Un informe entregado a eP Investiga por la Dirección de Seguridad de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) confirma que tanto Luis Miguel Martínez Morales como otras 23 personas contaron con seguridad presidencial durante la administración de Alejandro Giammattei.
De acuerdo con la información proporcionada por la SAAS mediante la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en 2020 se utilizaron 63 agentes de seguridad presidencial para resguardar a personas ajenas a las familias de los entonces mandatario y vicemandatario.
En 2021, la cifra de agentes de la SAAS que cuidaron a personajes de la política guatemalteca por orden presidencial se incrementó a 71. Mientras que en 2022 el número fue de 60. Durante 2023, el total de agentes de seguridad presidencial que fueron utilizados para cuidar a personalidades fue de 56.
El informe de la SAAS detalla que las personas que recibieron cuidado de la SAAS tenían dos grupos a su disposición. Mientras un grupo estaba activo, el otro descansaba y viceversa.
El hombre fuerte de Giammattei
De Miguel Martínez se conoce extraoficialmente que es la pareja sentimental del exmandatario y fue director del Centro de Gobierno, una oficina que funcionó en 2020 y que Giammattei creó específicamente para darle poder político sobre todos los ministros y secretarios que conformaban el Organismo Ejecutivo.
En 2020, Martínez Morales, tuvo a su disposición seis agentes de la seguridad presidencial, divididos en dos grupos. Paradójicamente en 2021 y 2022, cuando Martínez ya no era funcionario público, la SAAS le incrementó su seguridad y pasó de tener seis agentes a ocho, quienes trabajaban en dos turnos.
En 2023, el exdirector del Centro de Gobierno tuvo a su disposición un total de cinco agentes, de los cuales tres trabajaban en un grupo y dos en el otro.
Aunque las dudas sobre el uso de agentes del Estado para proteger a Martínez persistieron a lo largo del mandato de Giammattei, el entonces secretario de Comunicación social de la presidencia negó en su momento que este hubiera contado con agentes de la SAAS.
Además, el 20 de enero de 2023, el entonces diputado Aldo Dávila preguntó de forma oficial a la SAAS de Giammattei si Martínez Morales contaba con vehículos y seguridad proporcionada por esta institución, sin embargo, la respuesta que recibió el exlegislador fue que no contaba ni con vehículo, ni con agentes para su seguridad.
Aunque uno de los ofrecimiento de campaña de Giammattei fue desaparecer la SAAS esto nunca se cumplió, por el contrario, Giammattei hizo uso de los recursos de la institución para resguardar a personas a quienes la ley no les otorgaban esta prebenda.
En un mitin político en 2019, Giammattei señaló: “El 14 de enero del año 2020 les voy a pedir a mis diputados la abolición de la SAAS, que nos cuesta a los guatemaltecos Q14 millones al mes para darle de hartar al presidente y al vicepresidente de este país, mientras la gente no tiene ni qué comer. Con la desaparición de la SAAS vamos a construir el nuevo Hospital Roosevelt en dos años y la remodelación del San Juan de Dios en los otros dos años”.
Diputados cercanos a Giammattei
Entre los personajes políticos que aparecen con seguridad recurrente de la SAAS destacan los diputados Maynor Gabriel Mejía Popol, uno de los hombres cercanos al presidente y testaferro del esposo de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Mariano Paz.
El diputado reelecto de la bancada Vamos, contó con cuatro agentes divididos en dos turnos durante los primeros dos años, mientras que en 2022 y 2023 se le asignaron dos agentes, uno por cada turno.
Mientras tanto, el diputado Manuel Conde Orellana, electo por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), pero que compitió por la presidencia con Vamos en las elecciones de 2023, contó con seis agentes de seguridad a lo largo de 2023 según detalla el informe de la Secretaría.
El “estratega político”
El panameño Poll Anria, que fue durante la campaña electoral de 2019 el estratega político de Alejandro Giammattei, se vio beneficiado también con agentes de seguridad de la SAAS.
A lo largo de los cuatro años de Giammattei, Anria contó con dos agentes de seguridad divididos en dos turnos.
El informe detalla que desde el año 2020 hasta finales de 2023, y sin tener ningún puesto oficial en el Gobierno, el panameño disfrutó de agentes pagados por los contribuyentes guatemaltecos.
En el informe entregado por la Secretaría se señala a Anria como “asesor del presidente de la República”, aunque oficialmente no aparecía contratado bajo ninguna institución del Organismo Ejecutivo.
Ministros con protección de la SAAS
Otros personajes a los que la SAAS también brindó seguridad a lo largo del gobierno de Giammattei fueron sus ministros más cercanos.
A Felipe Armando Aguilar Marroquín, quien fue nombrado Ministro de Cultura y Deportes, se le asignaron agentes de seguridad desde 2021, según el informe de la SAAS.
Aguilar, quién trabajó de la mano de Miguel Martínez en el Centro de Gobierno, pasó después a la cartera de Cultura y Deportes en donde gozó de seis agentes de seguridad en 2023, divididos en dos turnos.
Al año siguiente le redujeron la seguridad a cuatro personas, divididas en dos turnos con dos agentes en cada turno, y cerró el año 2023 también con cuatro personas destacadas para su protección.
