_{Foto: Carlos Alonzo}

La apelación APCOP 2-2025, fue interpuesta por los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume Morales, quienes solicitan la repetición de la segunda vuelta electoral celebrada el 14 de febrero. Entre sus argumentos, alegan inconsistencias en la fecha de publicación de la convocatoria y un supuesto incumplimiento de los plazos legales, además de cuestionar la validez de los resultados en tres mesas electorales. 

Sin embargo, Unidad por la Justicia sostiene que la impugnación carece de fundamento legal y busca desconocer los resultados oficiales de las elecciones, los cuales fueron ratificados en la resolución 22-2025 del Tribunal Electoral del CANG el 17 de febrero de 2025.

Entre los argumentos en contra de la apelación, Unidad por la Justicia destacó que los propios apelantes aceptaron las condiciones del proceso electoral sin objeciones previas. 

Explican que la planilla a la que pertenece el abogado Diego Vidaurre suscribió el acta 11-2025 el 30 de enero de 2025, en la que se dejaba constancia de su aceptación íntegra de los términos del proceso electoral, sin impugnaciones en el momento oportuno.

“Pretender cuestionar la convocatoria después de celebrados los comicios. No solo es jurídicamente improcedente, sino que evidencia un interés meramente oportunista motivado por el resultado adverso obtenido. De hecho, la planilla de los apelantes apenas alcanzó el 1% de los votos válidos emitidos en la primera vuelta electoral del 7 de febrero”, señalaron los representantes de Unidad por la Justicia.

Unidad por la Justicia también expone otros tres puntos:

1. La convocatoria electoral fue emitida correctamente: la Junta Directiva aprobó la convocatoria el 27 de diciembre de 2024 y fue publicada el 6 de enero de 2025 en el Diario de Centro América, dentro de un plazo razonable de 10 días, garantizando la debida publicidad del proceso.
   
2. La impugnación de los plazos es extemporánea: los apelantes cuestionan que hubo sólo siete días entre la primera y la segunda vuelta electoral, cuando la Ley de Colegiación Profesional exige un mínimo de ocho. No obstante, el recurso de apelación fue presentado fuera del plazo de tres días estipulado para este tipo de señalamientos. Además, su propio fiscal de planilla firmó el acta 11-2025 del Tribunal Electoral, aceptando los términos del proceso electoral sin objeciones previas.
   
3. No existen razones para anular mesas electorales: los registros oficiales confirman que las mesas impugnadas fueron certificadas sin objeciones por los fiscales de las planillas. Las diferencias en el conteo de boletas representan un margen mínimo que no altera el resultado de la votación, y la normativa solo permite la anulación de mesas en casos de fraude o coacción, situaciones que no han sido demostradas.

Por otro lado, este 13 de marzo venció el plazo límite de los tres días hábiles de audiencia para ampliar argumentos en el proceso de apelación. Los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume Morales presentaron este jueves un memorial solicitando a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales que pidan informes al CANG sobre la contienda electoral.

Para el abogado Diego Sagastume, este proceso de apelación ha dejado “técnicamente suspendida” la toma de posesión programada para el próximo 20 de marzo, pero la misma ya se encuentra convocada y el CANG no ha informado que esto haya cambiado.

La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales deberá resolver en los próximos días la apelación y determinar si se afecta la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, Tribunal de Honor y Comité Asesor de Inversiones.