La gobernabilidad democrática en Guatemala sigue siendo frágil bajo el presidente Bernardo Arévalo. No se rompe la tendencia del segundo semestre de 2023, y su epicentro continúa instalado en el campo judicial. A partir de allí distintas fuerzas conspiran contra la nueva administración; sin embargo, en las últimas semanas se ha ido decantando el perfil político de la criminalización.

Ante la ausencia de liderazgos en los partidos y el Congreso, la oposición se ha encarnado por inercia en la fiscal general Consuelo Porras. Sus encuentros con diputados opositores y alcaldes -incluso con el contralor general- fueron deliberadamente publicitados en todos los sitios oficiales del MP. Luego le fueron agregados dos ingredientes indispensables para configurar la intención política: el discurso y las aclamaciones tipo tarima por parte de supuestos seguidores -sus empleados.

Nunca un fiscal general había incursionado de esa forma en el cuadrilátero político, siendo que su mandato constitucional es auxiliar a la administración pública y los tribunales. Sin prurito, Consuelo Porras presentó su propio balance de la gestión de cien días del presidente Arévalo. Criticó la baja ejecución del presupuesto de inversión, señaló (erróneamente) su omisión de denuncias ante supuestos actos de corrupción y lo responsabilizó por el alza de los precios que han lastimado el poder adquisitivo en los hogares. Pretende arrebatar los símbolos de autoridad del presidente.

Como funcionaria que ejerce el mayor poder de coerción arbitraria del Estado en el periodo democrático que aún respira, ha querido decretar de facto el fin de la “luna de miel” entre el mandatario y la población. Es muy dudoso, empero, que sea capaz de capitalizar la normal erosión del gobierno. En los últimos tres años ha sido la figura pública más impopular, concitando el repudio y las más numerosas y prolongadas protestas desde el 2015. Su rostro es más que metáfora de impunidad y corrupción.

Con capacidades limitadas de plasticidad neuronal (está por cumplir 71 años), Consuelo Porras está siendo entrenada para el desempeño de un rol en el que carece de oficio y carisma. Pero es disciplinada y sus asesores están superando palmo a palmo al equipo del presidente Arévalo, al menos en aptitud operacional. El último movimiento en el que dejaron inerme al gobernante siguió esta secuencia: a) Expectativa de que en cadena nacional Arévalo anunciaría la destitución de la fiscal, b) Amparo previo ante la CC, c) El anuncio no fue la destitución sino la reforma de la ley del MP, d) La CC concedió el amparo provisional atando de pies y manos al mandatario, y e) El Congreso le hace el vacío al presidente y se va al receso sin siquiera integrar quórum para conocer la iniciativa de reforma (los diputados tienen sus propias razones pecuniarias para el malestar).

Paralelamente se ha montado desde el anonimato o a través de instancias de fachada una gran orquesta mediática con alta resonancia en las redes sociales, aunque con la narrativa confusa: el gobierno está naufragando por incapaz, pero a la vez encarna la más grande amenaza para los valores tradicionales concentrando una perversidad inimaginable.

Cuando se contrastan esos dos planos: uno, la fiscal ganándole las batallas al presidente, y, dos, la recia campaña mediática de desgaste (montada sobre difamaciones), el saldo es que han logrado resultados tácticos que sí agujeran al gobierno. La fiscal es una militante contumaz que abre la brecha a los conspiradores, aunque no llegará más allá. Cuando sea el momento, rindiéndole todos los honores, la despedirán.

Buscando horadar más instituciones del Estado, el Pacto Golpista volvió a tocar la puerta de los cuarteles, como lo había hecho sin éxito a finales de junio pasado al más alto nivel, tras el triunfo sorpresivo de Arévalo. Esta vez sus activistas acudieron a un coronel, descuidando las credenciales del elegido. Este coronel no es el Hugo Chávez de 1992, ni, para nuestra propia referencia histórica, Javier Arana, ni siquiera Castillo Armas. Su reputación es criminal.

Simultáneamente han venido operando una tercera columna de sabotaje mediante un carísimo lobby en los entornos de Trump. Su narrativa (“el gobierno de Arévalo es producto del fraude”) invita a la carcajada, pero puede calar si no hay contra-narrativa. Todas las operaciones del Pacto son “ultra”, con muchísimo dinero detrás y mayúsculas esferas judiciales y políticas cooptadas, pero sus liderazgos son débiles, las narrativas confusas e inverosímiles. Aun así, tácticamente el Pacto Golpista va a todo galope, esperando poner en jaque judicial a la vicepresidenta Herrera en los próximos días. Ahora, estratégicamente no tiene horizonte. Por eso, un resultado previsible de tanto activismo “ultra” es que en los próximos 18 meses solo provoque destrozos haciendo descender a Guatemala al caos.