Esta semana cumple cien días la gestión del gobierno democrático del presidente Bernardo Arévalo, que se autoimpuso la primera rendición de cuentas. Desde lejos no parece que haya logros sustantivos para reportar, pero sí grandes ataduras y una apreciable curva de aprendizaje.
La tarea estratégica para ganar gobernabilidad democrática se ha perdido hasta ahora. El símbolo es la destitución de la fiscal Consuelo Porras, pero su significado es redireccionar la política criminal contra las redes de corrupción y crimen, abandonando la cruel persecución -sistemáticos actos de venganza- contra los operadores de justicia que por primera vez en la historia acercaron a Guatemala a lo más parecido a un Estado de derecho.
En estos primeros tres meses asistimos a la paradoja de contar con un gobierno democrático y, a la vez, seguir sumando más de un centenar de exiliados porque la maquinaria de criminalización sigue intacta en el sistema judicial. Por definición, cuando una dictadura se derrumba o se le derrota, los primeros en respirar libertad son los expatriados involuntarios que han retornado a donde pertenecen.
En las elecciones de 2023 la dictadura corporativa del Pacto de Corruptos sufrió una derrota parcial. El Pacto siguió vivo en el periodo postelectoral y solo la movilización pertinaz de los pueblos indígenas y las graves advertencias de la comunidad internacional le detuvieron la mano del escamoteo de las urnas. La legalidad y legitimidad sobre las que se erige el gobierno de Arévalo constituyen el mandato implícito -incumplido hasta ahora- de despolitizar la persecución penal. La fiscal Porras continuará en su empeño de anular las elecciones de 2023 y para eso es que se está reconfigurando el TSE.
Estos cien días condensan una condición que Shakespeare había puesto sobre la escena hace siglos en El Rey Ricardo II, que se ha resumido como las condiciones básicas de las reglas del poder, que destruye a quien lo usa sin medida, pero también a quien debiendo ejercerlo lo rehúye.
Las elites burocráticas judiciales agradecen el regalo inesperado de los demócratas de este gobierno de no tocar su base ilegítima de su poder que les ha facilitado continuar con sus escandalosos actos de abuso de poder, incumplimiento evidente de deberes y tolerancia pública de la corrupción y el crimen, esto es, seguir abonando en abundancia el régimen de impunidad. La administración de Arévalo reina, pero esas elites corruptas son las que gobiernan. A contrapelo de la voluntad popular, mantienen el timón del barco.
Derivado de una lectura muy conservadora de las normas, quienes conducen la estrategia del gobierno dan tumbos: un día piden la renuncia de la fiscal, otro día la invitan al gabinete (y los desaíra), en la tercera escena le extienden un abrazo público; acto seguido, solicitan su antejuicio, y esta temporada cierra solicitando al cerebro del sistema perverso (la CC) que califique la “honorabilidad” de la principal herramienta del golpismo.
La indispensable lectura política de la Constitución (cuyo nombre completo es Constitución Política de la República de Guatemala) diría que ninguna ley inferior anula la facultad del presidente de destituir a la fiscal. Que la reforma de 2016 a la Ley Orgánica del MP es una instrucción al juez, jamás al jefe del Ejecutivo. Y esa es la lectura jurídica-política que le debe corresponder a la propia CC en el ejercicio de la real politik para sostener la democracia.
El resto de los asuntos públicos pasan por ahora a un segundo orden. Más que hablar de logros, es deber del gobierno informar con datos duros qué ha encontrado en esa “caja negra” de la administración pública que heredó de Giammattei y su cuadrilla. Debe explicar cuál es su agenda para levantar de la ruina a las instituciones, su ruta para empujar a que los otros poderes del Estado se alineen al cumplimiento de su mandato, esto es, cómo ejercerá el liderazgo nacional. Esos son los cimientos de la primavera democrática que deberán expresarse más temprano que tarde en satisfactores materiales del pueblo.
Por ahora, tristemente, los únicos que están escribiendo el futuro del (no)Estado de derecho son las redes de captura de las cortes judiciales, los mismos carceleros de la última década. Mientras, a la buena iniciativa del presidente Arévalo para que la OEA continúe observando in situ la amenaza golpista de los jueces, le faltan las rueditas, es decir, la operación.
