Estas medidas fueron ampliadas hasta el 13 de enero de 2026 contra la fiscal general, además del secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal de la FECI, Leonor Morales; y el juez Fredy Orellana. 

El Consejo de la UE afirmó que estas medidas contemplan restricciones de viaje, lo que les impide entrar o transitar por los estados miembros de la UE, además de una congelación de activos.

“Los ciudadanos y las empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Se podrían considerar medidas restrictivas más específicas en la medida en que la democracia guatemalteca siga estando amenazada”, afirmó el Consejo. 

La UE señaló que ha existido “mal uso e instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala”, esto con el fin de revertir los resultados electorales de 2023. 

Mencionaron también que están en la disposición de trabajar con el gobierno de Bernardo Arévalo en aspectos como el Estado de Derecho, la mejora del desarrollo económico sostenible e inclusivo y la promoción de la justicia social en beneficio de la población guatemalteca.

El 12 de enero de este año, la UE estableció la adopción de un marco de medidas restrictivas para exigir cuentas a quienes socavan la democracia, el Estado de derecho u obstruyan una transición democrática tras las elecciones generales de 2023.

Posteriormente, en febrero de este año se anunciaron las sanciones contra los cinco funcionarios en mención. 

En su visita a Guatemala para la transición de gobierno, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dijo que estaban dispuestos a adoptar nuevas medidas para que los responsables rindan cuentas.

Arévalo: “Comunidad internacional ha sido clara” 

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció por la ampliación de las sanciones contra los funcionarios del MP y el juez Fredy Orellana, asegurando que la comunidad internacional “ha sido muy clara y muy vocal alrededor de su condena a la captura del Estado”. 

También mencionó que la comunidad internacional ha condenado la criminalización que se ha aplicado desde el sistema de justicia en Guatemala. El mandatario citó como un ejemplo el informe que este año presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita al país. 

“Hay alrededor del mundo un consenso sobre el abuso que se hace desde las instituciones del Estado que están cooptadas y capturadas por esta élite político-criminal en contra de la institucionalidad democrática del Estado, no es más que una constatación de una verdad que es evidente para todo el mundo”, dijo.