En una de sus acostumbradas conferencias de prensa cargadas de advertencias hacia contribuyentes en la mira, el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT-, Marco Livio Diaz, la arremetió la semana pasada en contra de los denominados <<anfitriones>> del  sector Airbnb (plataforma de alquiler vacacional).

Diaz Reyes externó una clasificación de tales  contribuyentes: i) no afiliados a impuestos; ii) no han emitido factura por servicios; iii) pequeños contribuyentes que  superan el monto de facturación permitido; iv) sociedades anónimas con inconsistencias en facturación y v) no inscritos en FEL (facturación electrónica).

¿Qué impuestos se han evadido? Primero el del Valor Agregado -IVA-, que como bien sabemos es un 12 por ciento. Segundo, el 5 o 7 por ciento, dependiendo de los montos, de Impuesto sobre la Renta; y si alguien está inscrito en actividades lucrativas, pues tendrá que pagar el 25 por ciento sobre este monto de los arrendamientos, según sus propias declaraciones a los medios.

En la conferencia de prensa se hizo saber que SAT ha acudido a las facilidades que brinda el convenio firmado con la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) y que se solicitó información al país en donde reside la empresa que administra la aplicación Airbnb (Irlanda),  para que  le proporcione los datos de las ventas que se obtuvieron en el período 2021-2022 en Guatemala. Según la información vertida, se generaron unos 125 millones de dólares de ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles a través de tal aplicación.

Se trata  entonces de temas vinculados al  sacrosanto Impuesto sobre la Renta, entre otros, sobre el cual desde el 2012 no se ha vuelto a mencionar nada, luego de que la celestial Corte de Constitucionalidad mutilara una propuesta confeccionada en tiempos de la UNE,  y que fue retomada por el Partido Patriota, como cauda de más de doce años de discusiones del hoy poco mencionado y conocido Pacto Fiscal.

El suceso es complejo y de amplio alcance ciudadano,  porque las autoridades tributarias hablan de cerca de 2,600 personas  que están implicadas en la investigación, y que no pagaron sus impuestos en Guatemala. La más punzante amenaza son los conocidos juicios de lo económico coactivo, o bien la denuncia penal de defraudación tributaria.

El convenio con OECD  tiene que ver con la aprobación en 2017, por parte del Congreso de la República de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia Fiscal suscrita por el país  en la sede de la OECD, desde el año 2012.

Vale ilustrar a los lectores que la firma de tal Convenio era parte de una espada de Damocles, para salir de la lista gris de paraísos fiscales, confeccionada por la OCDE, que agrupa a las grandes ligas del comercio mundial y principalmente a los grandes países desarrollados de economía de mercado.  Se trata asì de un organismo internacional de ordenamientos económicos condicionantes exigentes, y  que pocos países latinoamericanos han cumplido, incluyéndose en los privilegiados a Costa Rica y Colombia. La OECD ha emitido y contiene numerosas recomendaciones para contener evasiones impositivas internacionales que constituyen lineamientos importantes. Tiene fuertes vínculos con la Organización Mundial de Comercio –OMC-, en donde bien conviene un refuerzo y revisión radical por parte del actual Ministerio de Economía guatemalteco.

En aquella oportunidad Pavel Centeno, el malogrado ministro de Finanzas Públicas de Pérez Molina,  envió al viceministro Dorval Carías a la firma. Y con ello, a esa fecha ya se habían signado 39 acuerdos de intercambio de información tributaria para  incorporarse a los estándares internacionales en la materia, y que forman parte de condicionalidades que incluso tienen que ver con la calificación de riesgo país.  A esa fecha estaba aún pendiente lo relativo al levantamiento del secreto bancario que, con diversas reservas, significó una conquista de transparencia tributaria y corporativa  luego de la ola de protestas populares del 2015 que impulsaron reformas  a la Ley Orgánica de la SAT y al Código Tributario.

Como puede observarse, no es poca cosa de lo que se está hablando aquí, ni de estereotipos vinculados a la débil y mediocre cultura tributaria del medio; sino de obligaciones que tienen las naciones civilizadas del planeta para armonizar el tema de impuestos, ordenar las bondades de la economía digital y detener el ingreso del narcoterrorismo dentro de tales transacciones, y además evitar  defraudaciones al consumidor, que se vienen dando continuamente en esta sociedad digital.

Lo que han venido haciendo los países de la región, principalmente los que tienen ya bien consolidado el modelo turístico, es emitir guías fiscales para los anfitriones que se animen a la aventura de los Airbnb; y con ello se les advierte de sus derechos y obligaciones, tema este que la SAT guatemalteca ha olvidado y que debiera haber sido, desde hace tiempo, una de sus responsabilidades.

Recordemos que la autoridad tributaria debe irse adecuando a las condiciones cambiantes del modelo económico, y muy bien hiciera la SAT también con regularizar encopetadas transacciones de la élite guatemalteca de tener su empresa espejo en algún paraíso fiscal tipo Panamá, y desde allí mover los réditos de sus monocultivos y actividades conexas, lo que ayudaría a controlar de mejor forma no sólo un Impuesto sobre la Renta más equitativo, sino los impuestos sobre dividendos y ganancias de capital, tema éste que debe ser parte importante del combate a las desigualdades. Pero ello será materia de otra columna en este medio.