Sala Primera de Apelaciones beneficia al militar Benedicto Lucas García 

Los magistrados de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptaron la recusación que presentó la defensa de Benedicto Lucas García, contra el Tribunal de Mayor Riesgo A, quienes estaban a cargo del debate de genocidio que se conocía en contra del militar retirado. La decisión es criticada por la vulneración a las víctimas del caso.

Shirlie Rodriguez

noviembre 28, 2024 - Actualizado noviembre 28, 2024
Foto de portada: Carlos Alonzo.

Más de 90 audiencias quedan en suspenso con la resolución de los magistrados quienes por unanimidad aceptaron la recusación que planteó la defensa del militar retirado contra el Tribunal de Mayor Riesgo A, con esto será el grupo de jueces B, el que tendrá que conocer el juicio contra Lucas García. 

Según los magistrados, se comprobaron las circunstancias que denunció la defensa de Lucas García y enfatizaron en que el militar tiene “derecho de ser juzgado por un juez imparcial”.

Jovita Tzul, abogada de las víctimas expresó que esta resolución mantiene la impunidad porque la Sala no recibió argumentos o pruebas de parte de la defensa en la que se identificara la falta de parcialidad del tribunal A. 

“Esto es un incumplimiento total de las obligaciones que tiene el Estado con las víctimas y es un balde de agua fría para las víctimas que por años han buscado justicia y lamentablemente de nuevo el Estado de Guatemala se lo está negando”, dijo Tzul. 

El abogado Francisco Vivar, también defensa de las víctimas del genocidio ixil, dijo que analizarán la decisión de la Sala para accionar en contra. 

“Realmente es un sistema de justicia que está cooptado. Hay que hacer memoria que en 2013 fue la Corte de Constitucionalidad, ahora la Sala que con decisiones arbitrarias deja en un estado de indefensión a las víctimas”, remarcó. 

El militar está acusado de ser el responsable de la muerte de 844 personas y de la desaparición forzada de otras 70 durante el Conflicto Armado Interno. 

El Ministerio Público solicitó que sea condenado a 2 mil 860 años por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas. 

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