El MP advirtió a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio de Gobernación (Mingob) sobre las posibles consecuencias legales de desacatar órdenes que interfieran en las funciones del ente investigador. 

Según el comunicado, el incumplimiento de las instrucciones del MP podría constituir delitos como desobediencia, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y obstaculización a la acción penal.

Además, refieren que ninguna autoridad, incluyendo al presidente, tiene facultades para dictar cómo debe conducirse una investigación penal. La institución recordó que su mandato constitucional le otorga plena autonomía para dirigir la persecución penal y garantizar el respeto al Estado de Derecho.

El MP hizo referencia a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 7 de mayo de 2024, que ordenó a las autoridades denunciadas abstenerse de realizar acciones que coarten la autonomía funcional y económica de la entidad. 

Bernardo Arévalo ofreció una conferencia de prensa la noche de ayer en la cual anunció la implementación de un procedimiento para que la fuerza pública no acate órdenes ilegales. Además, indicó que citaría de manera urgente a la fiscal general del MP, Consuelo Porras, para que explique su participación en la generación de la crisis judicial actual.