Seis puntos para conocer la ley que regula las tarjetas de crédito 

A partir del 1 de septiembre, entró en vigor el Decreto 2-2024, una ley aprobada por el Congreso de la República de Guatemala que busca transformar el mercado de tarjetas de crédito en el país. Esta nueva legislación se centra en proteger a los usuarios, asegurar que las operaciones sean más transparentes y garantizar que tanto los emisores como los tarjetahabientes conozcan y respeten sus derechos y obligaciones.

Jovanna García     septiembre 3, 2024

Última actualización: septiembre 3, 2024 3:17 pm

El Decreto fue aprobado el 15 de febrero de 2024 con un total de 128 votos a favor en el Congreso. Este proyecto fue presentado por el diputado Luis Alberto Contreras de Creo y obtuvo el apoyo del oficialismo. La nueva ley no solo apoya a los nuevos tarjetahabientes, sino que también establece disposiciones para aquellos que ya tienen una tarjeta de crédito. Según el artículo 59, a partir del 1 de marzo de 2025, los emisores de tarjetas deberán adecuar a la ley los contratos de las tarjetas emitidas antes de la entrada en vigor.

Te compartimos seis claves que necesitas saber sobre la nueva ley:

Protección para los usuarios de tarjetas de crédito: El Decreto 2-2024 establece en el artículo 2, que todos los usuarios de tarjetas de crédito tienen derecho a recibir información clara, completa y precisa sobre los términos y condiciones de su uso. Esto incluye detalles sobre tasas de interés, comisiones, cargos adicionales y el costo total de los productos financieros. La ley exige que esta información sea fácilmente accesible y comprensible, para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas.

Contratos más claros y justos: Según el artículo 4 de la nueva ley, todos los contratos entre los emisores y los tarjetahabientes deben ser redactados de manera que sean fáciles de entender. Deben incluir detalles específicos sobre el límite de crédito, la tasa de interés aplicable, las comisiones y los derechos y obligaciones tanto del emisor como del tarjetahabiente. Además, el artículo 5 dice que cualquier cambio en estos términos debe ser notificado con al menos 45 días de anticipación. Si el usuario no está de acuerdo con las modificaciones, tiene el derecho de terminar el contrato sin penalización.

Educación financiera para todos: Los emisores de tarjetas de crédito están obligados a implementar programas que ayuden a los usuarios a comprender mejor cómo manejar sus finanzas y el uso adecuado del crédito, según el artículo 29. Estos se desarrollarán en coordinación con el Ministerio de Educación (Mineduc) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. Además, antes de entregar una tarjeta de crédito por primera vez, los emisores deben proporcionar a los usuarios información sobre sus derechos y responsabilidades.

Reglas estrictas para los bancos y emisores: Los bancos y emisores ahora deben realizar una evaluación detallada de la capacidad de pago de los tarjetahabientes antes de otorgarles una línea de crédito, según detalla el artículo 6. Esto es esencial para evitar que los usuarios se endeuden más allá de sus posibilidades. Además, el artículo 11 de la ley establece que los emisores deben ofrecer soluciones, como convenios de pago, en caso de que un usuario tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Resolución de disputas y derechos adicionales: el artículo 30 dice que los usuarios que encuentren inconsistencias o errores en sus estados de cuenta tienen el derecho de objetar los cargos y solicitar una revisión. Durante el proceso de revisión, los emisores no pueden aplicar cargos adicionales ni intereses sobre los montos en disputa. Asimismo, en casos de robo, extravío o uso no autorizado de la tarjeta, los emisores deben permitir que los usuarios reporten el incidente sin costo alguno y suspender inmediatamente el uso de la tarjeta, según el artículo 21.

Delitos y evitar cobros abusivos: Con la nueva ley se crean los delitos de clonación de tarjeta de crédito o débito, uso de tarjeta de crédito o débito ilegal y distribución, comercialización de tarjeta de crédito o débito ilegal y uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito. Para esos delitos impone sanciones que van desde los Q25 mil hasta los Q500 mil.

Además, prohíbe el acoso y cobros abusivos de los bancos.

Puedes leer el decreto completo aquí: 

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