El incremento fue establecido mediante el Acuerdo Legislativo 31-2024, que fija las remuneraciones de los diputados en niveles similares a los de los magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría.
La organización cuestionó la comparación entre las exigencias para ser diputado y los requisitos para ocupar el cargo de magistrado.
Argumentaron que, mientras los magistrados deben cumplir con requisitos académicos y experiencia profesional, los diputados tienen un esquema de trabajo flexible y no están sujetos a evaluaciones de desempeño.
Además, expresaron preocupación por el cambio en el sistema de remuneración. Este pasa de estar basado en dietas a un salario fijo, lo que, según la Alianza, desvincula el pago de la participación activa de los diputados en las actividades parlamentarias.
Según el comunicado, este nuevo esquema podría afectar el compromiso de los diputados y la calidad de su desempeño. Asimismo, la organización considera que no se ha explicado cómo el aumento salarial fortalecerá el ejercicio parlamentario.
La Alianza también destacó que la aprobación del incremento a través de un Acuerdo Legislativo de disposición presupuestaria anual pone en duda su sostenibilidad y su coherencia con el marco normativo vigente.
Finalmente, instó al Congreso a priorizar el uso eficiente de los recursos públicos en función de las necesidades de la población guatemalteca.
El Congreso publicó esta semana el Acuerdo Legislativo con el que aprueban un incremento salarial para los congresistas y el pago de prestaciones laborales.
Ante la Corte de Constitucionalidad se presentaron dos amparos, uno presentado por Acción Ciudadana y otro presentado por el diputado José Chic, con los cuales se busca dar marcha atrás a la decisión de los congresistas.
