El crimen organizado amenaza la democracia en Latinoamérica

Evolución reciente

En las dinámicas del crimen organizado se observan tres fases de evolución, que están condicionadas por la relación que los grupos establecen en su entorno (territorio y población), con agentes y aparatos públicos y privados (empresarios, tecnocracias, iglesias, prensa etcétera). Estas fases no son necesariamente lineales, suelen traslaparse en el plano nacional y en los niveles subnacionales; además, pueden registrarse regresiones, dependiendo de la dialéctica criminal frente a eventos democráticos, avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y políticas exitosas de seguridad y cooperación internacional.

Adaptando el esquema de Steir y Richards (1997), estas fases son: i) Predatoria, que se refiere a la implantación del grupo criminal en el territorio y emplea la fuerza para eliminar a sus competidores; su lenguaje es, pues, la violencia; ii) Parasitaria, conforme el grupo acumula ganancias ilícitas y gana influencia política, aumenta su capacidad para colocar en su planilla a agentes clave del Estado, para ganar protección en las rutas de trasiego, librarse de sus rivales o evitar la persecución penal; en esta fase el lenguaje es la corrupción, y iii) Simbiótica, cuando la interdependencia entre crimen organizado y sistema político y económico llega al punto en que las fronteras se tornan difusas y los actores participan como una corporación política-burocrática-económica criminal. Esta es la fase de más alto riesgo para la democracia pues la organización se puede de los símbolos de la democracia liberal en un contexto de legalidad electoral y legitimidad social.

El análisis sobre crimen organizado en Latinoamérica se ha basado en la información sobre numerosos tipos de estructuras criminales, según su actividad delictiva predominante. El patrón de organización incluye una jerarquía fuerte y un sistema de disciplina interna, con una identidad social o étnica y territorios claramente definidos. Pueden ser estructuras transnacionales con una jerarquía agrupada y una línea de mando central, pero con cierto grado de autonomía local o regional y rodeados de grupos criminales que les ayudan a alcanzar sus objetivos, esto es, una suerte de redes integradas. El enfoque de redes criminales ofrece una mirada desde los incentivos de las organizaciones, que pueden ser económicos, políticos y sociales. Esto remite al ethos del conjunto de personas que se asocian de manera regular y prolongada para ejecutar planes delictivos.

Este tipo de redes se adaptan con enorme flexibilidad y rapidez a los cambios del mercado y a las respuestas de política pública que, por lo general, son más lentas. Identificados como grupos de identidad se describen a sí mismos quiénes son y lo que hacen (sus tácticas) dentro de un conjunto muy variado de actividades ilícitas. Las redes pueden incluir múltiples organizaciones con objetivos dispares y a veces incluso contradictorios; se asocian, establecen alianzas y maneras de cooperación formales e informales. Insight Crime (2022) propone una tipología básica de redes delictivas en el hemisferio: empresariales, estatales y sociales. Cada tipo de red está motivado por el esfuerzo de asegurar su capital original (económico, político o social). El tipo de capital de cada red explica su modus vivendi y este conduce a su modus operandi. Lo que los diferencia no es el uso de uno o varios tipos de capital sino el capital que privilegia cada red, el cual no abandonan voluntariamente, incluso después de haber desarrollado otras fuentes de capital. La fuente original de capital de cada red es su marco de referencia para organizar actividades, consolidar vínculos y expresar sus propias formas culturales. Capital económico es el dinero en efectivo, negocios, propiedades y otros activos transables. Capital político es el poder acumulado durante varios periodos de gobierno mediante el control de instituciones y cargos burocráticos. Capital social es el poder obtenido a través de relaciones seguras, significativas y predecibles con varios subconjuntos relevantes de la sociedad, por lo regular provenientes de estratos populares, en condición de pobreza y exclusión.

Redes empresariales criminales. Impulsadas por los mercados de ilícitos y motivadas por obtener ingresos en uno o más mercados, están diseñadas como una empresa comercial con múltiples capas y una estructura flexible que les permite maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. Los ingresos pueden provenir del suministro de bienes, como drogas ilícitas, madera de origen ilegal o cigarrillos de contrabando; de la venta de servicios como prostitución, tráfico de personas, lavado de dinero y servicios ilícitos de seguridad; o de extraer recursos a través de la extorsión, el secuestro, el robo y la reventa. En su mayoría proporcionan bienes y servicios, pero a veces son depredadores y están preparados para emplear la violencia.¹

