El retorno de los Osoy a los negocios del Estado

El 27 de noviembre, la Junta de Licitación integrada por empleados de la Empornac adjudicó un proyecto de Q139 millones a la entidad Tecuntrac, S.A., vinculada a la familia de Raúl Osoy, otrora financista de Roxana Baldetti y del Partido Patriota (PP).

Investigación

diciembre 2, 2024 - Actualizado diciembre 1, 2024

Mediante el acta 02-2024, la Junta de Licitación integrada por William Manfredo Cordón Cordón, Darwin Rolando Osorio Jiménez y César Octavio Ruiz López, todos trabajadores de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) resolvieron adjudicar un proyecto de Q138 millones 926 mil 360.67 a la entidad Tecuntrac, S.A.

Dicha empresa se encuentra vinculada directamente a la familia de Raúl Osoy, quien enfrentó procesos judiciales por haber entregado aportes económicos a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y al Partido Patriota a cambio de contratos con el Estado.

Monzón aseguró que Otzoy financió parte de la campaña del Partido Patriota y le entregaba fuertes sumas de dinero a Roxana Baldetti frecuentemente.

El evento de licitación contó solamente con la oferta de Tecuntrac, S.A. y la Junta de Calificación le otorgó una nota de 100 puntos a la propuesta económica realizada por la citada empresa.

De acuerdo con las bases de licitación “la obra consiste en solucionar los problemas de integridad estructural, fallo con rupturas y deformaciones en las vigas que soportan las cargas en el Atracadero No. 3, de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla”.

“Esto representa un enorme riesgo, ya que, en caso de colapsar, se presentarían grandes pérdidas económicas; así como poner en riesgo la seguridad y vida de quienes trabajan en esta área. Por tal razón, es necesario solucionar esta problemática, llevando a cabo el mejoramiento de la infraestructura del atracadero No. 3, interviniendo una longitud que va del eje 151 al 193 y así contar con una plataforma de muelle que brinde seguridad estructural al realizar las maniobras de carga y descarga de buques, con la maquinaria y equipos actuales del puerto”, indica el documento elaborado por las autoridades de la Empornac.

En las bases de licitación también se asegura que “los trabajos de construcción del atracadero 3 y 4 se concluyeron en 1969, hace más de 50 años, por lo que la vida útil de diseño está siendo excedida”.

Los miembros de la Junta de Licitación que adjudicaron la obra a la familia de Otzoy, son trabajadores de la entidad.

Junta Directiva debe avalar adjudicación

El pasado domingo, la sección del Pelex anticipó que una empresa de la familia Osoy estaba próxima a recibir un importante contrato en una de las empresas portuarias que operan en el país.

Tras confirmarse la adjudicación por casi Q139 millones a la empresa Tecuntrac, S.A., para mejorar el atracadero No. 3 de Santo Tomás de Castilla, ahora el expediente debe ser trasladado a la Junta Directiva de la Empornac para que se someta a votación y se resuelva si se aprueba o imprueba lo actuado por la Junta de Licitación.

La Junta Directiva de la Empornac es presidida por Jose Adalberto de la Peña Aguilar (quien antes de asumir como presidente tenía un contrato 029 en la Empornac por Q264 mil, mismo que fue rescindido). También la integran Lidia Amarilis Morales García, a quien en 2020 el sindicato de la Portuaria desconoció como una de sus dirigentes. Otros integrantes de esa Junta son el viceministro de economía, Héctor José Marroquín Mora, Julio Alberto Yon Rivera, (exvocero del Ejército durante el gobierno de Jorge Serrano) Carlos Humberto Sosa Zabaleta y Ana Luisa Flores Muñoz, directora de Fideicomisos. Tanto Yon Sosa, como Morales García, permanecen en esa junta desde el gobierno pasado.

Una empresa de la familia Osoy

De acuerdo con los registros de Guatecompras, la empresa Tecuntrac, S.A., ha manejado Q278 millones 007 mil 489.86 en contratos con el Estado de 2010 a 2024. Durante ese período, la entidad ha firmado contratos de la Empornac, los ministerios de Comunicaciones y Educación, y la Empresa Portuaria Quetzal.

Tecuntrac, S.A., tiene inscritos como sus representantes legales a Héctor Raúl Osoy y a Omar Alexander Osoy Penados.

