El oficialismo persiste en su intento de apartar a Consuelo Porras de la jefatura del Ministerio Pública (MP). La recta final del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República le alcanzó al Movimiento Semilla para aprobar un paquete de iniciativas que le favorecen. Sin embargo, el cabildeo para persuadir a las otras fuerzas legislativas para eliminar el candado para destituir a Porras fue infructuoso.

La racha de éxitos del oficialismo fue insuficiente para aglutinar el apoyo de las bancadas en favor de la iniciativa 6480 que propone derogar por completo el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Los ponentes de este proyecto son Samuel Pérez, José Carlos Sanabria, Andrea Villagrán y Laura Marroquín. La Dirección Legislativa recibió el documento el 19 de noviembre pasado.

La iniciativa 6480 plantea un giro en la estrategia del oficialismo liderada por el presidente Bernardo Arévalo en mayo pasado, pues el mandatario entregó una modificación a la restricción establecida desde 2016 cuando la coyuntura propició la protección de la entonces jefa del MP, Thelma Aldana.

La iniciativa de los diputados de Semilla contrasta con la de Arévalo, porque el presidente pretendía estipular causales especificas y un proceso ordenado para lograr la destitución, no solo de Porras sino de quien ostente el cargo de fiscal general. En cambio la nueva herramienta procura eliminar cualquier obstáculo dentro de la ley orgánica para que el Jefe de Estado, solo se pueda basar en el artículo 251 de la Constitución para proceder.

El congresista Samuel Pérez justificó esta nueva táctica, ya que, según su percepción, la operatividad de la iniciativa presidencial se veía cuesta arriba. «Vimos que el cabildeo de la otra iniciativa estaba generando muchas dudas en términos de réditos políticos», detalló Pérez a eP Investiga.

Aunque Semilla intentó aprovechar las últimas sesiones, según el diputado, la primera reacción renuente de las otras bancadas para reformar la ley contra el crimen organizado les frustró dar un paso más largo para frenar la criminalización desde el MP. Por eso, solo negociaron la modificación a esta norma con el objetivo que no se utilice para suspender o cancelar partidos políticos.

A pesar de que Pérez reconoce que reformar la ley del MP es una jugada arriesgada para los otros diputados, asegura que muchos están cansados del hostigamiento del ente investigador. “Creo que hay una amplia mayoría de diputados que, aunque no lo expresen en sus posiciones públicas, están hartos ya del Ministerio Público de Consuelo Porras, de las llamadas que les hace Ángel Pineda para presionarlos y amenazarlos, de estar subordinados por temor a que les investiguen a ellos o a sus familias, que les inventen casos y que vayan a capturar gente de la noche a la mañana sin ningún motivo, como represalia política”, enfatizó.

La expectativa de Semilla, aguardará para el próximo año, pues según Pérez es complicado que los demás parlamentarios asistan a cualquier sesión extraordinaria durante esta temporada “Este año veo un poco complicado que se logre avanzar, sobre todo porque los diputados ya no tienen ningún interés en volver al pleno o porque están haciendo trabajo territorial”, apuntó.

Tercer intento

Esta sería la tercera herramienta legislativa presentada este año para tratar de reformar el artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público (MP) que impide la remoción de la persona que ejerza la jefatura de la institución, a menos de que exista sentencia condenatoria en firme por algún delito cometido. La propuesta de los diputados de Semilla se suma a la reforma planteada por Arévalo en mayo pasado, y a la iniciativa que presentó la diputada de Winaq, Sonia Gutierrez a principios de año.

Antes de la modificación del 2016 para proteger a Aldana, el presidente tenía la facultad constitucional para deponer al fiscal general con causa justificada basado en el artículo 251 de la Carta Magna.

En una entrevista con CNN en español, el presidente Bernardo Arévalo puntualizó que existen tres opciones para que Consuelo Porras deje el cargo: que culmine su periodo en 2026, que renuncié o que el congreso reforme la ley para devolverle su facultad constitucional sin condena en firme.