Durante los cuatro años de la presidencia de Alejandro Giammattei, la Fiscal General Consuelo Porras insistió en que no había investigaciones contra el exmandatario. El Ejecutivo se encargaba de reiterar ese mensaje. En una ocasión, Giammattei reconoció que la jefa del MP era su amiga y en 2022 la reeligió en un proceso cuestionado.

Según el sistema del ente investigador a Giammattei lo denunciaron en ocho ocasiones durante su gestión, pero siete de estos casos fueron archivados.

En contraste, el presidente Arévalo registra diez denuncias en su contra solo en los cinco meses que lleva de gobierno. La Fiscalía de Delitos Administrativos recibió cuatro de estos casos, de los cuales dos se encuentran con una solicitud de antejuicio activa, es decir, que se plantea retirar la inmunidad al mandatario. Otras dos fueron archivadas.

Esta decena de casos contra el presidente se suma a la investigación por la toma de la Universidad de San Carlos (Usac), por el que se solicitó retiro de antejuicio contra Arévalo el año pasado, siendo presidente electo.

Triple afrenta

El presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, es el principal acusador del presidente Arévalo, pues planteó tres denuncias en su contra. Dos de estas fueron asignadas a la Fiscalía de Delitos Administrativos el 11 de marzo y el 10 de abril, por los delitos de nombramientos ilegales y abuso de autoridad, respectivamente.

Ambas denuncias se muestran en estado de antejuicio. Sin embargo, el caso por nombramientos ilegales ya se encuentra en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal. Por otro caso, ese juzgado también conoce otra denuncia interpuesta contra la exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega y su esposo Orlando Alberto Furlán Cámbara. Por este proceso, el MP citó a Santiago Palomo, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). 

El juzgado Noveno Pluripersonal lo integran los jueces Guillermo Luna y Mario Selvin Portillo. Marjorie Azpurú había sido trasladada a otra judicatura, pero recientemente fue restituida a este juzgado por un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) y debería volver a sus funciones en lugar de Portillo.

Entre los procesos que lleva este juzgado se encuentra una de las acusaciones contra el exfiscal contra la corrupción, Stuardo Campo. Además, en 2022 autorizó una orden de captura en contra de la exjefa del MP, Thelma Aldana. A finales de diciembre, este Juzgado otorgó amparo definitivo a un grupo de abogados para garantizar la alternancia del poder en el Ejecutivo el 14 de enero, este fallo fue apelado por la FECI. 

La tercera denuncia planteada por Méndez Ruiz contra Arévalo se presentó el 11 de marzo y fue asignada a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia el 15 de ese mes por los delitos de sedición y abuso de autoridad. Según una publicación en su cuenta de X, esta fue interpuesta por las declaraciones del presidente en contra de la gestión de Consuelo Porras al frente del MP. 

La demanda fue interpuesta “debido a su intención continuada de deponer de su cargo a la Fiscal General Consuelo Porras. Durante los 2 meses de su gestión, Arévalo no ha hecho más que eso”, se lee en el tuit.

La FCT se fundó en 2013 con el objetivo de defender a los militares retirados y civiles acusados de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno en Guatemala; en 2016 evolucionó a oponerse a través del sistema de justicia a los casos investigados por la CICIG; y en la actualidad ha promovido la persecución penal y criminalización en contra de jueces, fiscales, periodistas y activistas de derechos humanos. Uno de los casos en los que la FCT ha tenido participación es el juicio contra el fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien lleva más de 600 días en prisión.

El caso de oficio 

El 18 de abril, el MP inició una investigación de oficio contra Arévalo por el delito de abuso de autoridad en la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia.

eP Investiga solicitó al MP por varias vías más información sobre ese caso, pero no se obtuvo respuesta por parte de los voceros ni del departamento de Comunicación Social del ente investigador. 

El pasado 7 de mayo, durante una conferencia de prensa que la fiscal General Consuelo Porras dio junto a un equipo de fiscales del MP, la funcionaria dio a entender que el MP solo actúa cuando un hecho es denunciado. 

“El MP es un ente técnico y profesional que investiga absolutamente todas las denuncias que son puestas del conocimiento, y si La Hora tiene alguna denuncia aquí los esperamos, traigan sus denuncias y los medios de prueba a efecto de ver el resultado», respondió Porras al reportero de ese medio cuando le consultó si investigaba de oficio a Giammattei o a su pareja Miguel Martínez. 

Abuso de autoridad y acuerdo con Unops 

La última denuncia registrada en el sistema del ente investigador fue interpuesta el pasado 17 de junio por Victor Hugo Argueta Corado, quién acusa al mandatario y al Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica por el delito de abuso de autoridad. Esta fue asignada a la Fiscalía de Delitos Administrativos.

En su perfil de LinkedIn, Argueta Corado se define como “empresario exitoso, profesional, filántropo, científico, estadista, visionario, asesor, consultor y conferencista internacional”.  En ese portal también describe que se “graduó de abogado y notario en la Universidad de Harvard”. Por otro lado, en su cuenta de X felicitó al presidente Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera por su triunfo en las elecciones el 20 de agosto y por la toma de posesión el 15 de enero.