El otro ministro que gozó de agentes de seguridad durante la administración de Giammattei fue Mario Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores, a quién desde el año 2021 se le asignaron cuatro custodios, al igual que a Pedro Brolo, quien también estuvo a cargo de la misma cartera y tuvo asignada seguridad de la SAAS en 2020 y 2021.
Secretarios con seguridad
Carlos Sandoval, quien fungió como secretario de Comunicación Social de la Presidencia en el primer año del Gobierno de Giammattei, también tuvo seguridad de la SAAS. Según el informe, Sandoval contó con dos agentes de seguridad durante el primer año de la administración anterior.
A pesar de haberse retirado del cargo, Giorgio Bruni, quien empezó como Secretario Privado de la Presidencia, mantuvo un agente de seguridad de la SAAS durante los cuatro años de gobierno.
Los otros tres secretarios privados que le sucedieron a Bruni (Mynor de la Rosa, Janio Rosales y Geovany Estrada Samayóa) también contaron con seguridad mientras ostentaban el puesto.
El subsecretario de Asuntos Políticos, Marco Aurelio Pineda Castellanos –hijo de Marco Aurelio Pineda Colón, vinculado a “la oficinita”– contó con dos agentes de seguridad a lo largo del Gobierno de Giammattei.
La Secretaria general y magistrada
Leyla Lemus, que inició en el Gobierno como secretaria general de la Presidencia, contó los dos primeros años del Gobierno con dos agentes de seguridad de la SAAS repartidos en dos turnos.
Sin embargo, para 2022 –cuando fue designada como Magistrada Titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Organismo Ejecutivo– la SAAS aumentó un agente a su seguridad, por lo que tuvo asignados un total de tres personas en 2022 y 2023.
El magistrado de la corte de apelaciones Carlos Ramiro Contreras Valenzuela también gozó de seguridad durante los cuatro años del Gobierno de Giammattei. Según el informe de la SAAS, durante los cuatro años tuvo asignados a dos agentes de seguridad.
También el titular de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, gozó de agentes de seguridad durante el tiempo que estuvo al frente de la institución.
Asturias, según el informe de la SAAS, tuvo un total de seis agentes divididos en dos turnos durante 2020, mientras fungía como comisionado.
SAAS sugiere que fue orden presidencial
Al preguntarle a la SAAS cuál fue la justificación para brindar seguridad presidencial a personas que no son familiares del presidente o vicepresidente, la entidad respondió que se basan en lo establecido en el artículo 6 literal E de la Ley de la SAAS y los incisos B y D del artículo 10 del reglamento de la Ley de la SAAS.
El artículo 6 de la Ley de la SAAS establece que el jefe de dicha instancia debe “dirigir las actividades para brindar seguridad permanente y asistir en su movilización al Presidente, Vicepresidente de la República y a sus respectivas familias; además, velará por el pronto y eficaz trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la SAAS, así como la representación de la misma”.
El inciso E de dicho artículo también refiere que la SAAS debe responder a “todas aquellas atribuciones y responsabilidades que de acuerdo a la presente Ley y su Reglamento, le asigne el Presidente de la República”.
Por su parte el inciso B del artículo 10 del reglamento expone que al secretario de la SAAS le corresponde “cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones que emanan del Presidente de la República, en el ámbito de su competencia”.
Mientras que el inciso D del mismo artículo del reglamento manda que el jefe de la seguridad presidencial debe “coordinar y brindar, a través de las unidades correspondientes, la seguridad personal del Presidente y Vicepresidente de la República y sus respectivas familias; así como a los expresidentes, exvicepresidentes y a las demás personas que expresamente le indique el Presidente de la República”.
Reglamento desnaturaliza objeto de la ley
El diputado, José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien ha fiscalizado el uso de seguridad presidencial durante el gobierno de Alejandro Giammattei, indicó que el reglamento de la SAAS es discrecional y desnaturaliza el objeto de la Ley de la SAAS que en su artículo 2 establece que la entidad existe para brindar seguridad al presidente, vicepresidente y sus familias, así como jefes de Estado que visiten nuestro país y los candidatos a la presidencia que pasen a segunda vuelta.
“El reglamento es discrecional y puede conducir a un presidente a caer en posibles delitos como abuso de autoridad y cohecho, porque todos sabemos que la SAAS fue creada para cuidar a los presidentes, vicepresidentes y sus familias, no a personas particulares”, expresó Chic.
El congresista de VOS también dijo que sería positivo que la Presidencia realice una evaluación del reglamento para determinar si es conveniente modificar lo regulado para evitar que existan este tipo de situaciones que evidencian el mal uso de los recursos de la SAAS.
Por su parte Manfredo Marroquín, socio fundador de Acción Ciudadana Capítulo Transparencia Internacional, calificó como “abuso de poder” por parte de Giammattei haberle brindado seguridad presidencial a personas ajenas al Organismo Ejecutivo como es el caso de Miguel Martínez, su asesor Poll Anria, diputados y magistrados de justicia.
“Es un total abuso de poder porque se aprovecharon de un reglamento laxo para brindarle un esquema de seguridad a una pareja no declarada del presidente y otras personas que no vienen al caso como su estratega político”, comentó Marroquín.
El fundador de Acción Ciudadana también criticó el papel de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que no realizó ningún hallazgo al respecto en los informes anuales de auditorías durante los cuatros años que gobernó Giammattei.
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