En el escenario político, el cambio de gobierno a menudo es visto como una oportunidad renovada para la esperanza y la transformación. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera surge como la opción más alejada del “sistema”, incrementando aún más las expectativas y esperanzas de que por fin se dé un cambio real.  Sin embargo, cuando un nuevo líder asume el poder en un contexto donde la corrupción está profundamente arraigada, la tarea se convierte en un desafío monumental, y su gestión será minada por los defensores del propio sistema que tienen capturado al Estado, pues cuentan con una maquinaria profundamente enraizada no solo en la cosa pública sino en la sociedad como tal. La labor del esperado gobierno del “cambio” se entretiene en la lucha en contra del sistema imperante de corrupción, que no se limita a una cuestión de políticas o reforma sino que se convierte en una batalla por la integridad, la transparencia y, en última instancia, por la confianza del pueblo. Sucumbir en esta lucha sería sellar la ruta de la continuidad del corrupto sistema que ha imperado por décadas y el cual, con el desfile de impresentables que nos han gobernado durante nuestro corto periodo democrático, ha logrado la cooptación total de los pilares fundamentales del Estado.

La corrupción, en sus múltiples formas, actúa como un virus que se infiltra en todas las capas de la administración pública. Desde sobornos y malversación de fondos hasta el nepotismo y la falta de rendición de cuentas, las redes corruptas se alimentan de la impunidad y la desconfianza. Cuando un nuevo gobierno intenta implementar cambios significativos, se encuentra frecuentemente con un muro de resistencia que no solo proviene de los actores corruptos sino de una cultura política que ha normalizado las prácticas deshonestas. A estos se suma una sociedad poco activa, tolerante e indiferente y, en muchos casos, cómplice de un sistema político-social-económico acostumbrado a la anarquía, la corrupción y la impunidad.

En Guatemala, el gobierno actual se encuentra atrapado en un sistema que no le permite operar con la libertad y la eficacia necesarias para generar los resultados esperados y prometidos. Las necesarias reformas, por más bien intencionadas que sean, se encuentran con la oposición de aquellos que se benefician del statu quo. Estos actores –que se mantienen vivos por haber secuestrado buena parte del Estado y ocupan posiciones de poder en la burocracia, los partidos políticos, y en el crucial ámbito judicial–, se convierten en obstáculos casi insuperables para el gobierno del presidente Arévalo.

La frustración surge rápidamente. El nuevo gobierno se encuentra atado de manos cuando las medidas necesarias para erradicar la corrupción y la impunidad son saboteadas desde adentro. Las denuncias de corrupción son minimizadas o desestimadas, y los intentos de enjuiciar a los culpables del pasado que hoy cobra su factura son frenados por un Sistema Judicial contaminado. En este contexto, los líderes emergentes deben navegar por un campo minado de lealtades políticas y alianzas corruptas, mientras intentan mantener la credibilidad ante la ciudadanía que les otorgó su confianza y que poco a poco les empieza injustamente a responsabilizar por la condición del país.

La respuesta a este dilema no es simple. Implementar una estrategia de transparencia y rendición de cuentas es crucial, pero también lo es la construcción de una cultura cívica que rechace la corrupción en todas sus formas. La realidad es que los guatemaltecos nos hemos acostumbrado a vivir de la manera en la que lo hacemos, que lejos está de ser normal. Sin ningún tipo de esperanza nos hemos resignado a que el cambio es imposible y sobrevivimos con lo que un pequeño, pero poderoso grupo decide que debe ser la norma. La educación y la participación ciudadana juegan un papel fundamental en este proceso. Los ciudadanos debemos empoderarnos y exigir un cambio real, no solo a través de las urnas sino también mediante la vigilancia activa y el compromiso constante con la política.

Además, el apoyo internacional es un aliado importante en la lucha en contra de la corrupción. La presión de organismos multilaterales y la cooperación con gobiernos extranjeros ayudan a fortalecer las instituciones y generar un entorno donde la corrupción deje de ser tolerada. Por ahora, el gobierno actual cuenta con este apoyo; no obstante, por el momento, el gobierno ha respetado las formas en una lucha en la que sus contrincantes operan desde la ilegalidad y la impunidad, en la que el fin justifica los medios. Creo que llegó el tiempo de somatar la mesa que por años nos han somatado, si quieren lograrlo, el respeto por las formas pasa a un segundo plano pues para cortar de raíz la corrupción, deberán actuar de manera en la que el fin sea el único juez de los medios empleados.

La lucha contra el arraigado sistema de corrupción es, sin duda, una de las pruebas más difíciles que enfrenta el nuevo gobierno. Requiere valentía, determinación y una visión clara de cómo debe ser el futuro, pero también demanda un esfuerzo colectivo donde la sociedad civil juegue un papel activo en la defensa de la democracia y la justicia. Solo así, con un compromiso compartido y una resistencia constante, se podrá empezar a desmantelar las estructuras corruptas que han mantenido a los guatemaltecos en la oscuridad. La esperanza del cambio verdadero está en nuestras manos, y es responsabilidad de todos contribuir a su realización. Ya le demostramos al presidente Arévalo que estamos dispuestos a sumarnos a su lucha. Ahora, él y su gobierno tendrán que mantenernos inspirados y convencidos de que la lucha continúa y que lejos está de sucumbir.