Otra de las denuncias fue revelada por eP Investiga, se trata de una queja interpuesta por Jorge Guillermo Alvarado, alias “El Buki” el pasado 27 de abril por la firma del contrato suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). 

Lemus se autoidentifica como periodista de investigación, y admite haber estado en prisión en varias ocasiones por narcotráfico.

El sindicato de Joviel Acevedo

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) liderado por Joviel Acevedo se ha asumido como un opositor de la actual administración. Primero, contra la decisión del mandatario para frenar el seguro médico escolar promovido por Giammattei; y, por otro lado, rechaza la insistencia de la gestión actual por hacer pública la negociación del nuevo Pacto Colectivo.

El sistema del MP reporta que ocho directores de escuelas presentaron denuncias en contra del mandatario desde cuatro departamentos del país. Estos profesores pertenecen a los comités departamentales del sindicato liderado por Acevedo.

El 27 de febrero, la Fiscalía de Delitos Administrativos recibió la denuncia de Pedro Noé Pacheco Cuá contra el mandatario por abuso de autoridad. Pachecho es director de la escuela “Jesús Carranza Juárez” del Cantón Chuisuc, Totonicapán. Según un acta de licencia de 2020, el profesor pertenece al comité departamental de ese sindicato.

Por el mismo delito, se envió el 8 de mayo pasado otra denuncia contra el mandatario a la Fiscalía Distrital de Santa Cruz del Quiché. Esta fue interpuesta por Renaldo de Jesus Rosales Gamarro, Luis Emilio Gil Barrios y Marcelo Esteban Chavez Zacarías. Los tres son profesores en ese departamento, según la información pública de oficio del Ministerio de Educación.

El 17 de mayo fue asignado un caso en la Fiscalía Distrital de El Progreso, por una denuncia interpuesta por Mario Antonio Canté Veliz, quien acusó al mandatario por el delito de abuso de autoridad. Este proceso fue archivado. 

Una publicación del STEG en su cuenta oficial de Facebook lamentó el fallecimiento del padre de Canté Veliz en la que también se indica que el profesor es secretario ejecutivo departamental en El Progreso.

Otra de las denuncias fue asignada a la Fiscalía Distrital de Jalapa el 26 de abril, pero ya fue archivada porque el ente investigador determinó que lo denunciado no es delito. La queja fue interpuesta por los profesores Joselino Agustín Damián, Huber Arnoldo Jiménez y Juan Estuardo Marroquín Polanco. Este último también es tesorero del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Baloncesto. 

Lo que causa extrañeza 

Javier Monterroso, abogado independiente y exsecretario privado del MP, explicó que todas las denuncias presentadas contra personas que gozan de derecho de antejuicio deben ser enviadas a una judicatura para que se siga el procedimiento. 

“Se deberían remitir todas las denuncias que entran al MP porque este no aparece ni una vez citado en la Ley de Antejuicio, primero hay que quitarle la inmunidad a la persona y luego el MP puede empezar a investigarlo, no puede antes de que se levante el antejuicio porque si no estaría cometiendo un delito que se llama infracción de privilegio”, explicó Monterroso. 

Al abogado le causa extrañeza que solo las denuncias contra Arévalo se manden al Organismo Judicial y no las que se interpusieron contra Giammattei.

Monterroso cree que la Corte Suprema de Justicia “no va a entrar a conocer estas denuncias mientras no termine las elecciones de Cortes”. Agregó que ninguna de las denuncias le parece lo suficientemente sustentada “como para que se levante el antejuicio”, subrayó. 

Juan Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas, opina que el MP ha sido utilizado para “procurar sistemática impunidad a favor de actores corruptos, principalmente todos los involucrados en los casos de la Antigua CICIG y FECI, lo cual explica por qué en estos casos están inoperantes y se están cayendo”.

Según Muñoz, el debilitamiento del MP se ha visto también en su poca capacidad de presentar resultados de persecución penal real a la ciudadanía y su enfoque en temas políticos. 

“El porcentaje de desestimaciones que está haciendo el MP supera la cantidad de casos que ingresa. Esto podría constituirse en una forma de virtual denegación de Justicia, lo cual no solo es delito, es una violación a los Derechos Humanos”, subraya el analista.

Sin renuncia

Desde junio del año pasado, miles de personas exigieron la renuncia de la fiscal general por su intento de anular los resultados electorales e invalidar al partido Movimiento Semilla por el que llegó Arévalo a la Presidencia. Desde su campaña para la primera vuelta, el ahora mandatario dijo que exigiría la dimisión de la jefa del MP por solapar las denuncias públicas de corrupción en los dos gobiernos anteriores.

Arévalo presentó al Legislativo una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del MP. Sin embargo, esta propuesta no se ha incluido en la agenda. 

El 24 de enero, Porras publicó un video en las redes sociales del MP en el que decía que no iba a renunciar. Posteriormente, durante la conferencia de prensa del 7 de mayo atribuyó las acciones de Arévalo como “ataques sistemáticos” para detener las investigaciones de la fiscalía. 

Porras ha sido incluida en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, además, tiene prohibido el ingreso a 42 países por sus intentos de “socavar la democracia”, según se detalla en las sanciones impuestas.

Se pidió una postura de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y respondieron que las investigaciones que el MP sostiene son espurias y carecen de fundamento. “Van a caer por su propio peso”, indicaron.