La revelación del caso B410, que involucra a cientos de empresas de cartón que fueron utilizadas para evadir millones de quetzales en impuestos, podría llegar a exfuncionarios si el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras decide realizar una investigación a fondo, señalan actores políticos con conocimiento de la denuncia.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) logró identificar a la estructura visible y operativa de esta organización, sin embargo, no llegó hasta el fondo del caso, debido a que carece de facultades para ahondar en el tema más allá del ramo fiscal, tal y como lo explicó el mismo superintendente Marco Livio Díaz. 

Según explicaron a eP Investiga actores que conocen pormenores del caso, entre las empresas involucradas que relaciona la SAT como contratistas del Estado que utilizaron la red B410 para evitar el pago de impuestos, figuran 16 compañías que habrían efectuado transacciones con el grupo de empresas B410 evadiendo, según la SAT, Q375 millones.

Díaz mencionó en varias oportunidades que las empresas que estaban dentro del grupo de B410, no tenían el equipo, personal, ni la infraestructura para proveer servicios, por lo que las compras realizadas habrían sido una simulación que buscaba evadir el pago de impuestos.

La SAT señaló que tres dependencias estatales efectuaron adquisiciones con las empresas señaladas: la Dirección General de Caminos (DGC) a la que le proveyeron por Q3 millardos 189 millones 870 mil 786, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) que adjudicó a estas empresas Q435 millones 22 mil 906 y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) con Q343 millones 209 mil 222.

El diario La Hora tuvo acceso a la denuncia presentada por la SAT e indicó que en esta aparecen las empresas Asfaltos y Petróleos S.A;, Proyectos Generales y Construcciones; Moscoso Miguel Hugo David; Ericka Azucena Schwartz Castellano León; L&S Construcciones; José Rodolfo Guerra Díaz; Productos Especiales de Concreto; H3 Guatemala; Construpav; José Alfredo Trigueros López; Constructora Maquinaría Materiales y Agregados del Sur; Supervisión Construcción y Mantenimiento; 4 Carriles; Opción Técnica; Construcción Movimiento y Vivienda y Juan Pablo Mansilla Morales.

Asfaltos y Petroleos S. A. está relacionada con Mauricio López Oliva y Ramiro Mauricio López Camey, ambos sancionados por Estados Unidos como actores corruptos y antidemocráticos  por haber “incurrido en importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción”. Pese a estos señalamientos, el MP de Consuelo Porras no ha informado si los empresarios, a quienes además se les relaciona directamente con Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, son investigados.

Giammattei y Martínez, según publicó en su momento el diario elPeriódico, habitaron durante el gobierno Giammattei en una lujosa propiedad en la zona 15, la cual habría sido un regalo de los López previo a que tomaran el poder.

Los López, además, fueron de los principales constructores contratados durante la administración de Giammattei, solo en la Dirección General de Caminos recibieron Q1,960 millones 913 mil 743.85 en contratos en los cuatro años de la administración de Giammattei.

Estos contratos, según políticos que conocieron la relación entre Giammattei, Martínez y los López, es reflejo de la amistad que Miguel Martínez forjó con Mauricio López y las coimas pagadas habrían llegado hasta funcionarios del Ministerio de Comunicaciones.

La bancada VOS, denunció desde la administración de Giammattei, las adjudicaciones hechas a Asfaltos y Petroleos por parte del Ministerio de Comunicaciones, sin embargo, nunca se investigaron estas denuncias.

El ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen Mcfarland señaló en su cuenta de X, tras conocer información sobre el caso B410: “Creo que aquí hay acusaciones serias que la justicia en los EE. UU. debe investigar, sobre todo, el probable uso del sistema financiero de EE. UU. Normalmente se esperaría que el MP tome la batuta, pero…”

El resto de empresas han sido señaladas por casos de corrupción o están vinculadas a políticos o exfuncionarios y han sido señaladas de pago de sobornos.

Miguel Martínez envió una carta al diario La Hora en donde negó que tenga alguna implicación en el caso B410. “De ninguna manera tengo un involucramiento directo o indirecto en la investigación y denuncia realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Esta afirmación está respaldada por el propio superintendente de dicha institución, quien en diferentes medios de comunicación ha reiterado que la denuncia de defraudación en mención se ha realizado en contra de empresas”. Sin embargo, Marco Livio Díaz, señaló que como institución no le corresponde ahondar más allá del tema de defraudación.

Un abogado representa a 209 empresas en Guatecompras

La SAT señaló en su informe a un “abogado”, quien entre los registros actuales e históricos figura como representante legal de casi la mitad de las 410 empresas, por las que nombraron al caso como B410 debido a que la mayoría de estas se ubican en la colonia Banvi, zona 7 en un número de vivienda inexistente.

El abogado es David Francisco Barrera Maldonado, quién aparece según el portal de Guatecompras como representante legal de 209 empresas. Nacido en 1984, empezó a fungir como representante legal de la compañía de cable Intercentro, en donde según los registros de Guatecompras se mantuvo durante años. La empresa fue proveedora del Estado con pauta publicitaria, publicando en los canales de cable anuncios de distintas instituciones del Gobierno, sin embargo, en 2015 fue el último año que proveyó al Estado según los registros de Guatecompras.

Barrera aparece en documentos públicos como abogado de la esposa de José Luis Oropin Mollinedo, el abogado que constituyó una buena parte de las sociedades que sirvieron para defraudar al fisco.