Redes  estatales criminales. No son impuestas por actores criminales externos, surgen del Estado y están presentes en los órganos electos, las fuerzas de seguridad, instancias judiciales, entidades portuarias, oficinas reguladoras y recaudadoras de impuestos. Emplean el poder estatal para enriquecerse con sus socios a través de esquemas corruptos y criminales que socavan  el Estado de Derecho para proteger sus actividades y garantizar su impunidad. Deciden quiénes ocupan los altos cargos en las Cortes y la Fiscalía o Procuraduría. Si estas instituciones desarrollan instrumentos de combate al crimen y la corrupción, pueden boicotearlas, destruir sus investigaciones, aislar y perseguir a los investigadores que les resultan disfuncionales. Poseen la capacidad de bloquear extradiciones. Cuando otras redes amenazan sus intereses, usan el aparato estatal para eliminarlas, someterlas o mitigar su amenaza. Tienen licencia oficial para emplear la coerción y la violencia. Sus operaciones documentadas relativizan la idea de que los actores no estatales corrompen e infiltran las instituciones públicas. El Estado también puede ser un agente criminal con capacidad de fomentar otras actividades ilícitas en actores no estatales (J. Kelman, 2015 y S. Chayes, 2017).²

Redes sociales criminales. Surgieron en las zonas marginales de varias ciudades de las Américas o en áreas rurales remotas donde la presencia del Estado es débil o está ausente en la prestación de servicios básicos, y donde las fuerzas de seguridad hacen uso extremo de la violencia contra la población y son por lo general corruptas. Estas redes se compactaron, algunas se hicieron más violentas para responder a la represión oficial desatando guerras abiertas, aunque más adelante llegaron a acuerdos con las fuerzas estatales basados en transacciones corruptas (Demoscopia, 2007). En los territorios bajo su control, mediante coacciones, extraen una renta regular de los pequeños y medianos establecimientos de negocios, transportistas y de las cadenas corporativas de suministros de alimentos, bebidas e insumos. En las aldeas, fuera de la vista del Estado, llevaron al estallido de una vasta económica ilícita en torno a la producción de coca y amapola, robo de ganado, despojo de tierras y contrabando. Por otro lado, cumplieron demandas sociales de orden, brindando reglas y formas de justicia ad hoc. Pueden desempeñar funciones en la comunidad que les abona capital social, como mediar y resolver conflictos, regular interacciones comerciales y sociales, ejecutar personas por transgresiones específicas, reclutar miembros que quieren obtener una rápida movilidad social, proveer empleos a través de emprendimientos (cadenas de taxis, comercios y servicios diversos a pequeña escala) financiados con el producto de sus actividades ilícitas (que incluyen narcomenudeo, contrabando y otros), dar protección frente a otros grupos criminales o ante el propio Estado. Además de los barrios remotos, estas redes han pasado a gobernar los centros carcelarios, aumentando su capital político dentro de las burocracias penitenciarias y su capital económico a través del acceso a mercados ilícitos, en retribución por la protección que brindan en los centros de detención a integrantes de otras organizaciones delictivas con amplios portafolios de negocios criminales.³

Impactos en la democracia

La democracia en las Américas está sometida a fuertes tensiones y demandas. En las últimas décadas, mientras se consolidaban los derechos civiles y políticos, la población enfrentaba los más altos niveles de desigualdad social en el mundo y largos estallidos de violencia criminal en la mayoría de los centros urbanos. La adhesión al sistema democrático disminuyó del 63 por ciento al 49 por ciento en diez años (Latinobarómetro, 2021), mientras varios gobernantes elegidos democráticamente emplearon métodos no democráticos para sostenerse en el poder, por ejemplo, reformando las constituciones a su favor, interviniendo en los procesos electorales y socavando el Estado de Derecho. El crimen organizado constituye una amenaza compleja a las formas de convivencia democrática y un factor de perturbación en las relaciones internacionales que están basadas en el diálogo político y la cooperación en una comunidad de naciones que comparte valores traducidos en convenciones y tratados universales. Hay una relación proporcionalmente inversa entre la salud de las instituciones y el vigor de las políticas democráticas con la expansión y el poder de las organizaciones criminales. A más y mejor Estado democrático, mercados abiertos y cohesión social, menos relevancia de la amenaza criminal.

