Foto: Embajada de Estados Unidos/Archivo

El documento fue presentado a nombre de McFarland por el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, en el cual se insta a la CC a reconocer normas internacionales para regir la rendición de cuentas de la jefa del Ministerio Público (MP).

«En una democracia nadie debe estar por encima de la ley. Aunque este amicus no se pronuncia sobre los hechos de este caso, es notable que el marco jurídico de Guatemala no prevé ningún procedimiento para que el Fiscal General rinda cuentas”, dijo McFarland.

El exembajador de Estados Unidos en Guatemala entre 2008 y el 2011 asegura que la CC tiene la capacidad para proteger el Estado de Derecho y reconocer que existe un problema sobre este aspecto en el marco legal de Guatemala. 

Análisis jurídico

El amicus curiae plantea un análisis jurídico bajo el marco del derecho internacional sobre el marco legal que actualmente rige a la Fiscal General. Aclara que este documento no se pronuncia sobre la conducta de la Fiscal General, en este caso María Consuelo Porras. 

“No existe un mecanismo independiente e imparcial para hacer que el Fiscal General rinda cuentas porque, según la legislación guatemalteca, es el Fiscal General quien elige al fiscal que investigará al Fiscal General”, dijo Amrit Singh, directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford. 

Para Singh, existe un evidente conflicto de intereses que viola estándares internacionales que salvaguardan la independencia y la responsabilidad de los fiscales. 

Mencionaron que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, han rechazado el “abuso de autoridad por parte del Ministerio Público de Guatemala”. 

Señalan que eso se ha dado a través de acciones de injerencia e injustificadas, las cuales suponen un atentado contra el orden democrático y contra el traspaso del poder. 

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