Las predicciones sobre las perspectivas de la política migratoria bajo una segunda administración de Donald Trump son preocupantes. Si bien hay pocas dudas de que un segundo mandato de Trump pintaría un escenario sombrío para los inmigrantes, los titulares no capturan la profundidad de los cambios propuestos o hasta dónde llegaría la administración para implementarlos. Basado en un manual detallado que la extrema derecha estadounidense publicó el año pasado, la realidad de lo que podría surgir es aún más maquiavélica y destructiva de lo que se imaginaba anteriormente.

El Proyecto 2025 es el plan de la Heritage Foundation para dotar de personal y elaborar una serie de acciones ejecutivas concretas para comenzar a implementar desde el primer día de una segunda administración Trump. El documento, referido como un “Mandato para el siguiente gobierno republicano”, fue dirigido por formuladores de políticas públicas que trabajaron para Trump en el pasado y que vieron sus esfuerzos obstaculizados por los burócratas de carrera en la administración pública. Aunque el mismo nominado republicano lo niegue, los datos esclarecen el vínculo entre el expresidente y el Proyecto 2025. De las 38 personas involucradas en la redacción y edición del texto de más de novecientas páginas, 31 de esas personas fueron nominadas para puestos en la administración de Trump o en el equipo de transición, lo que significa que el 81% de los creadores del documento desempeñaron funciones formales en la presidencia del nominado republicano.

Lo que revela el Proyecto 2025 es que los aliados “conservadores nacionales” de Trump planean una administración fundamentada en la retribución y revancha, institucionalizada principalmente a través del mano-durismo migratorio. Aunque los conservadores tradicionales pretenden limitar el poder del gobierno federal en favor de la descentralización y la autoridad estatal, sin embargo, el Proyecto 2025 busca agresivamente una agenda que centraliza más poder en el ejecutivo, socavando los controles y equilibrios esenciales para la democracia.

Según la información proporcionada sobre el Proyecto 2025, hay algunas áreas clave que podrían impactar potencialmente a países centroamericanos como Guatemala si se llegara a cristalizar el plan. El Proyecto 2025 propone cambios significativos en las políticas de inmigración, incluido un aumento de la financiación para un muro fronterizo y la ampliación de los poderes de las agencias de inmigración. 

El capítulo sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue escrito en coautoría por Ken Cuccinelli, quien fue notoriamente director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) durante la presidencia de Trump. El capítulo presenta una visión de una aplicación de las leyes migratorias draconianas mediante el desmantelamiento de DHS, que sería depurada de personal que no sea leal a Trump, dejando la agencia mucho menos sujeta a supervisión. Según el plan delineado en el Proyecto 2025, el DHS sería desmantelado y las agencias relacionadas con la inmigración de todo el poder ejecutivo se combinarían en “una agencia de inmigración y fronteras independiente”—a excepción de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), que se plantea como un ente privatizado. 

Abolir el DHS y empezar desde cero permitiría a la administración Trump expulsar a cualquier persona en el departamento que pudiera amenazar los otros planes establecidos por el Proyecto 2025, como las personas que, durante el primer mandato de Trump, se pronunciaron en contra de políticas como la prohibición de asilo o la separación de menores de sus familias. El capítulo señala que esto requeriría una ley en el Congreso, al igual que muchas de las otras recomendaciones delineadas en las siguientes 34 páginas dedicadas al desmantelamiento de DHS. Todo eso podría ser menos improbable de lo que parece si los republicanos toman el Senado y conservan la Cámara de Representantes en las elecciones generales en noviembre.

Las personas que se encuentran actualmente en los EE.UU. pero carecen de estatus permanente, incluidas las personas con estatus de protección temporal y los cientos de miles de afganos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, ucranianos, y venezolanos admitidos recientemente en el país bajo permiso humanitario, podrían tener su estatus rescindido. Bajo una segunda administración Trump que siguiera el Mandato, los funcionarios del USCIS serían reentrenados para centrarse en “la detección de fraudes en lugar de acelerar el procesamiento”. Los tiempos de procesamiento lentos se utilizarían contra los inmigrantes. Utilizar los números de atrasos para activar la suspensión automática de la admisión de solicitudes para grandes categorías de inmigración legal. Se suspenderían las actualizaciones anuales de las listas de países elegibles para visas de trabajadores temporales H-2A y H-2B, excluyendo así a la mayoría de las poblaciones de llenar vacíos críticos en los sectores agrícola, construcción, hospitalidad y servicios forestales.

