplemente son necesarias. Ahora, al no aprovecharse el momentum, el escenario se desequilibra y las posibilidades de la remoción son remotas.  

Un primer paso en lo sucesivo es eliminar del imaginario que la partida solo es de dos personas. Otro imperativo es amplificar la imagen que la conducción del MP es un obstáculo para toda acción orientada al desarrollo, y que, por tanto, la actual gestión es nociva para muchos más actores que solamente al gobierno actual. Actuar solo con base en la noción de los buenos contra los malos es simplista y no político. Corresponde negociar con mayor seriedad y astucia, a sabiendas que lo que está en juego no solo es el cambio de dirección de esa institución, sino la posibilidad de corregir el rumbo del sistema de justicia en su totalidad; comenzando por afectar la próxima elección de cortes, la sucesión de la FG e incluso, la composición de las boletas electorales de 2027.