Los tres tipos de redes criminales descritas se incubaron en el periodo pre-democáctico y han florecido en plena democracia. Cada uno de los capitales que acumulan esas organizaciones (económico, político y social) expresa un déficit estructural de políticas democráticas, básicamente asociadas al predominio de enfoques punitivos de seguridad (incluyendo esquemas de militarización de la seguridad ciudadana), el concepto reduccionista del Estado y de sus funciones, la deriva clientelar de los partidos políticos y la renuncia a su entidad como agentes de representación social, y la opacidad en el manejo de la administración pública, favorecida por los rezagos en la gestión y modernización de los procesos internos y la baja profesionalización de las burocracias.

La democracia avanzó en las últimas cuatro décadas en su dimensión electoral, pero no en la construcción de la ciudadanía económica, política y social. Las clases medias siguieron representando una minoría en casi todos los países (con constricciones en cada ciclo recesivo de la economía), y el amplio mundo de la informalidad en las relaciones comerciales, políticas y sociales también abonó distintos terrenos para los flujos ilícitos y las prácticas corruptas, que profundizaron esa informalización.

En varias regiones de las Américas el Estado sigue perdiendo soberanía en territorios estratégicos a costa de redes económicas criminales muy desarrolladas, y en barrios y aldeas rurales remotas controladas por redes sociales criminales, donde la institucionalidad pública está ausente. En esos territorios las organizaciones criminales fomentan una gobernabilidad alternativa basada en su capacidad de generar violencia⁴, pero más adelante fomenta bases sociales y desarrolla relaciones clientelistas con los agentes estatales mientras explotan un amplio portafolio de mercados ilícitos muy lucrativos. Las redes criminales son estimuladas por la alta capacidad de demanda en los mercados externos de consumidores de bienes ilícitos (o traficados ilícitamente) y por los lazos comunitarios que abren un ascensor social y suplantan la autoridad del Estado.

Las diferentes fases de evolución del crimen organizado generan niveles de competencia y de violencia diferenciados. La mayoría de estudios tiende a ligar la violencia con el control de las rutas, mercados locales y zonas de producción. Esta descripción corresponde a la fase predatoria del crimen y a disputas entre los grupos o dentro de las organizaciones. En la fase parasitaria los grupos suelen emplear a las fuerzas de seguridad para debilitar a la competencia, aunque también la violencia puede desatarse por operaciones criminales de agencias estatales (“tumbes”) o ser resultado de políticas punitivas de seguridad. Los mercados ilícitos no siempre están asociados con altos niveles de violencia. En determinadas condiciones incluso requieren del control de los homicidios y el delito, por lo que el número de muertes violentas, siendo un indicador relevante, es insuficiente para entender la relación entre el crimen organizado e inseguridad.

Los tres tipos de redes criminales extendidas en las Américas no son empáticas con el sistema democrático y menos con los Estados fuertes y un sistema judicial independiente, que es su veneno; tampoco con la cooperación internacional entre naciones o instancias multilaterales que los fragmenta y limita sus alcances en los mercados ilícitos y sus lazos políticos y sociales. Su propio ejercicio del poder interno es vertical, autocrático y muchas veces violento, aunque pueden combinar formas clientelares con sus bases y con quienes figuran en sus nóminas. Las debilidades de la democracia liberal fortalecen esas organizaciones. La crónica y, sobre todo, la aguda conflictividad política y social les ofrece cobertura para acumular a mayor velocidad capital económico, político y social. El desapego ciudadano de la democracia les abre una calle ancha para transitar, sea ganando legitimidad alternativa o mayor poder de intimidación, sin consecuencias. Las crisis financieras sistémicas nacionales, regionales y globales los elevan a operadores de “milagrosos” salvatajes bancarios, dada la inmensa acumulación de utilidades ilícitas, abriéndoles la puerta para ser admitidos en las elites económicas y políticas tradicionales urgidas de liquidez y, en economías pequeñas, de reservas monetarias para garantizar la estabilidad de los precios. La introducción de cripto-activos en economías con bajas capacidades regulatorias facilita el blanqueo de dinero y la expansión de economías ilegales.

