“Las recientes actuaciones del Ministerio Público de Guatemala, incluyendo su solicitud de retirar la inmunidad al Presidente democráticamente electo, Bernardo Arévalo, forman parte de un patrón más amplio y altamente preocupante de denuncias e investigaciones políticamente motivadas contra el gobierno actual”, afirmó un portavoz de la UE.
Según el comunicado de la UE, en Guatemala se ha venido dando un uso “indebido” y la “instrumentalización” del sistema de justicia, lo cual quedó evidenciado luego del proceso electoral de 2023.
La UE afirmó que “mantiene firme su compromiso con el apoyo a la democracia en Guatemala y vigilante ante cualquier acontecimiento que pueda minar la gobernanza democrática o erosionar aún más el Estado de Derecho”.
Además, recordaron las medidas restrictivas que impusieron a funcionarios del Ministerio Público en febrero de este año, las cuales alcanzan a la fiscal general, María Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y al secretario general, Ángel Pineda.
Ayer, el MP presentó el caso “Mecanismo de Corrupción Micivi”, por el cual se presentó una nueva solicitud de antejuicio contra Bernardo Arévalo.
El MP señala al mandatario por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
El caso se deriva de un audio que circuló en redes sociales entre Arévalo y la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, quien es la testigo en este caso, según lo reconoció el mismo Rafael Curruchiche.
En ese audio, Arévalo discute con de la Vega los pagos a constructoras a través de un mecanismo, que el MP ha calificado como “ilegal”.
