NUEVA YORK – “La historia nos enseña que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo va a pasar, no de si va a pasar”, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a comienzos de este año. Tiene razón. Es por eso que es vital que los gobiernos del mundo concluyan exitosamente su trabajo de negociar un acuerdo sobre la prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Los negociadores no pudieron cumplir con el último plazo para llegar a un acuerdo. Necesitan más tiempo, pero también deben ser conscientes de que el tiempo se acaba.

Creemos que se puede llegar a un acuerdo que proteja al mundo, si los gobiernos internalizan las lecciones de las pandemias del SIDA y del COVID-19. Pero algunos están tardando en reconocerlo.

El borrador del acuerdo sobre pandemias comienza con una declaración audaz e inspiradora que respalda la solidaridad, la equidad y los derechos humanos. Estos principios apuntalan una prevención y una respuesta efectivas, y las primeras versiones propuestas del acuerdo incluían compromisos vinculantes de los gobiernos para ponerlos en práctica. Pero las negociaciones han generado presión para diluir varios de estos compromisos, al punto de que algunas versiones propuestas no garantizarían que la respuesta a la próxima pandemia sea más firme que la respuesta al COVID-19.

Hasta el momento, las negociaciones se han caracterizado por una división entre el Norte Global y el Sur Global -la misma división que obstaculizó la respuesta al COVID-19-. Los países de bajos y medianos ingresos señalan la necesidad de compromisos vinculantes para garantizar que, la próxima vez, se produzcan y se distribuyan ampliamente las tecnologías médicas. Pero han enfrentado oposición en este punto de parte de algunos países ricos, aunque es en beneficio de todos que se garantice un acceso equitativo y universal a los productos -desde herramientas de diagnóstico hasta vacunas- necesarios para combatir las pandemias.

Los productos sanitarios no tienen por qué ser escasos: la producción diversificada geográficamente puede ayudar a garantizar un suministro amplio. Pero, muchas veces, después de que los gobiernos han proporcionado financiamiento público en busca de avances médicos que salvan vidas, les han entregado derechos exclusivos sobre las vacunas y tratamientos resultantes a compañías farmacéuticas privadas. El resultado inevitable es que se entregan dosis exclusivamente a los países que pueden pagar precios altos por ellas, lo que deja a los países más pobres ante la dificultad de asegurarse vacunas, pruebas y tratamientos de manera oportuna. Esta escasez letal no es un error del sistema; es la característica que define a los monopolios privados.

Los líderes mundiales se demoraron en reconocer esto durante la pandemia del SIDA. A fines de los años 1990 y principios de los años 2000, 12 millones de africanos murieron de SIDA, mientras esperaban medicamentos vitales que se distribuían ampliamente entra los habitantes del Norte Global. Luego el Sur Global comenzó a producir más medicamentos genéricos accesibles y el costo del tratamiento se desplomó de muy por encima de 10.000 dólares por paciente por año a muy por debajo de 100 dólares. Hoy, tres cuartas partes de la gente que vive con VIH recibe el tratamiento que necesita para vivir vidas más largas y plenas. Si se garantiza el acceso universal al tratamiento contra el SIDA, el mundo puede eliminar el SIDA como una amenaza a la salud pública para 2030. Más allá de salvar millones de vidas, esto impulsaría la estabilidad global, la seguridad sanitaria y el crecimiento económico, algo que también beneficiaría a los países de altos ingresos.

Uno habría pensado que estas lecciones que han sido tan costosas darían forma a la respuesta al COVID-19. No fue así. Por el contrario, a las empresas farmacéuticas se les otorgaron monopolios de vacunas, de manera que las dosis se enviaron primero a los países ricos, dejando a los países más pobres sin posibilidades de asegurarse suministros -con resultados trágicos-. Una distribución más equitativa de la vacuna contra el COVID-19 podría haber salvado 1,3 millones de vidas solo en el primer año. Esto no incluye las enormes pérdidas indirectas de vidas y salud causadas por la redirección de los recursos sanitarios hacia casos de COVID-19.

Más allá de los altos costos humanos hubo repercusiones económicas severas. Según una estimación, la inequidad de las vacunas le costó a la economía global 2,3 billones de dólares. En definitiva, los países en el Norte Global han venido jugando un juego de suma negativa: las mayores ganancias para unas pocas compañías farmacéuticas -y unos pocos empresarios farmacéuticos multimillonarios- se ven eclipsadas por las pérdidas que sufrieron todos los demás.

Los pilares de una prevención, preparación y respuesta efectivas ante pandemias son muy conocidos: el conocimiento y la tecnología relevantes deben compartirse abiertamente, y las vacunas, las pruebas y los tratamientos deben producirse ampliamente. Con este objetivo, debe proporcionarse financiamiento suficiente a nivel nacional e internacional, y deben eliminarse las barreras de propiedad intelectual que impiden que fabricantes seguros y capaces se sumen a la respuesta a una pandemia.

Una acción voluntaria no es suficiente. Estados Unidos y la Unión Europea lo han reconocido y han implementado medidas selectivas para exigir que se comparta la tecnología y el conocimiento. El acuerdo sobre pandemias tiene que llevar esto un paso más adelante, con compromisos vinculantes para que todos los países compartan abiertamente recursos y conocimiento relevantes durante una pandemia. Sin este tipo de compromisos, el mundo no estaría en condiciones de alcanzar los objetivos del acuerdo.

No podemos depender de la voluntad de las empresas farmacéuticas para garantizar que se priorice la salud global por sobre la rentabilidad. Durante la crisis del COVID-19, una presión pública intensa llevó a BioNTech y a Moderna a prometer el lanzamiento de operaciones en África. Fue una concesión menor de parte de empresas que, junto con Pfizer, ganaron 1.000 dólares por segundo gracias al suministro de vacunas, primero, a los países ricos. Pero hasta eso demostró ser demasiado para ellas: ahora que el ciclo de noticias ha avanzado, BioNTech ha reducido masivamente sus planes para la producción africana, y Moderna ha encajonado sus planes por completo. La lección es clara: los gobiernos solo pueden garantizar el acceso a productos sanitarios si lo exigen.

Luego de haber vivido dos pandemias letales -en las que, como muchos otros, vimos sufrir y morir a amigos y familiares-, es insostenible imaginar que este tipo de devastación se repita. El acuerdo sobre pandemias ofrece la esperanza de una manera mejor y más equitativa de cara al futuro. Para lograrlo, los líderes deben equiparar su retórica ambiciosa con garantías férreas de que la respuesta a la próxima pandemia reflejará lo que aprendimos de la última.

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