La codependencia económica, política y social de las redes criminales constituye la principal amenaza para una democracia que ya muestra signos de fatiga en las Américas. Considerando esos factores, las organizaciones criminales en ciertas regiones y países (Centroamérica, región Andina, países del Caribe y áreas relevantes de México y Brasil, y zonas de convergencias de triples fronteras) procuran abonar un hábitat de inestabilidad política crónica, promover liderazgos emergentes populistas (sea de derecha o de izquierda) y hacer converger intereses con las redes estatales criminales, sus mejores interlocutores. Las redes criminales impactan directamente en tres subsistemas de la democracia: socavan el Estado de Derecho, subvierten el sistema político y dañan la integridad económica. El nivel de su amenaza es resultado del poder y arraigo de las organizaciones, pero está moldeado por la extensión y profundidad de sus relaciones con el Estado, el mercado y las comunidades, en diferentes escalas: subnacional, nacional y transnacional. En la fase depredatoria las redes criminales pueden depender en gran medida de tácticas violentas, que provocan altos niveles de homicidios, abusos de los derechos humanos, desplazamientos internos y migraciones masivas. Las organizaciones criminales también pueden suplantar al Estado en determinadas zonas remotas y barrios oprimidos, estableciendo un sistema policial o judicial paralelo. Al adoptar estas tácticas desafían el monopolio estatal de la violencia y erosionan su legitimidad, pero solo será temporal.

En la fase parasitaria puede haber colusión sistémica entre redes criminales y élites políticas y económicas basadas en ganancias compartidas; además, se benefician de la aplicación sesgada de leyes y del control de instituciones judiciales, regulatorias, comerciales y administrativas débiles⁵. En la fase simbiótica, las redes criminales no solo tienen vínculos con funcionarios gubernamentales o políticos que representan sus intereses; estos funcionarios y políticos son la empresa criminal, y la empresa criminal se convierte en el sistema de gobierno. Un puñado de países en Centroamérica, el Caribe y la región Andina están sometidos a esta dinámica de reconfiguración del Estado teniendo socio líder de las principales redes criminales la red estatal criminal. Por supuesto, en este escenario el sistema democrático resulta incompatible y progresivamente es sacrificado, aunque las redes criminales no renuncian a las formas electorales y la constitución de partidos políticos, por supuesto, vaciados de legitimidad nacional e internacional.

La corrupción y la coerción distorsionan el funcionamiento de las instituciones reguladoras, donde operan sus agentes de licencias, notarios, funcionarios judiciales y supervisores de relaciones comerciales locales e internacionales. El lavado de ingresos delictivos puede subvertir el sistema bancario, además de elevar artificialmente los precios de los activos locales e introducir formas de competencia desleal en los mercados. Las redes criminales están bien posicionadas para explotar su poder económico e imponer prácticas laborales y comerciales ventajosas, trasladando procedimientos del mundo ilícito al mundo lícito. Pueden cooptar o destruir organizaciones sindicales y cometer delitos ambientales generalizados. Sin embargo, es importante no enmarcar esto como una simple «penetración» del sistema comercial y económico, sino como una alianza entre redes criminales y actores “lícitos” ubicados en las zonas grises del Estado o las empresas.

Hacia una agenda estratégica

El problema de la delincuencia organizada se manifiesta e impacta de manera diferenciada en los países de las Américas, pero los involucra a todos. Por tanto, aunque también de manera diferenciada, todos deben asumir responsabilidades en los niveles subnacional y nacional e internacional. Los impactos en la gobernabilidad democrática, las relaciones sociales, la integridad económica y la seguridad pública son mayores en los países donde convergen instituciones frágiles y porosas con mercados ilícitos muy dinámicos por la demanda internacional. Incluye a la mayoría de países de Sudamérica y el Caribe, toda Centroamérica y México (OEA, 2013). Algunos impactos de los mercados ilícitos se experimentan de manera simultánea y similar en todos los países lo que sugiere la necesidad de impulsar políticas comunes y coordinadas, y a la vez confeccionar marcos jurídicos homogéneos, decididamente en el caso de lavado de activos y la regulación del comercio de armas.

Desde un enfoque de seguridad las intervenciones estatales son de dos tipos: respuestas punitivas (frontales e indiscriminadas) y selectivas (lecturas estratégicas sobre los componentes de la amenaza criminal). Esas respuestas varían dependiendo de la identificación del objetivo principal: desarticular organizaciones criminales, disminuir delitos, controlar territorios, interrumpir rutas o afectar recursos y flujos financieros⁶. En el balance de ventajas y desventajas de los dos tipos de respuestas estatales destaca que las menos efectivas son aquellas que se aplican de manera frontal e indiscriminada, aunque el enfoque selectivo requiere de ciertas capacidades (por ejemplo de inteligencia civil) que por lo general el Estado no ha desarrollado; además, demanda mayor tiempo y esfuerzo, lo cual desestimula a los líderes políticos urgidos de resultados rápidos. En resumen, las estrategias de las intervenciones del Estado no pueden barajarse sin tener en cuenta sus capacidades y sin perder de vista que la opción de política puede tener impactos en las libertades democráticas. Como se dijo, las intervenciones estatales se orientan hacia cinco campos que pueden ser complementarios, según la opción estratégica que se decida:

