Foto: Carlos Alonzo

Anteriormente, la UE había denunciado los esfuerzos por intimidar a jueces, abogados y fiscales guatemaltecos independientes que luchan contra la corrupción, en otros casos similares al de Virginia Laparra.

Según la UE, esos esfuerzos incluyen acusaciones e investigaciones penales que buscan minar la independencia y eficacia de los operadores judiciales.

Además del caso de Laparra, expresaron su inquietud por otras acciones que «socavan el Estado de derecho», señalando que la persecución e intimidación de funcionarios públicos, autoridades elegidas democráticamente, miembros de la sociedad civil, medios de comunicación y operadores judiciales representan un grave retroceso para la democracia guatemalteca.

La declaración fue emitida por el portavoz para asuntos exteriores de la UE, Peter Stano.

Sentencia

El pasado 8 de julio, el juez Moisés de León, del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango, condenó a Laparra a cinco años de prisión conmutables por el delito de revelación de información confidencial. 

Laparra también deberá pagar una multa de Q50 mil y fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante diez años. 

Según el juez, reveló datos de un proceso que se encontraba bajo reserva judicial durante una audiencia celebrada en julio del 2017, lo cual asegura que atentó contra ese proceso. 

El caso de originó por una denuncia presentada por Lesther Castellanos, quien en ese entonces era juez de Mayor Riesgo, y los querellantes fueron la Fundación Contra el Terrorismo y el abogado Omar Barrios.

La exfiscal calificó la condena como “injusta”, ya que aseguró que en el proceso se dieron muchos vacíos, además mencionó que no se arrepiente.