Instituciones públicas de Guatemala usan tecnología de videovigilancia de las marcas chinas Hikvision y Dahua. Ambas están señaladas y sancionadas por violaciones a derechos humanos del pueblo indígena Uigur. Estados Unidos, la India y países de Europa han presentado acciones para intentar frenar su uso. Mientras, las dos empresas se han vuelto populares en varios países de América Latina.
Guatemala compra reconocimiento facial y videovigilancia con IA sin control ni ley de datos, lo que expone una serie de riesgos para la ciudadanía y el cumplimiento de derechos humanos. Pero además, el Estado gasta millones de quetzales en compras troceadas, mediante procedimientos que no son todo lo transparentes que la normativa internacional demanda. Varias de estas contrataciones se han hecho a empresas señaladas y con vínculos cuestionables.
En los últimos cuatro años, instituciones públicas en Guatemala adjudicaron al menos Q69 millones en servicios relacionados con Inteligencia Artificial para videovigilancia, la mayoría por municipalidades y casi siempre por compra directa, sin licitación pública. Algunas fueron a parar a empresas cuestionadas. Aunque su propósito es la seguridad ciudadana, esta tecnología —que en varios casos incluye reconocimiento facial— también implica riesgos para la privacidad y el derecho a la protesta, sobre todo en un país como Guatemala, que carece de ley de protección de datos personales.
