^{Foto: Carlos Sebastián – Nómada}

El Subcomité para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos (EE. UU.) reprogramó para el jueves de esta semana una sesión en la que había sido invitado como testigo Rodrigo Arenas, director del medio República, sin embargo, este fue tachado de la lista y en su lugar fue incluido el Director de Supervisión de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, Adam Isacson. 

La sesión fue titulada “El INL (Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, por sus siglas en inglés) debería combatir la delincuencia, no a los conservadores”, y en la lista original de testigos aparecían Arenas y Chelsa Kenney, directora de Asuntos Internacionales y Comercio de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU.

No obstante, en una actualización publicada ayer, 24 de marzo, en la página del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU. solo se incluye a Kenney e Isacson como invitados. El nombre de Arenas fue tachado. 

En la página se lee que las anotaciones que aparecen con un asterisco a la izquierda significan que se cambió o añadió información al evento.

Señalamientos contra Arenas
En 2017, el expresidente de la Cámara de la Construcción, José Luis Agüero, declaró que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, le había ordenado entregar Q500 mil a Arenas, quien entonces era dirigente del Movimiento Cívico Nacional (MCN). 

Agüero era propietario de la empresa Asfaltos de Guatemala, S. A., con la que le entregó un soborno al Sinibaldi a cambio de que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) le pagara Q55 millones de deuda de arrastre que mantenía con el Gobierno.

Parte de esa negociación era que Agüero le depositara a Arenas Q1.5 millones, pero este solo le entregó Q500 mil, según las investigaciones. Arenas aseguró que ese dinero era parte de un donativo. 

Arenas también fue señalado por financiar con Q7.1 millones al partido FCN-Nación, agrupación con la que Jimmy Morales alcanzó la presidencia de Guatemala. 

Según las investigaciones, estos recursos se inyectaron al partido a través de la empresa Novaservicios, S. A., la cual gestionó el pago de fiscales de mesa para ese partido político sin que ese monto fuera reportado al Tribunal Supremo Electoral. 

Por este caso el empresario fue enviado a juicio por el delito de financiamiento electoral no registrado, pero la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo suspendió esa decisión dictada por la jueza Erika Aifán, actualmente en el exilio.