En febrero de 2020, cuando se repitieron las elecciones de las cortes, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ya había sido desmantelada y Roberto López Villatoro –alias Rey del Tenis y operador estrella en el amaño– había sido procesado en el caso Comisiones Paralelas 2014. Los partidos eran débiles y las burocracias de abogados se adelantaron a repartirse los cargos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las 45 Salas de Apelaciones. No les costó convencer a Gustavo Alejos –un operador experimentado, pero en otros campos de los negocios turbios y el tráfico de influencias– para que se encargara de la repartición de las cartas.

Los visitantes del sanatorio

Alejos, operador de grandes negocios en la política y privado de libertad desde 2015 por varios delitos graves, había sido beneficiado en noviembre de 2019 por la jueza suplente Eva Recinos, la misma que un mes antes autorizó el internamiento por supuestos quebrantos de salud de la excandidata presidencial Sandra Torres en el mismo Sanatorio de Ciudad Nueva, zona 2. 

Sospechando que se trataba de una triquiñuela, los fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo el mando de Juan Francisco Sandoval, fueron autorizados por la jueza Erika Aifán (ambos actualmente en el exilio) para vigilar los entornos de un discreto centro de salud en un barrio de la Ciudad de Guatemala. Lo primero que llamó la atención de los fiscales fue la actividad intensa del “enfermo”. Varias veces al día, Alejos cruzaba la calle de un sector del sanatorio al otro y recibía visitas a todas horas.

Entre el 12 y el 16 de febrero, Alejos recibió no menos 20 visitantes, de los cuales 16 quedaron registrados en un listado público de la FECI. Se trató de nueve aspirantes a magistrados; tres integrantes de las Comisiones, de los cuales dos eran al mismo tiempo candidatos; cuatro diputados de diferentes bancadas aliadas de Giammattei, y cuatro operadores, uno gremial y tres informales.

Entre los visitantes fueron identificados nueve aspirantes a magistrados

Carlos Humberto Rivera Carrillo: excandidato a diputado y activista anti-CICIG; fue electo magistrado de la CSJ.

Juan Carlos Godínez: líder de la asociación Abogados de Mixco, con peso específico en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). No fue electo a pesar de su puntuación perfecta de 100.

Hilda González Donado: apadrinada por uno de los abogados de Alejos, Ismael Ajín; fue elegida magistrada de Sala.

José Roberto Alvarado Villagrán: hasta entonces juez de Quetzaltenango, tesorero de la Asociación de Jueces y Magistrados del juez Mynor Moto; fue elegido magistrado suplente de Sala.

María Eugenia Castellanos Cruz: fue jueza del tribunal de mayor riesgo B que dejó en libertad al general Mauricio Rodríguez Sánchez en un caso de genocidio; su hija Heidi Delgado también pasó a la nómina de Sala.

Allan José Castro Tejada: fue secretario general de Roxana Baldetti, con alta exposición mediática, y operador de Gustavo Herrera. Fue quien repartió la baraja en las elecciones de cortes de 2014. Quedó descartado. 

Selvin Flores Divas: se inscribió en las dos nóminas y quedó en Sala de Apelaciones; es hermano del entonces diputado Jairo Flores, de la UNE, y que ahora es jefe de bloque del partido VOS.

José Luis Samayoa Palacios: fue magistrado de Sala en Antigua Guatemala y elegido en 2020 para la CSJ. 

Héctor Ricardo Echeverría: fue magistrado de Sala y elegido para la CSJ; en 2012 la CICIG lo incluyó en el caso “jueces de la impunidad”.

Los integrantes de Comisiones de Postulación que visitaron a Alejos

Dennis Herrera Arita: comisionado por el CANG; fue representante legal del exdiputado Luis Fernando Pérez, capturado por delitos de corrupción en el Ministerio de Salud en 2017; siendo auxiliar fiscal del MP, en el caso Víctor Rivera (antiguo encargado de un comando antisecuestros), la jueza Blanca Stalling lo acusó de delitos de conspiración y obstrucción a la justicia.

