La nueva administración del gobierno de EE. UU. marcará inflexiones de alta intensidad en la agenda global; una de ellas es la agenda migratoria, de especial incidencia para Centroamérica y Guatemala. Se espera la implementación de fuertes acciones, incluso en los primeros meses, que podrían poner en vilo a los países expulsores: deportaciones masivas, cambios en las leyes de inmigración, mayor securitización de las fronteras, aumento de las sanciones, son algunos de los escenarios previsibles.

Aunque en teoría, los gobiernos deberían ser los principales impulsores de las medidas para mitigar los impactos adversos de las medidas que implicará el arribo del nuevo mandatario, la realidad es lejana a dicho escenario. Se impone la precariedad y con ello se elevan los riesgos.  

Guatemala, en su condición de país de origen, tránsito y destino migratorio se podrá ver impactada de diversas formas. Progresivamente los flujos de migrantes se quedarían en el país, incluyendo a los contingentes de retornados y los migrantes en tránsito. La presión en procura de mejores condiciones de vida se centrará en las ciudades intermedias, las cuales no están preparadas para responder a las presiones que podrían derivarse en un sinfín de materias (servicios públicos, demanda de salud, educación, seguridad ciudadana, empleabilidad, generación de ingresos, entre otras).

A más de una década de colocado el concepto de ciudades intermedias, la implementación de las medidas previstas dista de lo esperado. En la reciente publicación del Índice de competitividad local 2024 (FUNDESA), es evidente que las ocho ciudades intermedias no cumplen los criterios básicos. Incluso entre 2023 y 2024 el índice disminuyó.

¿Algún actor público o privado estará pensando algo al respecto?  Guste o no, las medidas que podría implementar la administración Trump frenarán, en alguna proporción, la migración irregular, especialmente de jóvenes de áreas rurales. Pero evidentemente no estamos preparados para semejante cambio de ruta. Sin caer en alarmismos, las presiones sociales, demográficas, económicas e institucionales podrían verse notablemente afectadas en el corto plazo. Además, ¿qué se está pensando llegado el momento de una reducción gradual de las remesas? Iniciativas, como “Alianza por Centroamérica”, promovida por la vicepresidenta K. Harris, son medidas insuficientes.

Es urgente pensar y actuar estratégicamente para mitigar las repercusiones negativas que podrían ocasionar las decisiones de la nueva administración estadounidense. Esta agenda debería ser prioridad nacional, que implica medidas inmediatas y la integración de un ejercicio concertado que coloque el desafío en la escena pública.

En lugar de aumentos salariales, bonos a granel y compras injustificadas de vehículos aprovechando la bonanza del erario, ¿por qué no establecer, por ejemplo, un bolsón de recursos para enfrentar la diversidad de impactos adversos que se podrían venir encima en los próximos meses?

Ahora, más que nunca, las municipalidades y los cuestionados consejos de desarrollo tienen recursos que seguramente no ejecutarán de las mejores formas. Entonces, el dilema no es la existencia de recursos, sino su destino. La ecuación no es tan compleja como parece, basta con autoridad y mirada estratégica; pero ambos atributos están a la baja.