Esta audiencia fue solicitada por la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), Convergencia de los DDHH de Guatemala, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y docentes y estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac), quienes expusieron sus preocupaciones ante la preocupación de la libertad de expresión y académica en la universidad pública. 

“Venimos a denunciar el deterioro y cooptación de la Usac a consecuencia de la represión en contra del movimiento universitario. (…) El 2023 fue el peor año para la defensa de los derechos humanos, según Udefegua, (…) en el marco del Paro Nacional Indefinido se documentaron 85 agresiones contra defensores de DDHH, (…) en medio de toda esta persecución ataca no solamente a defensores, sino también hay una evidente inclinación a castigar y utilizar la venganza como medio para criminalizar periodistas, estudiantes, pueblos indígenas y obviamente exoperadores de justicia, y abogados que ejercen la defensa de las personas criminalizadas”, expuso Lucía Terrón docente de la facultad de Ciencias Médicas de la Usac.

En la audiencia expusieron la situación que se generó luego del caso Toma Usac, en el que el MP giró más de 20 órdenes de captura por la toma del campus central de la casa de estudios en mayo de 2022.

El grupo solicitante, expuso las anomalías en el proceso de elección a rector del año 2022, resaltando el uso de fuerzas de seguridad privada contratadas supuestamente a una empresa de nombre “Toledo” para evitar el ingreso de electores estudiantiles el día de la elección, realizada el 14 de mayo de 2022 en el Parque de la Industria. 

Además, recalcaron que desde entonces ha habido rechazo por parte de la comunidad estudiantil hacia la elección de Walter Mazariegos como rector de la casa de estudios.

En la audiencia también señalaron los distintos actos de violencia e intimidación dirigidos a estudiantes y activistas por manifestarse en contra de la toma de posesión de Mazariegos; así como los cambios recientes aprobados por el Consejo Superior Universitario (CSU) de en el que pretenden reprimir actividades públicas en la universidad limitando la libertad de expresión y manifestación.

La abogada Wendy López expuso los fallos y falta de fundamentos para perseguir a los sindicados en el caso Toma Usac, enfatizando que dentro del proceso hay persecución a personas como periodistas por haber informado y filmado. 

Añadió que el MP buscó girar órdenes de aprehensión por rebeldía contra varios sindicados cuando 18 de los 27 acusados se presentaron de forma voluntaria ante las autoridades que llevan el proceso penal. 

El estudiante Luis López solicitó al Estado de Guatemala no otorgar más presupuesto a la Usac mientras no se dilucide la legitimidad de las autoridades, también el cese de la persecución penal, la restitución de las personas expulsadas de la universidad y que la CIDH valore reunirse con las personas afectadas por el caso.

Oswaldo Samayoa, titular de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) indicó que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo avanza en la política de defensores de DDHH; sin embargo, el Ejecutivo conoce el crisis en la que se encuentra la Usac, luego de la elección de Mazariegos. 

Los argumentos del MP y de la USAC

“La Usac no ha ejercido ninguna acción de agresión a ninguna persona individual o colectivo, únicamente se ha circunscrito al cumplimiento de la ley y las normativas universitarias enmarcadas en el debido proceso”, dijo  Hipólito Crispín Casiá Rodríguez, representante de la Usac en la audiencia. 

Aseguró que las acciones legales se realizaron por la toma de las instalaciones universitarias por 385 “que causaron un daño estimado en 12 millones de dólares ”. 

“No fue pacífica y se realizó por inconformidades en los resultados electorales y no por violaciones de derechos”, resaltó.

Los representantes universitarios aseguraron que jamás se violaron derechos, que, por el contrario, se violó la libertad académica de los estudiantes a partir de la toma al no poder estudiar, realizar procesos de titulación o graduarse. 

Por su parte, el MP representado por Eduardo Mejía Calito, secretario de asuntos internacionales y cooperación y Miguel Estuardo Ávila, secretario contra la corrupción negaron que la entidad tenga una estrategia para silenciar a personas o colectivos que defienden derechos humanos. 

“Una de las distintas funciones del MP es preservar los derechos humanos, por ello es contrario a la realidad que se utilicen acciones judiciales para acosar a personas o colectivos que defienden los mismos. (…) Lo que se busca es la averiguación de la verdad; quiero aclarar a la CIDH que el MP tiene un protocolo para defender los derechos de defensores; se está persiguiendo a las personas que cometieron distintos delitos no por ser defensores de derechos humanos”, señaló Ávila. 

Añadió que la persecución en contra de sindicados en el caso Toma Usac se debe a que las instalaciones fueron tomadas de forma ilícita por “supuestos estudiantes, catedráticos, sindicalistas y otras personas nacionales y extranjeras”.

“El MP da continuidad a las denuncias que fueron presentadas y de no hacerlo incurriría en incumplimiento de deberes”, señaló Ávila.

Las autoridades de la CIDH hicieron un llamado a que no exista ningún tipo de represalia a quienes expusieron en la audiencia. 

“Si hay un momento en el cual luce debilitada la autonomía universitaria… Estamos ante una situación en la cual el origen de buena parte de los desacuerdos, de la fractura que hay, se origina en un momento de elección de autoridades universitarias”, dijo el relator de la libertad de expresión, Pedro Vaca. 

Recalcó que si hay estudiantes que creen que se vulneraron derechos como el caso de Luis López, su protesta debe ser protegida.