COBERTURA
SOBRE DEMOCRACIA

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Tres integrantes de eP Investiga fueron parte de la cohorte 2024 de Ciclos CAP, un programa de formación periodística que abordó el estado actual de la democracia en Guatemala, El Salvador y Honduras. Aquí te presentamos los seis reportajes que se trabajaron de forma colaborativa con periodistas de distintos medios de comunicación.

Ver, oír y callar en el gobierno de Nayib Bukele

Hay un régimen de terror contra los empleados de gobierno que osan revelar las deficiencias en los sistemas de salud y educación, o simplemente ejercer el derecho a la libertad de expresión y contradecir de paso la propaganda gubernamental. Todo aquello que ponga en duda la eficacia o la imagen de la administración entra en el campo minado del crimen y del consecuente castigo. Espionaje, humillaciones y chantajes son algunos de los mecanismos de los que se vale el gobierno de Bukele para intentar reprimir reclamos de derechos laborales o señalamientos hacia todo aquello que controvierta el discurso oficial.

Constructoras y farmacéuticas acusadas de corrupción siguen recibiendo millonarios contratos del Estado guatemalteco

Los representantes legales y fundadores de estas empresas enfrentaron a la justicia por pagos de sobornos, malos manejos de fondos o contrataciones opacas. Sin embargo, eso no impidió que el Estado durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei siguieran requiriendo sus servicios y les inyectaran recursos con millonarios contratos de obra pública o adquisición de medicinas. Algunos de estos contratos sobreviven hasta el año 2024 cuando gobierna Bernardo Arévalo. Estas son las empresas que resistieron una embestida anticorrupción sin parangón en el país y que en conjunto han firmado contratos con el Estado de Guatemala por US$1.8 millardos (Q14 millardos).

El estado de excepción hondureño: sin éxito, pero con víctimas

No hay evidencia estatal que sostenga que el estado de excepción hondureño, decretado hace casi dos años, haya tenido éxito en acabar con las extorsiones pandilleras y reducir la violencia. Lejos de eso, los casos de abusos policiales cometidos bajo estos “súper poderes” otorgados a los uniformados van desde tortura, agresiones sexuales, desapariciones e incluso asesinato.

¿Qué Ejército quiere el comandante en jefe Bernardo Arévalo?

“El Ejército de Guatemala no es botín de nadie”. El 1 de septiembre, en la conmemoración del 151 aniversario de la Escuela Politécnica y el día del Cadete, el presidente Bernardo Arévalo redundó en una idea que ha repetido desde que se convirtió en comandante general de las Fuerzas Armadas en enero: casi 30 años después de los acuerdos de paz del 96, el ejército guatemalteco no cumple el principio constitucional de ser apolítico. En ese mismo discurso, Arévalo denunció las “debilidades” que “ponen a la institución militar al servicio de políticos de turno y de otros actores poco transparentes e incluso criminales”.

Las cortes grises que amenazan a la primavera de Arévalo

A las 10 de la mañana del viernes 21 de junio, en el Fórum Majadas en la zona 11 de la capital todas las cámaras y comentarios en voz baja apuntaban a la misma persona: Roberto López Villatoro. Considerado uno de los grandes operadores políticos de las últimas dos décadas en Guatemala, “El Rey del tenis” reaparecía en público ante los ojos de decenas de periodistas nueve meses después de ser exonerado de cargos de corrupción, y lo hacía justo en el lugar y momento en que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elegía a sus representantes en las Comisiones de Postulación para seleccionar magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Nunca antes fue tan democrático, ni tan complicado, elegir gobernadores 

Es temprano aún para concluir si la elección de las gobernaciones departamentales fue o no un éxito o siquiera una medida acertada, a partir de las reformas que el presidente Bernardo Arévalo De León aplicó cuando apenas asumió la Presidencia de Guatemala en enero de 2024. En un solo acto cambió la dinámica que prevaleció durante dos décadas para elegir a los representantes del Ejecutivo en cada uno de los 22 departamentos del país.

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