1. El desmantelamiento de las organizaciones criminales tiene el propósito de afectar nodos clave de la red, imponiendo sanciones a sus líderes e integrantes y diezmando sus capacidades humanas;
2. La disminución de determinados delitos responde a la lógica de imponer “costos”; en su enfoque el Estado puede proponerse afectar un tipo específico de conducta criminal y el criterio de éxito es la baja incidencia de determinados delitos, que puede repercutir en un aumento de la legitimidad de las instituciones;
3. El control de territorios focalizando los recursos de seguridad, toma en cuenta que la distribución en el espacio de determinada actividad delictiva (trasiegos, extorsiones, homicidios, secuestros) no es arbitraria, en cuyo caso el objetivo no es la persecución de la organización delictiva sino el aseguramiento de la zona y la rehabilitación de las operaciones del conjunto de instituciones públicas; así, el Estado recupera soberanía sobre territorio y población;
4. La afectación de los recursos de las redes criminales pretende socavar su capital económico para limitar su poder y con ello su capacidad de delinquir y de ejercer violencia, suponiendo que esos bienes afectados son difíciles de sustituir y que, sobre todo, las redes empresariales delictivas dependen críticamente de este capital; y
5. La interrupción de las rutas de tráfico y flujos financieros bloqueando insumos y recursos e impidiendo que el dinero ingrese a la economía legal, puede alterar la relación costos-beneficios de la actividad ilícita; este tipo de respuesta incluye controles aéreos, terrestres y marítimos, embargo de casinos, inmobiliarias y otros activos, así como la neutralización de asesores vitales para la empresa criminal, incluyendo abogados, notarios, administradores, contadores, operadores políticos y logísticos, y proveedores de servicios; demanda también una eficiente coordinación internacional, incluyendo el intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas.

Por otro lado, la estrategia para enfrentar la amenaza del crimen organizado debe considerar la naturaleza de los tres tipos de redes sugeridos en el primer capítulo de esta nota conceptual. O sea, adaptar las respuestas políticas al tipo específico de redes delictivas. Las redes estatales criminales son las más difíciles de abordar en el plano de las relaciones internacionales pues, por definición, son contrapartes oficiales y participan en las deliberaciones de políticas y acuerdos de cooperación bilateral y multilateral. Suelen jugar el doble juego de emplear recursos para contener algunas actividades delictivas, a la vez que fortalecen su control sobre los poderes del Estado y sus propios mercados ilícitos mediante la corrupción y su clientela electoral. En este contexto es crítica la auditoría social y el rol de la prensa independiente que, por lo general, están bajo acoso de estas redes estatales criminales.

Por otro lado, la experiencia reciente de integración de comisiones internacionales contra la corrupción e impunidad deja algunas lecciones aprendidas y sugiere que son una herramienta eficaz contra la impunidad de las redes criminales, además que está revestida de enorme legitimidad social y mediática. Las sanciones individuales de altos agentes estatales corruptos (incluyendo extradiciones) y de sus socios empresariales, así como la descertificación áreas neurálgicas del Estado (i.e. estaciones portuarias)  o la asfixia comercial selectiva, tienen impacto si se advierten preventivamente y se aplican con agilidad. En ese sentido cobra enorme importancia abrir un debate sobre la pertinencia de instalar un tribunal internacional para juzgar y sancionar a los altos responsables de estas poderosas redes criminales que sofocan la democracia en varios países del hemisferio.

Con respecto a las redes empresariales criminales, los gobiernos democráticos comprometidos en la lucha contra los delitos transnacionales, pueden mitigar su poder e incidencia a través de una política de reducción de la demanda y apuntando a los cuellos de botella en las cadenas de distribución y en las operaciones de blanqueo de activos. Una estrategia de mitigación es esencial para socavar la capacidad de las redes empresariales delictivas de establecer lazos políticos y sociales que las atrincheren y potencien sus capacidades de resiliencia, pues hay que tener en cuenta cómo forjan su identidad y lazos de pertenencia, que están relacionados con vínculos de consanguinidad, compadrazgos, lugar de origen, pertenencia religiosa y militancia política. Las acciones de extradición, extinción de dominio y el refuerzo de los controles financieros pueden articularse a esta política y alcanzar resultados en el corto y mediano plazos.