Romeo Monterrosa Orellana: exmagistrado de Sala y exdefensor del narcotraficante Guayo Cano y de su esposa, entre otros líderes del crimen organizado; fue reelecto magistrado de Sala.

Geisler Pérez Domínguez: juez tercero de primera instancia penal, llevó el caso contra la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo; fue elegido magistrado de Sala. En 2023 fue sancionado en la Lista Engel.

Los diputados visitantes:

Sofía Hernández: fue diputada del Partido Patriota (2012-2016), Lider (2016-2020) y UCN (2020-2024). Entonces era primera vicepresidenta del Congreso; vinculada, según varias publicaciones, con el grupo narcotraficante Los Huistas, socios del cártel de Sinaloa. Algunos miembros de su familia son extraditables.

Hellen Ajcip: diputada por el partido Viva, su padre, Joel Ajcip, era aspirante a magistrado de Salas, pero quedó fuera.

Estuardo Vargas: entonces jefe de bancada de la UNE, operador en el puerto Santo Tomás de Castilla, delegado de Sandra Torres ante Giammattei y Miguel Martínez; sancionado por Estados Unidos con lista Engel y bajo investigación de la Ofac por lavado de activos.

Carlos López Maldonado: diputado de la UNE, heredero del cacicazgo de su padre en Quiché, quien fue sindicado por la CICIG en el caso Plazas Fantasma.

Los operadores:

Estuardo Gálvez Barrios: exdecano de Derecho y exrector de la Usac, integró varias Comisiones de Postulación y lideró una de las coaliciones de abogados más influyentes en el CANG, especialmente en el periodo 2014-2020; cuando se presentó como candidato a magistrado de la CC por parte del CANG, la fiscal Consuelo Porras ordenó su captura.

Ana María Villegas: antigua militante del partido Democracia Cristiana del cual fue diputada en 1996-2000. Fue interventora de Migración en 2008 y en 2013 se le señaló de malos manejos en el IGSS; en 2020 trabajaba para el Fondo de la Vivienda.

Manuel Antonio López Custodio: fue colaborador en la campaña de Jimmy Morales, candidato a alcalde de Mixco por el FCN; en 2018 fue nombrado director del Fondo Social de Solidaridad.

Norma Mérida Maldonado: fue candidata a alcaldesa por el partido Vamos de Giammattei, ha sido proveedora del MAGA y sus dependencias, familiar del exdiputado Luis Contreras Colindres, cuyo hijo y sobrino sufrieron ataques armados mortales.

De los visitantes, 11 pretendían un cargo en las cortes y 8, efectivamente, fueron elegidos.

La repartición de las magistraturas

El 18 de febrero de 2020, los fiscales de la FECI allanaron el sanatorio ubicado en la 11 avenida 7-21 de la zona 2 e incautaron documentación que revelaba cómo ese mismo día, horas más tarde, iba a votar la mayoría de los comisionados para integrar las cortes. El listado era único e incluía 270 nominados para Salas de Apelaciones y 26 para la CSJ.

Los delegados que formaban parte de la conspiración en ambas comisiones, reunidos oficialmente en la Universidad Mesoamericana, esperaban ansiosos la “lista oficial”, de acuerdo a uno de los delegados, Romeo Monterrosa, citado en una entrevista. Como eran tantos nombres y para evitar confusiones a la hora de las votaciones, colocaron “banderas” en las esquinas de las mesas, personas que con señas confirmaban quiénes eran los elegibles. Uno de estos “banderas” fue el delegado del CANG, Salvador Soto.