El 16 de agosto, eP Investiga publicó un perfil de Barrera Maldonado, quien se graduó de la Universidad Da Vinci y tiene representación legal en más de 200 empresas.

El MP realizó allanamientos en las oficinas de los abogados Barrera Maldonado y Oropin Mollinedo el pasado 16 de agosto por la tarde.

Intentaron hacer otros negocios

Entre las empresas a las que ha representado Barrera, aparece Corporación Klondike, una compañía que intentó participar para proveer energía solar al INDE, pero el proceso al final fue prescindido por anomalías en el proceso, la empresa que presentó la oferta reportaba la misma dirección que la SAT denunció como inexistente.

Barrera Maldonado era representante de la empresa Corporación Klondike, la cual intentó en 2019, hacerse con la licitación de la compra de energía solar del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) aunque el proceso fue prescindido por la institución luego de que políticos y cámaras empresariales denunciaron que habían anomalías en el proceso de adjudicación.

Las únicas dos empresas que compitieron eran compañías de reciente creación, incluso una de las empresas se había inscrito ante la Superintendencia de Administración Tributaria tres días antes de que se publicara la licitación en el portal electrónico de Guatecompras, mientras la empresa representada por el abogado Barrera se inscribió un mes antes de que se abriera la convocatoria.

Para entonces, el presidente del INDE era Luis Alfonso Chang, a quién Estados Unidos sancionó por usar su posición para asegurar sobornos. Según el gobierno estadounidense, el exministro de Jimmy Morales solicitó sobornos y otros favores a cambio de no revocar una licencia de explotación petrolera. 

“El modus operandi de Chang era usar su posición como ministro para “crear problemas” a un negocio y luego ofrecer una solución a cambio de sobornos y otros favores ilegales”, indicó en 2022 el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Vínculos con otras empresas

Adolfo Ivan Vásquez González es representante legal en 10 sociedades vinculadas también con varias de las empresas de Barrera Maldonado, con la empresa Nesga en donde participaron en algún momento como representantes legales, fueron proveedores del Estado entre 2019 y 2020, recibiendo adjudicaciones por Q60 mil en 2020 con la municipalidad de El Chal y en 2019 con el Tribunal Supremo Electoral. 

En la empresa figura también como representante legal Bryhan Estuardo González Felix, quien a su vez fue representante de Mero S. A., una empresa que entre 2014 y 2015 dio mantenimiento a las patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), todos los servicios que se presentan rondan los Q27 mil, para esta fecha el director de Apoyo y Logística de la PNC era Héctor Florentino Rodríguez Heredia, condenado por asociación ilícita y fraude continuado en el caso Patrullas, en donde la estructura liderada por Rodríguez desvió fondos aparentando que estos eran utilizados para la reparación de patrullas y sedes policiales. 

En la empresa Corporación Nitrox S. A., que también proveyó al Estado en 2014 y 2017 por poco más de Q100 mil, además de Vásquez González, aparece como representante Marya Elena López Chojolán, quién además es representante legal de otras 21 sociedades, la mayoría de estas empresas reportan la misma dirección: 9 avenida 21-86 Zona 11.

Entre las firmas de las que López Chojolan fue representante, figura Canyon Group, S. A., constituida el 14 de junio del 2013 por Oswaldo Enrique Balaña Portillo y López Chojolán, quienes también crearon Coral Gables Business Group, S. A.  Según el Registro Mercantil, Coral Gables, fue creada el 19 de octubre del 2012 y era representada por Rebeca Cordón, quien fue ligada a proceso penal por el arrendamiento de un edificio al Seguro Social, el cual nunca fue utilizado.

Durante el Gobierno de Otto Pérez Molina, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) encontró que varias de las sociedades fueron creadas por abogados y después vendidas para ser utilizadas como empresas de cartón, esto con la finalidad de esconder propiedades y lavar recursos provenientes de coimas. 

Entre las empresas vinculadas por la dirección registrada aparece Halifax Limited, la empresa que ocultaba la propiedad del helicóptero TG-PES que fue regalado al expresidente Otto Pérez Molina, al igual que la empresa Corporación Nitrox S. A. que fue constituida por el abogado José Arenales Farner.

Proveedores con el nuevo Gobierno

Las empresas que son parte del grupo B410 han vendido al Estado en 2024 Q37 millones 131 mil 619.76. La mayoría de adjudicaciones han sido por parte de la empresa Grupo Basado, la cual ha proveído principalmente a la Policía Nacional Civil con 1,969 compras de baja cuantía que suman Q35 millones 808 mil 942.86.

Las últimas adjudicaciones fueron reportadas el 14 de agosto pasado, el mismo día en que la SAT anunció la defraudación al fisco por más de Q300 millones de estas empresas y señaló que congelaría los Números de Identificación Tributaria del grupo de empresas.

En total fueron nueve adjudicaciones las que se publicaron el 14 de agosto, que suman Q37 millones 178 mil 191.84, todas las adjudicaciones fueron por compra de alimentos. Entre las últimas adjudicaciones aparece la adquisición de mojarras, las cuales fueron vendidas en Q49 la unidad de una libra, mientras que en algunos supermercados y ventas de carnes se venden por entre Q19 y Q29 por libra, una diferencia de casi el doble con la que, en teoría, fue comprada a Grupo Basado por la dirección de logística de la PNC.