La estrategia de contención de las redes sociales criminales demanda la construcción de alianzas locales, apoyar el fortalecimiento del tejido social púbico (a través de servicios básicos de calidad que son accesibles para las poblaciones empobrecidas). Las experiencias de amplios despliegues de cuerpos policiales con una profunda doctrina comunitaria indican que pueden dar frutos estando acompañados de la acción social de las iglesias, escuelas y clubes deportivos, donde la cooperación internacional suele dar apoyos a programas de reinserción social y económica de los pandilleros, y donde el rol de las empresas locales y transnacionales es también importante para la apertura de empleos permanentes y seguros, y para la promoción de emprendimientos a través de micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo capital semilla puede provenir de fondos subsidiados por el Estado y la cooperación, sea a través de programas directos para asociaciones de servicios y cooperativas de producción, o mediante la colocación de fondos de riesgo en los bancos del sistema. Esta respuesta tiene también una dimensión de prevención del crimen y restauración del tejido social básico, a la vez que las instituciones democráticas ganan legitimidad, se restaura el orden republicano, se amplían los espacios públicos seguros y la justificia puede operar sin restricciones.

La zona estatal más dañada por el crimen organizado es el Estado de Derecho, piedra angular del orden republicano. Por tanto, es prioridad recuperar la independencia del aparato judicial y avanzar en su modernización y profesionalización, lo cual incluye aumentar la transparencia de sus actos para ganar legitimidad. Por otro lado, es fundamental impulsar reformas políticas orientadas hacia un marco normativo que exija controles para prevenir y sancionar los vínculos de candidatos y líderes políticos con redes criminales, e imponer penas severas a los partidos políticos cuyos integrantes sean condenados penalmente por sus vínculos o pertenencia a redes delictivas.

En tercer lugar, se requiere una evaluación institucional con indicadores de eficiencia en los campos de la inteligencia y la seguridad, en parte para avanzar en un rediseño para armonizar competencias y solucionar las duplicidades y vacíos. Además, aquellas unidades que presentan elevados niveles de corrupción e influencia de redes criminales deben ser sometidas a reformas profundas y procesos de acompañamiento técnico, local e internacional, a fin de evitar que avancen los procesos de reconfiguración cooptada por cualquiera de los tres tipos de las redes criminales descritas. En el mismo orden de ideas, se requiere de sistemas de información alimentados por todas las unidades de policía a fin de facilitar el flujo, monitoreo, procesamiento y consolidación de datos de seguridad ciudadana en tiempo real para la puesta en marcha de planes coordinados de control y persecución de las redes ilícitas. Las fiscalías pueden implementar procedimientos y protocolos para el recaudo y manejo probatorio a fin de aumentar la calidad de las pruebas presentadas ante los tribunales (Garay & Salcedo, 2012).

No existe un pleno consenso en las Américas sobre cómo enfrentar y mitigar la amenaza que representa el crimen organizado para la convivencia democrática. El enfoque predominante es que las redes ilícitas se hacen fuertes ante Estados débiles, incapaces de ejercer una buena gobernanza y corroídos por la corrupción. Frente a este cuadro la respuesta es fortalecer la capacidades de los órganos judiciales y las fuerzas de seguridad, mediante una mayor profesionalización, mejores alianzas con la comunidad, nuevos indicadores de éxito y una cooperación internacional más eficiente. Al disminuir la influencia criminal el Estado gana legitimidad, puede fortalecer sus finanzas y renovar su posición en el concierto de las naciones democráticas. Ahora, para lograrlo es un reto vencer la oposición de poderosos intereses arraigados, alcanzar una cooperación internacional eficiente -y que a veces es dispersa, vacilante, burocrática y poco coordinada- y prever el efecto globo de las redes criminales, que se desplazan hacia regiones o países con instituciones débiles. Otro enfoque critica el marco legal y la estrategia represiva contra el crimen (por ejemplo, “la guerra contra las drogas”) alegando que causa mayores daños y que es infructuosa. Sugiere explorar otros regímenes regulatorios y estrategias alternativas, sobre todo en el campo del control de las drogas ilícitas, donde sugieren (en el caso del cannabis) una transición de mercados criminales hacia mercados regulados, lidiando con nuevos mercados criminales y las tensiones inter-estatales por las diferencias de regímenes legales. El tercer enfoque subraya las disfunciones sociales y económicas (desigualdad social, pobreza, exclusiones) como caldo de cultivo de los mercados ilícitos. Sugiere el fortalecimiento del tejido estatal en los territorios mejorando la seguridad y los servicios sociales esenciales. En este caso la piedra angular de la estrategia descansa en las comunidades y su mayor desafío es la insuficiencia de recursos y capacidades de los gobiernos y organizaciones sociales de base para lidiar con rezagos estructurales.

