Grupo Basado, Sociedad Anónima es una de las empresas que denunció la SAT el pasado miércoles 14 de agosto por un caso millonario de evasión de impuestos y que forma parte del entramado del grupo de las 410 compañías en el caso denominado B410. Uno de sus representantes legales figura en más de 200 empresas.

Aunque el superintendente Marco Livio Díaz se reservó los nombres de los representantes legales y socios de Grupo Basado, S. A., los datos están en el portal Guatecompras. En ese registro público se reporta que la sociedad ha cobrado a la fecha Q77 millones 684 mil 876 de 4 mil 244 eventos en compras de alimentos facturados como baja cuantía con el Estado entre los años 2023 y 2024. 

Las compras de baja cuantía son las que tienen un techo máximo de Q25 mil, por lo que pueden adquirirse productos y servicios sin necesidad de entrar a concurso ni licitación. 

Un abogado, cientos de representaciones 

El superintendente de la SAT dijo en la conferencia de prensa del miércoles que “el representante legal y socio –de las empresas señaladas en el caso– es un abogado y notario, afiliado al régimen de pequeño contribuyente, con establecimiento comercial no localizado”.

Según los registros públicos, David Francisco Barrera Maldonado, Jorge Alfredo Chajón Cruz y Eden Armando Hernández Pérez son las tres personas que figuran como representantes legales de Grupo Basado, S. A. Sin embargo, Barrera Maldonado también funge como administrador único en la sociedad y, según el portal de Guatecompras, figura como representante legal en 210 empresas en total. 

“Alteran documentos para inscribirse, usualmente facturas de teléfono para registrar direcciones, ante esa situación la SAT tomó medidas más estrictas”, agregó Díaz. 

Barrera Maldonado nació el 11 de marzo de 1984, en la ciudad de Guatemala, es hijo de Francisco Barrera Reyes y Jesús Del Carmen Maldonado. Es abogado y notario por la Universidad Da Vinci, tiene una licenciatura en Derecho Corporativo por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y actualmente cursa un posgrado en la facultad de Derecho de la misma universidad.

Su oficina jurídica está ubicada en el nivel seis oficina 601 del edificio Torre Masval de la zona 9 y la comparte con su colega, José Luis Oropín. 

“Yo grito que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y tengo que creer por lo menos en mi protesta”, se lee en su perfil de WhatsApp. La frase es atribuida al escritor Albert Camus.

eP Investiga contactó a Barrera Maldonado para conocer su versión sobre el tema, pero no respondió. Los otros dos representantes legales de Grupo Basado, S. A., Chajón Cruz y Hernández Pérez, también tienen representaciones en otras cinco y seis empresas más, respectivamente. 

Otro abogado que quiso ser concejal 

Grupo Basado, S. A.  fue constituida el 29 de agosto de 2022 por el notario José Luis Oropín Mollinedo, un abogado de 42 años que en 2019 se postuló como candidato a concejal suplente 2 con el partido Visión con Valores (VIVA) y que estuvo como técnico I en el Ministerio de Salud Pública en 2012. 

Oropín fungió como notario en otras cuatro empresas más de la red involucrada en el millonario caso de defraudación a la SAT: Inversiones Caddie, Inversiones Humedales, Kaizen Inc y Megalodon, S. A. Estas pertenecen al «Top 9» de las 410 que, según el superintendente Díaz, han tenido más contratos con el Estado. 

El abogado es originario de Gualán, Zacapa. Su madre Alba Leticia Mollinedo Palma de 60 años de edad, figura como directora y tesorera en la sociedad Kras Tech Inc. registrada en Panamá. Aquí también aparece como directora y secretaria Kiara Lucía Mayorga Morales de Oropín, cuñada del abogado. 

“Grupo Basado y las demás empresas no tienen los activos, no tienen la infraestructura, no tienen empleados para realizar estas ventas”, aseguró el superintendente durante la  conferencia de prensa en donde presentó el caso.

Además, explicó que esta sociedad ha facturado principalmente a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, la Subdirección General de Salud Policial y la Unidad Especial Antinarcóticos (Unesa). Todas las anteriores son parte del Ministerio de Gobernación (Mingob).

La primera compra con el Mingob fue el 27 de febrero de 2023, en ella adquirió carne de res, posta de cerdo y queso. En ese entonces aún era ministro David Napoleón Barrientos, quien tomó posesión el 26 de enero de 2022 y estuvo en el cargo hasta el 16 de octubre de 2023, cuando presentó su renuncia y fue detenido luego de oponerse a reprimir las manifestaciones ciudadanas del Paro Nacional.

La denuncia contra esta y el resto de empresas es por el delito de defraudación tributaria, apropiación indebida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y defraudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El monto evadido se calcula, según la SAT, en Q300 millones. 

Caso en manos del MP 

Las pruebas recabadas durante nueve meses por la SAT ya fueron presentadas ante un juzgado y se espera que el Ministerio Público (MP) continúe con las investigaciones de este caso de defraudación de las 410 empresas que según Díaz facturaron al menos Q714 millones en el primer semestre de este año. 

Stephen McFarland, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, publicó en su cuenta de X que el caso denunciado por la SAT ante el MP debería ser investigado por la justicia de su país. 

“Creo que aquí hay acusaciones serias que la justicia en los EE. UU. debe investigar, sobre todo el probable uso del sistema financiero de EE. UU.”, publicó. 

*Con información de Denis Aguilar y Jovanna García