El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, han iniciado investigaciones sobre tres casos específicos de privación de libertad en Guatemala que han generado preocupación porque representan violación a los derechos humanos.

Este grupo solicita al gobierno guatemalteco que tome medidas para remediar estas detenciones, exigiendo que se respeten los principios del derecho internacional en materia de derechos humanos. 

Por su parte, el subcomité para la Prevención de la Tortura llevó a cabo una visita a Guatemala del 8 al 19 de octubre de 2023, durante la cual inspeccionó diversas cárceles del país. En esta visita, documentaron “preocupantes” condiciones de hacinamiento y denunciaron la falta de garantías para los derechos de los reclusos.

La ONU, a través de estos mecanismos, busca no solo señalar las violaciones, sino también ofrecer asistencia técnica y recomendaciones para que el Estado guatemalteco pueda mejorar su cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos. 

Estos son los casos de detención arbitraria que se investigan en Guatemala:

1. Lilian Virginia Laparra Rivas

Exfiscal anticorrupción, fue detenida el 23 de febrero de 2022. Su caso ha sido ampliamente denunciado por organizaciones internacionales, que consideran su detención como una represalia por su labor en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Amnistía Internacional la declaró prisionera de conciencia y su detención fue calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de la ONU en mayo de 2023. 

A pesar de su liberación bajo arresto domiciliario en enero de este año, su caso sigue siendo un punto crítico en el debate sobre el uso del sistema judicial para silenciar a los críticos del gobierno. Laparra salió al exilio el pasado 18 de julio.

En el caso de Laparra Rivas, el Grupo identificó su detención como “una represalia por su trabajo como fiscal anticorrupción en Guatemala”. El informe explica que su arresto fue resultado de su lucha contra la corrupción dentro del sistema judicial guatemalteco, y careció de “una base legal sólida”, lo que constituye una detención arbitraria según los estándares internacionales .

El informe también señala que durante su detención, Laparra Rivas fue sometida a “tratos crueles, inhumanos y degradantes”, incluyendo tortura psicológica. “Fue mantenida en condiciones de aislamiento y privación de derechos básicos”, lo que constituye una violación de sus derechos bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes . 

El Grupo de Trabajo destacó la gravedad de su situación, señalando que estas condiciones de detención fueron intencionalmente diseñadas para castigarla por su trabajo contra la corrupción.

2. Jose Rubén Zamora Marroquín

El caso del periodista y fundador de elPeriódico es otro caso que documenta la ONU. Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022, bajo cargos de lavado de dinero, pero el informe subraya que “el proceso judicial en su contra estuvo plagado de irregularidades procesales”, lo que afectó gravemente su derecho a un juicio justo.

Señalan que durante su detención, Zamora fue sometido a condiciones que violaron su integridad física y mental. “Las condiciones de detención de Zamora, incluyendo el confinamiento en un entorno insalubre y la falta de acceso adecuado a atención médica, constituyen una violación de su derecho a la dignidad y a la integridad personal”, dice el Grupo de Trabajo. Estas condiciones, señala el informe, fueron parte de un intento deliberado de “intimidar y castigar” a Zamora por su labor periodística crítica hacia el gobierno guatemalteco.

El Grupo de Trabajo advierte que la detención de Zamora “parece estar motivada por razones políticas, dado su papel como periodista crítico del gobierno”. El informe insta a las autoridades guatemaltecas a garantizar que reciba un juicio justo, libre de manipulaciones políticas, y a remediar las violaciones cometidas en su contra, incluyendo su liberación inmediata si no se encuentran bases legales sólidas para su detención. Zamora lleva actualmente 756 días en prisión.

3. Sergio Alfredo Herrera Acevedo

Fue detenido el 12 de abril de 2019, bajo circunstancias que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha clasificado como extremadamente preocupantes. Herrera fue sindicado en el “Caso Fénix” por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Salió de prisión en mayo de 2022.

Es hijo de Gustavo Adolfo Herrera Castillo, el «Gato Herrera», conocido en el ámbito judicial y político de Guatemala por ser un operador que incidió en el pasado en la elección de Fiscal General de MP y la designación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. También fue señalado de participar en una estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Gustavo Herrera se encuentra en Nicaragua, donde se le concedió asilo político en 2018, pues acudió al gobierno de Daniel Ortega argumentando ser un «perseguido político». 

Según el informe, Herrera fue detenido a pesar de que su proceso judicial había concluido ocho años antes, lo que constituye una “violación grave” de su derecho a la libertad y al debido proceso. “La detención de Sergio Alfredo Herrera Acevedo careció de justificación legal y se produjo en violación directa de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un juicio justo, protegido bajo el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, dice el informe.

También señala que durante su detención, Herrera fue sometido a condiciones inhumanas, por el hacinamiento extremo y la falta de acceso a atención médica adecuada. Esto, según el Grupo de Trabajo, “equivale a una forma de tortura psicológica”.

El Grupo de Trabajo concluyó que la prolongada detención de Herrera, sin un proceso legal adecuado y en condiciones tan adversas, es “una flagrante violación de los estándares internacionales de derechos humanos”.

“El caso de Sergio Alfredo Herrera Acevedo es emblemático de la arbitrariedad y la falta de respeto por el debido proceso que prevalece en ciertos sectores del sistema de justicia guatemalteco”, concluye el informe.

Oswaldo Samayoa, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), declaró a eP Investiga que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y de la vicepresidenta Karin Herrera “no tolera las detenciones arbitrarias”, pero que “respeta la división de poderes”. 

Enfatizó en que las acciones en relación con las detenciones arbitrarias son “asuntos que el Organismo Judicial tiene que atender y resolver”. Además, mencionó que el Ejecutivo se está enfocando en mejorar las condiciones en el Sistema Penitenciario, específicamente abordando la situación de hacinamiento en las cárceles y asegurando que se respeten los derechos humanos.