El cuarto enfoque corresponde a los Estados frágiles (Fund for Peace, 2021) en fase simbiótica: algunos abandonan unilateralmente el combate a las redes criminales (o son selectivos) alegando que los costos que imponen los grandes mercados de demanda de ilícitos son insoportables e injustos. Adoptan retóricas nacionalistas y políticas internacionales aislacionistas. Afirman que sus prioridades son domésticas y no internacionales. Como se ve, los tres primeros enfoques, en un marco de flexibilidad y complementariedad de políticas, pueden ser compatibles y aplicados a tipos diferenciados de redes ilícitas en sus contextos específicos. El último enfoque, sin embargo, orilla a un tipo de intervención multilateral, donde hay lecciones aún por aprender después de más de dos décadas de experimentación.

Finalmente, en el marco de la defensa y el fortalecimiento de la democracia, no se puede renunciar a promover la convivencia ciudadana fomentando la cultura de la legalidad y los valores democráticos. Además, promover un acuerdo social sobre principios y condiciones rectoras de la justicia y la inclusión social. En el campo del conocimiento, por otro lado, deben replantearse conceptos y marcos explicativos de las relaciones entre Estado y redes criminales que convencionalmente suponen la confrontación irreductible entre un Estado “mano dura” o capturado y los criminales. Esto supone profundizar el análisis integral y multidisciplinario de los fenómenos que resultan de la interacción entre crimen, corrupción y debilidad institucional, a fin de contar con mejores elementos de juicio en el rediseño de políticas públicas e iniciativas de reformas del Estado que tiendan al fortalecimiento de la democracia (Ibid, pp. 315-342).

