Durante los últimos ocho años, la fiscal general Consuelo Porras desbarató el Ministerio Público (MP): despidió a al menos 571 personas y criminalizó otras cientos. Ahora deja una Fiscalía debilitada. Según los empleados que trabajaron bajo su mando, estos tenían tres opciones: renunciar, ser fieles a ella, o trabajar en un entorno de terror, con amenazas y coacciones constantes. La nueva persona elegida para fiscal general enfrenta el reto de trabajar en una institución diezmada.
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