El Ejecutivo decidió finalmente jugar a la política real, ello implica una buena dosis de claridad de las implicaciones de esa decisión, necesaria para su sobrevivencia.  La ampliación presupuestaria ha sido considerada como indispensable para salir a flote. Esa iniciativa es equivalente al salvavidas, el instrumento financiero, pero también político que permitirá realizar o al menos avanzar los pilares que la actual administración sitúa como prioritarios.

Pero, al mismo tiempo, la ampliación presupuestaria recientemente aprobada en el Congreso, aunque considerada como el principal logro del oficialismo a la fecha, también trae consigo trampas o factores, que, si no se manejan adecuadamente, pueden girar y volverse piedras en el camino. Para comenzar los más de catorce mil millones de quetzales que ahora engrosan el presupuesto nacional son un instrumento generador de los incentivos concretos, que la coyuntura requiere para aceitar diversos engranajes, desde los acuerdos en el Legislativo (especialmente con los diputados distritales), hasta para mover las relaciones con actores claves como los contratistas de proyectos estatales; estos últimos sensibles y necesitados de reactivar le erogación de fondos públicos, ralentizados en los últimos meses.

La operación del pasado martes 13 probó que los diputados reaccionan positivamente si se tocan las teclas apropiadas. Esto no significa necesariamente algo negativo, eso depende de qué y con qué se negocia. La gran mayoría de diputados esperan los incentivos tradicionales, de lo contrario no juegan. Recordemos que esta legislatura tiene, básicamente, el mismo perfil de las anteriores, donde los jugadores esperan que se mantengan las reglas de siempre; no están dispuestos a nada que sea diferente. De allí que uno de los principales rubros sean los recursos destinados a los consejos de desarrollo, más otras asignaciones para los territorios.

La prueba de fuego será la capacidad del Ejecutivo de utilizar, con eficiencia y transparencia, los flujos de recursos aprobados. Eso de dice fácil, pero no lo es. La institucionalidad está desvencijada, con notables porosidades por dentro, con estructuras de corrupción que se regocijan por la oleada de recursos frescos, pero cuyos intereses van en líneas diferentes a las oficiales. Además, los diputados y sus redes de influencias llevarán a cabo todas las presiones del mundo (vía fiscalización, por ejemplo) en favor que se cumplan los ofrecimientos; todo bajo la mirada expectante de instituciones interesadas en que el castillo de naipes se derrumbe.

Se ha aprovechado el resquebrajamiento de las bancadas grandes (UNE, VAMOS, VIVA), más los protagonismos de algunos personajes (grises oscuros). Por tanto, el Ejecutivo y los diputados del oficialismo deben cuidar de no quedar como rehenes de estos círculos que son portadores del beso de Judas. La pelea entre dos personajes del mismo clan, más el operativo reciente en el Congreso son parte de los recientes sucesos que también generaron condiciones para la votación en favor de la ampliación. El martes se logró una alianza por conveniencia, pero como lo que ocurre en el Congreso, sumamente inestable. Cada iniciativa supone negociaciones diferentes, porque las coyunturas modifican las fuerzas y los intereses. El pulso toma ahora otras tonalidades, que también podrían modificar la elección de las Cortes.