1. Si bien el núcleo de estas redes suele ser una o más familias muy unidas -lo que les brinda muchas ventajas en términos de confianza, reclutamiento y resolución de conflictos-, estas redes se rigen por motivos de lucro y derivan su poder de los mercados. La acumulación de capital económico la utilizan para ejercer creciente poder social y político en sus áreas de influencia y donde les interesa expandir sus mercados. Es Importante identificar en qué nivel o niveles (subnacional, nacional, transnacional) se sitúa la red y dónde encaja en las cadenas de producción y distribución. Aunque hay excepciones, evitan tener conflictos con el Estado y suelen financiar campañas electorales indistintamente de las preferencias ideológicas. En ocasiones postulan a cargos públicos a sus propios integrantes a fin de ganar inmunidad. ↩︎
2. El caso quizá más conocido es el del cártel de los Soles en Venezuela, que se integra con una serie de sectores de poder en el Ejército y se involucra en tráfico de drogas, contrabando de gasolina y minería ilegal; sus integrantes trabajan con miembros de la familia Presidencial, congresistas y otros altos funcionarios, facilitando el tráfico ilegal. Los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) están constituidos por una elite burocrática militar/civil que opera en Guatemala desde 1970; son jerárquicos y a la vez dinámicos, controlan los nodos del poder regulatorio y de seguridad y justicia. Cuando sus integrantes se jubilan del Estado financian partidos políticos que han ganado tres elecciones consecutivas desde 2011 y construyen coaliciones mayoritarias en el Congreso con el incentivos de otorgar parcelas de la administración central del gobierno a los diputados y concediéndoles contratos millonarios de infraestructura pública. Cofinancian, junto con las redes criminales empresariales, campañas electorales con dinero proveniente de la corrupción. Esa relación simbiótica empodera a las otras redes, que combinan sus capitales para atrincherarse en el Estado. El clan Urbina Soto en Honduras construyó su red a través de la afiliación partidaria y burocrática desde el poder local hasta alcanzar incidencia en los aparatos político, regulatorio y de seguridad a nivel nacional. El expresidente Horacio Cartes de Paraguay aprovechó el control del Estado para edificar su base de poder independiente: ya no trabaja para las redes criminales empresariales sino con ellas. La red Bouterse en Surinam -dirigida por el ex presidente Desire Bouterse- empleó las palancas del Estado para traficar internacionalmente drogas ilícitas y amplió conexiones con un traficante de oro que ahora es vicepresidente del país; a pesar de estar condenado en Estados Unidos, sigue siendo poderoso. ↩︎
3. La red social criminal más avanzada es el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital). Su narrativa presentaba al gobierno como el enemigo principal y recreaba un mundo paralelo donde los criminales podían robar, vender ciertas drogas y contrabandear con sus propias reglas. A veces se refieren a esta organización como “el partido” (PCC). Su control de los centros carcelarios en la populosa Sao Paulo es abrumador. Ex insurgencias en Colombia (ELN y FARC) surgieron principalmente en áreas rurales donde la violencia política y la economía ilícita son moneda corriente. La Mara Salvatrucha, si bien sigue estrictos rituales y normas grupales, una vez establecidas, las personas o clicas (células) dentro de la red pueden ser bastante autónomas utilizando la “franquicia” para ampliar su ámbito social y delictivo. Así, resulta ser una red dispersa y estructurada regionalmente. Las tensiones internas resultan en fragmentación, especialmente cuando una parte de la red negocia con el Estado. Opera en media docena de países y tiene cliclas en todo el hemisferio. Barrio King en Perú tomó el control de las cárceles locales y llegó a un acuerdo informal con las autoridades para mantener el orden; luego amplió su dominio al estratégico  puerto de Callao y fomentó sus conexiones burocráticas para incluir jueces, fiscales, militares y políticos. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a contar, a finales de la década de 1990, con unos 30 mil soldados. Los Urabeños surgieron de la desmovilización de las UAC y afirmaron su dominio sobre el tráfico ilegal de oro y cocaína. Sus bases eran mayoritariamente terratenientes, grandes empresarios y políticos conservadores y portaban una ideología anticomunista. Un fenómeno parecido, aunque de menor dimensión, ocurió en Jamaica con Shower Posse, una pandilla callejera que emergió como un poder criminal y político y se catapultó con el tráfico de drogas. Soldados sin Límite (NLS) surgió los barrios oprimidos de Curaçao y adquirió poder con el tráfico de ilícitos. ↩︎
4. Las diferentes fases de evolución del crimen organizado generan niveles de competencia y de violencia diferenciados. La mayoría de estudios tiende a ligar la violencia con el control de las rutas, mercados locales y zonas de producción. Esta descripción corresponde a la fase predatoria del crimen y a disputas entre los grupos o dentro de las organizaciones. En la fase parasitaria los grupos suelen emplear a las fuerzas de seguridad para debilitar a la competencia, aunque también la violencia puede desatarse por operaciones criminales de agencias estatales (“tumbes”) o ser resultado de políticas punitivas de seguridad. Los mercados ilícitos no siempre están asociados con altos niveles de violencia. En determinadas condiciones incluso requieren del control de los homicidios y el delito, por lo que el número de muertes violentas, siendo un indicador relevante, es insuficiente para entender la relación entre el crimen organizado e inseguridad. ↩︎
5. La corrupción y la coerción distorsionan el funcionamiento de las instituciones reguladoras, donde operan sus agentes de licencias, notarios, funcionarios judiciales y supervisores de relaciones comerciales locales e internacionales. El lavado de ingresos delictivos puede subvertir el sistema bancario, además de elevar artificialmente los precios de los activos locales e introducir formas de competencia desleal en los mercados. Las redes criminales están bien posicionadas para explotar su poder económico e imponer prácticas laborales y comerciales ventajosas, trasladando procedimientos del mundo ilícito al mundo lícito. Pueden cooptar o destruir organizaciones sindicales y cometer delitos ambientales generalizados. Sin embargo, es importante no enmarcar esto como una simple «penetración» del sistema comercial y económico, sino como una alianza entre redes criminales y actores “lícitos” ubicados en las zonas grises del Estado o las empresas. ↩︎
6. Entre los resultados de estas intervenciones están: la fragmentación de las organizaciones criminales que genera vacíos de poder lo cual arrecia las disputas internas; la disgregación territorial de las redes y el desplazamiento hacia otras actividades ilícitas y el aumento sustancial de la población carcelaria. En muchos casos la respuesta punitiva lleva al uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna y tiene como consecuencia la militarización de los cuerpos policiales, una tradición de los siglos XIX y XX en América Latina y el Caribe que comenzó a romperse en los procesos de transición democrática durante las últimas tres décadas, pero que se ha estado o revertido con la emergencia del crimen organizado en varios países, lo cual también tiende a debilitar la democracia, provocando restricciones de las libertades civiles y políticas y, en ocasiones, violaciones graves de los derechos humanos. ↩︎