Aunque Alejandra Carrillo, exdiputada y exdirectora del Consejo Nacional de la Juventud durante el Gobierno de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti, fue separada del cargo de directora del Instituto de la Víctima con la llegada del actual Gobierno, poco a poco personajes cercanos a ella han ido tomando de nuevo el control de la institución que durante años sirvió como centro de empleo para políticos y sus familiares.

La actual directora, Rebeca González Leche, nombrada en diciembre pasado por el presidente Bernardo Arévalo tras la renuncia de la exdiputada Ligia Hernández, fungió durante la administración de Carrillo la directora de Servicios Victimológicos de la institución.

González tomó el control de la institución el 19 de diciembre pasado, solo tres días después de que Hernández renunciara al cargo, argumentando que no existían las condiciones para ejercer la dirección como corresponde.

Un sindicato al servicio de Carrillo

El sindicato de la institución que se formó bajo la protección de Carrillo, “Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Víctima” (Sintraivi), se encuentra controlado por amigos cercanos a Carrillo, entre ellos Edgar Joel Marroquín García, quien fue apadrinado por Carrillo durante su acto de graduación en enero pasado y con quien mantiene una estrecha relación, según lo muestran diversas fotografías publicadas en redes sociales.

Marroquín fue el encargado de presentar varias denuncias en contra de la exdirectora Hérnandez, a principios de este año y estuvo al frente del sindicato durante 2024.

Nelson Aníbal Esquivel Corzo empezó a fungir este año como director de Recursos Humanos del Instituto de la Víctima. 

Esquivel trabajó para el Conjuve mientras Daniel Cifuentes ocupó el puesto de director de Conjuve. Cifuentes ha sido la mano derecha de Carrillo y actualmente es su asesor en la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Modernizadora del Sector Justicia.

Esquivel Corzo fue señalado en el caso Asalto al Ministerio de Salud, y según la presentación de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como integrante de Junta de Calificación se reunía con Saraí Villavicencio, la hija del exministro de Salud del gobierno del Partido Patriota, Jorge Villavicencio, para “definir aspectos de las maniobras ilícitas”.

Otra de las fieles seguidoras de Carrillo es Julissa Álvarez, quien laboró también en el Conjuve, actualmente trabaja en la dirección Administrativa del Instituto de la Víctima.

Espacio para políticos

Durante la administración de Carrillo llegaron a la institución políticos y sus familiares, entre estos figuraron en su momento Sandra Raquel de León Torres, hija de la excandidata presidencial por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres Casanova; María José Recinos Chavarría, hija del alcalde de Barberena, Santa Rosa, Rubelio Recinos y de la exdiputada Aracely Chavarría. 

También estuvieron contratados Mariel Giordano Grajeda,  hermana del exdiputado Juan Manuel Giordano e hija del exdiputado Juan Manuel Giordano Estrada y Gabriela María Rosales Ruíz, esposa del diputado Julio Cesar López Escobar, hijo del exdiputado Julio Cesar López Villatoro y sobrino de Sergio López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, entre otros.

eP Investiga realizó una publicación, donde se da a conocer que el exdiputado Julio Cesar López Villatoro presta sus servicios en Conamigua desde el año pasado.

La nueva administración también ha empezado la contratación de personajes con vínculos políticos, entre ellos Fernando Carrera Santiago, actual secretario General del Instituto, quien es tesorero y encargado del control de finanzas del partido político “Nuevos Tiempos” conformado por la diputada Shirley Rivera y el exalcalde de Villanueva Javier Gramajo; Carrera Santiago fue Juez de Asuntos municipales y de Tránsito de la municipalidad de Villanueva. 

Sancionada por EE. UU. y vinculada a casos de corrupción

Carrillo, quien en diciembre pasado fue nombrada como secretaria ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, fue incluida en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos por “socavar el proceso o las instituciones democráticas al utilizar su posición oficial para facilitar el esquema de Comisiones Paralelas 2020 para la CSJ y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos”.

Además en su paso por el Instituto de la Víctima estuvo señalada en casos de corrupción que no fueron investigados por el Ministerio Público de Consuelo Porras.

El Ministerio Público, bajo la dirección de Porras, clausuró una investigación por corrupción relacionada con el arrendamiento irregular del edificio en donde opera la institución. 

De acuerdo con las primeras investigaciones, Carrillo habría obtenido beneficios personales a través de un soborno vinculado al alquiler de la sede de dicha institución.

La denuncia sobre este caso fue interpuesta por la asistente de Carrillo, quien supuestamente proporcionó evidencias sobre la entrega del soborno.

El fiscal Eduardo Pantaleón, fue quien empezó con la investigación, sin embargo fue removido del cargo y reasignado a otra unidad, para después ser perseguido por el Ministerio Público.

Además, Carrillo recurrió a la Ley contra el Femicidio para evitar el escrutinio de la prensa.