Otras implicaciones detalladas en un reporte sobre el impacto del Proyecto 2025, incluyen terminar con el estatus legal de medio millón de Dreamers eliminando el tiempo del personal para revisar y procesar las solicitudes de renovación. La próxima administración republicana que se alinee con el Mandato también despojaría a cientos de miles de personas, muchas de las cuales han estado en los EE. UU. durante décadas, de sus protecciones legales al derogar todas las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS). Casi 700,000 personas perderían protecciones legales y autorización de trabajo al revocar todas las designaciones activas de TPS. No sólo se crearía una enorme carga para que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) intente expulsar a estas personas, sino que también tendría consecuencias devastadoras para el mercado laboral. Familias que han residido en los EE.UU. durante décadas, propietarios de viviendas y negocios, se verían obligados a abandonar el país. 

Para aliviar la presión sobre los centros de detención de ICE, Trump quiere construir enormes campos para detener a las personas mientras se procesan sus casos y esperan los vuelos de deportación. Y para sortear cualquier negativa del Congreso a asignar los fondos necesarios, Trump redirigiría dinero del presupuesto militar, como lo hizo en su primer mandato, para gastar en un muro fronterizo más de lo que el Congreso había autorizado.

Por si esto no fuera suficiente, el Mandato contempla la prohibición a que las y los ciudadanos estadounidenses califiquen para subsidios federales de vivienda si viven con alguien que no tenga ciudadanía estadounidense o no cuente con un estatus de residente permanente legal. Se cancelarían las visas de estudiantes extranjeros que participaran en protestas antiisraelíes o pro palestinas. Se ordenaría a los funcionarios consulares de los EE.UU. en el extranjero que amplíen la evaluación ideológica de los solicitantes de visas para bloquear a las personas que la administración Trump considere que tienen actitudes indeseables. 

Los cambios en la política exterior de Estados Unidos bajo el Proyecto 2025 podrían afectar los programas de ayuda y las iniciativas de desarrollo en Centroamérica. El enfoque republicano-trumpista, que es significativamente más aislacionista, significaría una reducción al apoyo de estos países. Podría hacerse menos énfasis en abordar las causas profundas de la migración a través de la ayuda al desarrollo y más en medidas punitivas de disuasión y aplicación de la ley mediante la militarización transfronteriza.

Electoralmente, empujar una narrativa delicadamente construida del tema es útil para el trumpismo. Las menciones de “Crimen de migrantes” en Fox News aumentaron significativamente sin haber tenido correlativo en las tendencias ilustradas por los datos de las agencias de seguridad pública. En sociología, existen investigaciones sobre la noción acerca de crímenes cometidos por migrantes que demuestran que no hay relación entre el estatus migratorio de una persona y la proclividad para la comisión de delitos. En EE.UU., por ejemplo, está el caso de Texas, donde la tasa de condenas de inmigrantes ilegales es un 45% inferior a la de los estadounidenses nativos. 

Durante la Convención Nacional Republicana de la semana pasada, simpatizantes trumpistas mostraron pancartas que decían “¡Deportaciones masivas ya!” Es un mensaje contundente; las y los votantes republicanos ya nos dijeron explícitamente que quieren. Su estrategia ahora es ganar la elección apuntándole el dedo a los migrantes y echándoles la culpa de todos sus problemas. Ya con anterioridad, Trump dijo que las y los inmigrantes estaban “envenenando la sangre de nuestro país”. Si recupera el poder, Trump no sólo quiere revivir algunas de las políticas de inmigración criticadas como muy severas durante su presidencia, sino ampliarlas y endurecerlas. El Mandato del Proyecto 2025 es el manual práctico para implementar esa escalofriante visión.