Como parte de los requisitos establecidos en las bases de licitación, la empresa entregó a la Empornac un certificado de listado de accionistas, entre los que figuran los hermanos Omar Alexander, Paul Aníbal, Yuri Ivan Osoy Penados; Merly Virginia Rivera Beteta, Jorge Rubén Osoy Rivera y la entidad Inosa, S.A., de la que es representante legal Héctor Raúl Osoy y Paul Aníbal Osoy Penados.

Aunque no figura en los papeles de Tecuntrac, S.A., el otro integrante de la familia Osoy es Raúl Osoy Penados, quien según la declaración testimonial de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, “fue un financista y colaborador de la campaña en 2010”.

“Él pagaba toda la logística del movimiento de Otto Pérez y Roxana Baldetti de los fines de semana que incluía hospedajes, alimentación, vehículos en que se transportaba el equipo de seguridad y logística que eran unos Mazda BT50 que los donó a la campaña y el combustible”, indicó Monzón.

El excolaborador de Baldetti también dijo que Raúl Osoy Penados “aportaba dinero de financiamiento para la campaña en efectivo”. “Me lo daba a mí directamente, el dinero pasaba a bodegas para ser manejado en efectivo y Roxana disponía en que gastarlo. Raúl, primero le decía a Roxana cuánto era el monto que iba a dar y luego me llamaba para ir a recogerlo a las oficinas en el sótano del parqueo de la empresa Topsa, o bien me lo entregaba en la casa de campaña”.

Según Monzón, Raúl Osoy, también les “apoyó con la prestación de empresas para facturar a otros colaboradores y financistas como fue en el caso de los constructores Julio Quinto y Gabriel Guerra.

El ex secretario privado de la Vicepresidencia también contó a las autoridades judiciales que Osoy aportó a Baldetti la empresa Representaciones Alliance en 2013 en cuyas cuentas había un aporte dinerario de Q10 millones y US$200 mil, cuyos fondos sirvieron para amortizar el pago de comisiones pactadas entre Baldetti y el empresario. Dicha entidad fue posteriormente utilizada por la ex vicepresidenta para adquirir bienes inmuebles, entre estos apartamentos en Casa Margarita de la zona 10 de la ciudad capital. 

Osoy también prestó sus empresas para adquirir en 2012 una lancha que fue obsequiada a Otto Pérez Molina por su cumpleaños. “Para esa compra yo le di aproximadamente Q1 millón 800 mil en efectivo a Raúl para que él lo bancarizara. Ese dinero lo obtuve por medio de aportaciones en efectivo de Alejandro Sinibaldi, Mauricio López, Juan de Dios Rodríguez, Ulises Anzueto y Roxana Baldetti”, relató Monzón en 2016.

Al empresario también se le señala de prestar sus empresas para recibir transferencias por Q5 millones provenientes de la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A., (TCQ) dinero que empleó para comprar a los sindicalistas de la Empresa Portuaria Quetzal y así se le cediera de TCQ un contrato de usufructo.

Raúl Osoy también se vio involucrado en la remodelación de la Casa del Maestro situada en la zona 1 de la capital (sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que es dirigida por Joviel Acevedo). De acuerdo con Juan Carlos Monzón, Osoy pagó por orden de Roxana Baldetti casi Q500 mil en materiales y personal debido a una deuda que el empresario tenía con la ex vicepresidenta, producto de comisiones ilícitas de negocios provenientes de varias entidades del Estado.

Raúl Osoy ejecutó un trabajo de dragado en la costa sur por Q65 millones para proteger la casa de playa de la narcotraficante Marllory Chacón, declaró Juan Carlos Monzón.

Monzón delató a Osoy al señalarlo de ser el responsable de ejecutar un trabajo de dragado en la costa sur por un costo de Q65 millones y que tenía como fin proteger la casa de playa de Marllory Chacón, quien fue condenada en Estados Unidos por narcotráfico.

En abril de 2016, se dictó una orden de captura en contra de Raúl Osoy por su implicación en los casos Cooptación del Estado y Caso TCQ. Permaneció prófugo hasta noviembre de 2018 cuando las autoridades policiales lo detuvieron. En 2022, obtuvo medidas sustitutivas. 

El empresario se encuentra ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Además fueron inmovilizadas una avioneta y un helicóptero, como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía de Extinción de Dominio.

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