_{Foto portada: Shirlie Rodríguez.}

Luego de agotar las pruebas que se presentaron durante el juicio contra Laparra, acusada  del delito de revelación de información confidencial o reservada, el juez Moisés de León dio paso a la etapa de conclusiones.

La fiscal del Ministerio Público (MP), Brenda Guzmán pidió al juez que dicte sentencia de cinco años de prisión y dos más por agravantes de alevosía y premeditación; en total, siete años de cárcel para la exfiscal. Guzmán también solicitó que por el lapso de 12 años se inhabilite a Laparra para ejercer su profesión y que le imponga una multa de Q50 mil.

Los querellantes adhesivos Lesther Castellanos y Omar Barrios se adhirieron a la petición y además pidieron resarcimiento, ya que aseguran que durante estos años en que se ha conocido el caso, su imagen ha sido dañada. 

Barrios también pidió que se certifique lo conducente contra Flor de María Gálvez, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La exjefa de la FECI es señalada de revelar información confidencial en una audiencia en 2017, aunque en realidad ella pidió que se suspendiera la audiencia pública, ya que se encontraba en trámite la colaboración  eficaz para René Villavicencio, quien declaró en el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango que el exalcalde de ese municipio, Jorge Barrientos habría comprado información sobre un expediente de investigación al abogado César Calderón, con ayuda de exempleados de la FECI y de la Fiscalía contra la Corrupción en 2016.  En esa audiencia, Laparra se limitó a indicar el número de proceso, el nombre del colaborador eficaz y los delitos por los que se le investigaba a Villavencio.

Actualmente existen casos bajo reserva, como el denominado «Save the Children», en el cual personal del MP ha proporcionado amplia información sobre el mismo, a nivel nacional e internacional, aunque a la fecha no se ha iniciado persecución penal en su contra.

Una de las pruebas principales que presenta el MP es una nota periodística que se publicó en elQuetzalteco de Prensa Libre, en la que se informa de lo acontecido en esa audiencia pública. Durante el juicio citaron a la periodista María José Longo a quien cuestionaron las razones de su labor periodística. 

Hoy, durante la última audiencia del debate se dio  intervención a Laparra, quien no quiso declarar al inicio del juicio, aunque en esta etapa final dijo que fue violentada en sus derechos constitucionales y además le causaron daños psicológicos y físicos. 

Uno de los aspectos que mencionó fue que el proceso que se llevó a cabo en Quetzaltenango fue conocido por la jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, Carmen Acú, quien retrasó por tres meses la audiencia de primera declaración y prolongó su prisión preventiva por tres meses más. 

“Contrario a todo derecho, es una violación franca de las garantías constitucionales y violación a los términos procesales de investigación”, dijo Laparra.

Otro de los aspectos que mencionó la exfiscal fue el tiempo que estuvo en prisión, lo cual catalogó como medidas represivas y violentas.

Relató ante el juez que ella contó en una entrevista a un medio de comunicación, la situación que vivía en la prisión de Matamoros, en la que estaba dentro de la celda 23 horas y solo una de sol al día. Según Laparra, esto era para reprimirla y mantenerla en una cárcel de máxima seguridad. 

“No soy una criminal, tengo un curriculum intachable… Había que dar un mensaje de que a la corrupción se le respeta y por eso estuve dos años presa”, comentó ante el juez de León.

La exfiscal denunció que durante los años de este proceso ha sido víctima de insultos, burlas y condiciones represivas y misóginas. “Una mujer que trabajó contra la corrupción y que habla es considerada peligrosa, lo demuestra la forma en que ha sido llevado este proceso”, afirmó. 

También dijo en la audiencia que Lesther Castellanos, el denunciante, intimidó a la madre de la exfiscal para exigirle que le pidiera que aceptara los cargos y así terminar pronto el proceso. Además, denunció que el exjuez de Mayor Riesgo la amenazó y le advirtió que no descansaría hasta verla presa. 

“No acepté, no acepto, ni voy a aceptar ningún delito jamás, yo no he cometido ningún crimen. Mi crimen fue ser mujer, ser abogada, no haberme plegado a los intereses, no ceder a las amenazas de una orden de aprehensión”, agregó. 

Laparra pidió al juez que después de su análisis del juicio la declare inocente. Se trata del segundo juicio que afronta la exjefa de FECI. Castellanos la acusó en otro hecho de abuso de autoridad, por el que fue condenada a cuatro años conmutables, de los cuales cumplió en un 45 por ciento de la pena y fue beneficiada con arresto domiciliario.

Organizaciones internacionales califican estos casos como una clara persecución en contra de fiscales anticorrupción.