La deuda que el Estado tiene con las niñas, adolescentes y mujeres es inmensa, quizá impagable. Para empezar, su obligación es detener la violencia en su contra, prevenirla, enfrentarla, penalizarla. Seguir ignorando este flagelo es aceptarlo. Y aceptarlo es condenarnos a seguir siendo una sociedad sin dignidad.
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