Las declaraciones de las sobrevivientes revelan patrones de abuso sistemático: muchas fueron detenidas sin ninguna justificación, encerradas en centros improvisados y sometidas a violencia sexual repetida. 

Las mujeres describieron cómo los soldados ingresaban a sus comunidades, arrebatándoles a sus hijos, torturando y ejecutando a sus familiares frente a ellas. En algunos casos, las violaciones se perpetraron en presencia de sus familiares o en lugares públicos, lo que intensificó la humillación y el dolor, señala el documento.

Según el informe, este patrón de violencia no solo afectó a las mujeres de manera individual, sino que tuvo impacto en el tejido social de las comunidades ixiles, quienes veían a las mujeres como figuras de transmisión cultural y preservación comunitaria.

Impunity Watch sostiene que esta violencia no fue un “exceso aislado” de los soldados, sino una táctica militar deliberada, diseñada para destruir y humillar a las mujeres ixiles, y a través de ellas, a toda su comunidad. 

Menciona casos específicos como el de una sobreviviente que fue capturada y violada frente a su suegra, quedando con secuelas físicas y emocionales que hasta hoy le impiden llevar una vida plena. Otro testimonio relata cómo una mujer fue amarrada, violada y abandonada inconsciente por los soldados, mientras le decían que “ya le tocaría” pasar por esos abusos.

Esta estrategia de aniquilación incluyó, además, el saqueo de sus hogares, la destrucción de sus cultivos y la quema de sus viviendas. Las sobrevivientes narran cómo, luego de los abusos, fueron obligadas a huir a las montañas para salvar sus vidas y las de sus familias, viviendo en condiciones precarias durante años.

Objetivo militar y político 

De acuerdo con el informe, la violencia sexual perpetrada en contra de las mujeres ixiles respondía a un objetivo militar y político claro: erradicar cualquier vestigio de resistencia de la comunidad maya. 

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala ya había señalado en su informe de 1999 que estos crímenes se inscriben en un contexto de genocidio, señalando la intención del Ejército de destruir total o parcialmente a los pueblos mayas.

La organización querellante en este juicio, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y otras organizaciones de derechos humanos han litigado para llevar a los responsables de estos crímenes ante la justicia. Durante el juicio, el Ministerio Público ha presentado a 203 testigos, incluyendo a sobrevivientes y expertos, quienes buscan probar que las violaciones sexuales no fueron aisladas, sino parte de un patrón planificado de violencia.

Para Impunity Watch, este juicio representa un paso fundamental en la justicia transicional en Guatemala y “ofrece a las víctimas la oportunidad de ser escuchadas y de exigir que sus testimonios no queden en la impunidad”.

Este 11 de noviembre se lleva a cabo una audiencia de acto conclusivo donde se fijará la fecha de la sentencia en el juicio contra los militares acusados.