La Fiscal General, Consuelo Porras, creció en Zaragoza, Chimaltenango y mantiene su relación con ese municipio. Desde que asumió el puesto en mayo de 2018, Guatecompras registra que su comitiva de seguridad la ha acompañado en 13 ocasiones. Según las fechas anotadas en los reportes, Porras visita su pueblo durante las festividades como Navidad, Día de Muertos y Semana Santa.

Durante estos viajes, el Departamento de Seguridad del Ministerio Público ha elegido el hotel Villa Alcázar para hospedar a los miembros de la comitiva que acompaña a Porras. Este alojamiento se ubica en el kilómetro 63, en la aldea Agua Dulce de Zaragoza, a unos dos kilómetros del centro del municipio. El hotel, de dos pisos, imita la arquitectura colonial y cuenta con habitaciones sencillas, dobles y triples. Además, los huéspedes pueden disfrutar de una piscina y salón social.

Los datos del portal de transparencia reportan que, desde el 2018, la entidad investigativa ha erogado Q38 mil 135 distribuidos en 109 publicaciones que varían su monto de acuerdo con el tipo de habitación que se requirió. El único año en el que este hotel dejó de hospedar a la comitiva de Porras fue en 2020, cuando las restricciones por la pandemia de Covid-19 mantuvieron a la población en aislamiento.

El Hotel y Restaurante Villa Alcázar, es una empresa individual a nombre de Juan Manuel Cárdenas Marroquín, quien ha recibido Q119 mil 970 del erario desde 2016. Las entidades que han contratado el servicio de hospedaje de Cárdenas Marroquín son: Ministerio Público, Cruz Roja Guatemalteca, Superintendencia de Bancos y la Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres. También las municipalidades de: Zaragoza, San Andrés Itzapa y Patzicía en Chimaltenango. Además, las municipalidades de San José Ojetenam, San Marcos y la de Uspantán, Quiché.

El hotel no es el único ingreso que Cárdenas Marroquín obtiene del Estado, pues desde 2018 es asesor en el Congreso de la República en el renglón 011, al menos desde el 2022, las planillas del Organismo Legislativo lo consignan en el equipo del diputado Gustavo Adolfo Cruz Montoya del partido Visión con Valores (Viva). Cruz Montoya es parte de la facción de esa organización política que fue electa con el apoyo del expresidente Alfonso Portillo y que mantiene un conflicto con el secretario general Armando Castillo.

Impedimento legal

La Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que los empleados públicos sean proveedores estatales. Sin embargo, Cárdenas Marroquín ha sostenido su doble ingreso del erario desde 2018. El artículo 80 de esta Ley es el que define qué tipo de personas tienen prohibido participar en concursos públicos o celebrar contratos con el Estado.

El inciso J específica que la restricción aplica a “los dignatarios de la Nación, funcionarios públicos, empleados públicos o las autoridades de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, así como sus cónyuges. Esta prohibición aplicará durante el ejercicio del cargo. Se exceptúa de la prohibición, las contrataciones de personas individuales que realicen en relación de dependencia o dentro de los renglones 029 o 189, o cualquiera otra forma de contratación que sea por servicios técnicos o profesionales”.

Familia proveedora y política

A pesar de que Juan Manuel Cárdenas Marroquín asesora al diputado Gustavo Cruz desde hace algunos años, su cercanía con la política viene de mucho tiempo atrás. La familia Cárdenas Marroquín es conocida en Zaragoza. El padre y la madre de Juan Manuel también guardan relación con las contrataciones del Estado y la política partidaria.

Su padre, Juan Francisco Cárdenas Argueta fue alcalde de la localidad entre 1993 y 2004 por el extinto Partido de Avanzada Nacional (PAN). Ese último año comenzó su carrera como diputado al Congreso de la República por el partido Movimiento Reformador dentro de la Gran Alianza Nacional (Gana). Entre 2008 y 2015, perteneció a la facción de la Gana que era liderada por el excongresista Jaime Martínez Loaiza.

Cárdenas Argueta renunció a mediados del 2015 porque fue señalado de tráfico de influencias en el caso denominado Asalto al Ministerio de Salud Pública de la extinta Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El político tiene tres contratos de arrendamiento con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde mayo del 2022 que suman Q94 mil 484.18. El inmueble propiedad de Cárdenas Argueta sirve para albergar las oficinas de la subdelegación del Registro de Ciudadanos en Zaragoza, Chimaltenango.

Otro inmueble que la familia aprovecha para proveer al Estado está registrado a nombre de la madre de Juan Manuel y esposa de Juan Francisco Cárdenas Argueta. Dora Alicia Marroquín Meléndez de Cárdenas ha arrendado un establecimiento para el Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) desde el 2009 hasta el 2024, por lo que ha ganado un total de Q606 mil.