Entre los documentos encontrados en el sanatorio, uno resumía las cuotas que les correspondían a los actores relevantes. Como se puede observar abajo, en las tablas que en su momento presentó el fiscal Sandoval, los más beneficiados fueron los magistrados de la CSJ (65 cargos), el exrector Gálvez Barrios (40), el Instituto de Magistrados (30) y Luis Fernando Ruiz Ramírez, expresidente del CANG (20). Por cada delegado había cupo teórico de diez magistraturas. 
eP Investiga estima que el 86 por ciento de los apadrinados (mediante la asignación de una letra, como se verá más adelante) fueron elegidos como magistrados de Salas y de la CSJ, aunque entre los “independientes” se detectó un selecto grupo con visa propia en el sistema de corrupción e impunidad.

Los anteriores documentos fueron localizados por la FECI en el sanatorio donde permanecía Gustavo Alejos y detallan cómo se asignó a cada comisionado el candidato al que elegiría.

Cabe agregar que en la Comisión para postular magistrados de Salas de Apelaciones fueron los delegados de la CSJ quienes votaron, y viceversa. Así que la componenda entre magistrados de ambas cortes se traduce en “yo por ti y tú por mi”. Los delegados del CANG también se bifurcaban en ambas comisiones, pero en este caso los líderes de las agrupaciones gremiales podían tener doble palanca, como ocurrió con Gálvez Barrios y Ruiz Ramírez: el exrector respondía a sí mismo y a una coalición de agrupaciones de abogados de los departamentos, igual que Ruiz, aunque con una plataforma menor.

El otro documento localizado en los allanamientos fue la nómina completa de los 296 magistrados elegidos informalmente y bajo reglas propias que se daban los actores, y que fueron designados para que el Congreso los ratificara. 

De estos 296, como se dijo, 270 corresponden a magistraturas de Salas de Apelaciones y 26 a magistraturas de la CSJ. En cada nombre se identifica en el margen izquierdo, fuera de la tabla, la inicial del “padrino”. Así, la letra “g” corresponde a Estuardo Gálvez, la “c” a la CSJ, la “i” al Instituto de Magistrados de la Corte de Salas de Apelaciones, y así sucesivamente. 
eP Investiga tuvo acceso a dos fuentes vinculadas a las partes procesales –que pidieron no ser identificadas– para comparar esta nómina y fue totalmente coincidente.

A continuación presentamos una reconstrucción de eP Investiga de las nóminas a las que tuvo acceso con el consentimiento de partes procesales. Respeta nombres y nomenclaturas a sabiendas que hay números que se repiten.

Reglas propias para corromper la justicia

En las elecciones de cortes de 2014 fue fuerte el dominio político sobre las comisiones de postulación. Los poderosos partidos de entonces, el PP y Lider, partieron el pastel en dos, previendo que en 2016 asumía Manuel Baldizón, de Lider, y en 2020 Alejandro Sinibaldi, del PP. 

Sus operadores directos fueron Gustavo Herrera, implicado en un desfalco millonario del IGSS en el gobierno del FRG, y Juan de Dios Rodríguez, entonces presidente del Seguro Social.

En 2020, el poder político estaba más diluido entre partidos débiles (FCN saliente y Vamos entrante) y aunque existía un vivo interés del Pacto de Corruptos de recapturar las cortes, fueron las instancias gremiales y burocráticas organizadas, y con conocimiento, las que tomaron la delantera: la CSJ, el Instituto de Magistrados (Corte de Salas) y las facciones del CANG; los rectores y decanos de las universidades fueron invitados de ocasión, excepcionalmente tomaron iniciativa propia en esas componendas.

Replicando este esquema en 2024, los operadores gremiales y las burocracias judiciales están desde ya tomando la iniciativa para reelegir un buen número de magistrados y mantener capturada la justicia. Reaparecen los operadores del pasado, como el Rey del Tenis y Estuardo Gálvez (ambos recuperados de los golpes recibidos), compitiendo con Néster Vásquez (ahora presidente de la CC) y Silvia Valdez (expresidenta de la CSJ), entre otros. 

En estos procesos, el financiamiento no es tan importante como las conexiones. En lenguaje empresarial, se trata de una pre-inversión y es más adelante que los grandes electores cobran millonarias sumas a los usuarios por el derecho de uso del sistema.