^{Foto de portada: eP Investiga.}

El pasado 18 de julio la Contraloría General de Cuentas (CGC) llegó a la Comisión contra la Corrupción (CNC) para anunciar una auditoría especial derivada de una denuncia anónima. Ese día, ambas instituciones firmaron un acta donde se estableció el inicio de la revisión, pero hasta el momento, los auditores no han requerido ninguna información específica.

Este aviso de la Contraloría sucedió tres días después del nombramiento de Santiago Palomo Vila como secretario de Comunicación, cuando adquirió inmunidad por el cargo. Desde su creación en 2020, el ente fiscalizador nunca realizó una auditoría especial como la que ahora se llevará a cabo.

Este movimiento no es el único para generar un escrutinio meticuloso de uno de los funcionarios que más se ha pronunciado contra la gestión de Consuelo Porras al frente del MP y quien se ha enfrentado directamente con figuras prominentes del gobierno de Alejandro Giammattei como Jorge Mondal, presidente del Banco de los trabajadores (Bantrab) y parte de los círculos cercanos de Miguel Martínez.

Luego de que el Ejecutivo destituyera y denunciara a Mondal, este denunció a Palomo y al secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, porque le solicitaron su renuncia en las oficinas del banco. Basados en esta demanda, fiscales del MP requirieron información del nombramiento del nuevo secretario de Comunicación de la Presidencia.

Esta solicitud llegó un día antes del acercamiento de la Contraloría a la Comisión contra la Corrupción. El artículo 12 de la Ley Orgánica del Ejecutivo le otorga inmunidad a ese cargo, por lo que no puede ser investigado. Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, expresó en un hilo de X que no existe jurisprudencia para determinar que ese cargo no tiene derecho de antejuicio. Ortiz hizo referencia a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 2003 en la que se eliminó el antejuicio de algunos funcionarios, pero no del secretario de Comunicación de la Presidencia.

Piden eliminar inmunidad

El pasado 22 de julio, la CC recibió un recurso que pone en duda que los secretarios de la presidencia del Organismo Ejecutivo tengan derecho a inmunidad. La inconstitucionalidad fue presentada por los abogados Diego Sagastume Vidaurre, Marcella Carolina Orr Solares y Carlos Enrique López Polanco.

Según los interponentes, la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo y otras normativas ordinarias carecen de potestad para otorgar prerrogativas que no están estipuladas en la Constitución. Por eso, considera que algunos artículos de la ley mencionada y otras riñen con el artículo 202 de la Carta Magna. Lo que establecen esos artículos es que los secretarios de la presidencia deben registrar los mismos requisitos de los ministros del Gabinete y, por lo tanto, obtienen la misma inmunidad.

Aunque esta acción de inconstitucionalidad ataca la inmunidad de todos los secretarios, la intención está dirigida contra Palomo, recién nombrado secretario de Comunicación Social de la Presidencia y anterior comisionado Nacional contra la Corrupción. Este objetivo está explícito en mensajes emitidos en X por parte de Diego Sagastume, uno de los interponentes de la acción, cuando Palomo fue designado por el presidente Bernardo Arévalo el pasado 15 de julio.

“Una clase de derecho constitucional para el @guatemalagob: Arts 44, 175 y 204 CPRG, supremacía constitucional. Únicamente la CPRG (Constitución) puede hacer distinción y aquí es muy clara (sic)”, escribió Sagastume en su perfil personal.

Además, incluye una imagen en la que enfatizó: “Nuevo secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República sin derecho de antejuicio…”. Según el abogado, solo el secretario general y el privado tienen ese derecho.

Abogados con pasado cuestionable

Las personas que plantearon la acción de inconstitucionalidad tienen un pasado público reportado en notas periodísticas y registros de transparencia del Estado. El año pasado, Diego Sagastume presentó un amparo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para detener la segunda vuelta de las elecciones generales.

Entre sus argumentos indicó que existieron anomalías en el programa Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y en el llenado de las actas de la primera vuelta. Las razones del abogado coinciden con el caso del MP por el que Rafael Curruchiche expresó que todo el proceso electoral debía ser anulado.

La abogada Margarita Sagastume Morales también presentó un amparo contra el proceso electoral del año pasado. Ella fue delegada en Chiquimula de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) en 2022. Ambos abogados tienen un registro en la base de datos de Panama Papers. En enero de este año, el TSE suspendió ese amparo.

Marcella Carolina Orr Solares es otra abogada incluida en la acción de inconstitucionalidad contra la inmunidad de los secretarios de la Presidencia. Esta profesional tiene más de 10 años de trayectoria como asesora jurídica en distintas instancias del Estado.

El último trabajo público en el que se desempeñó Orr fue como asesora de la bancada parlamentaria del extinto partido Unión del Cambio Nacional (UCN) liderado por Mario Estrada, quien obtuvo una condena por narcotráfico en Estados Unidos. La abogada prestó sus servicios para el bloque legislativo, según información pública de oficio. Antes de eso, Guatecompras indica que fue contratada por la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso entre mayo y diciembre de 2021.

También fue contratada por el Ministerio de Desarrollo Social por servicios técnicos en 2017 por un monto de Q213 mil. Además, en 2014 y 2015, cuando Arkel Benítez Mendizábal fue viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación, a Orr se le contrató por servicios técnicos profesionales en esa entidad por un total de Q272 mil. De acuerdo con sus cuotas del IGSS, en 2012 y 2013 estuvo en el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) durante la dirección de Alejandra Carillo, exdiputada del Partido Patriota y esposa de Felipe Alejos.

Este 24 de julio, el Ejecutivo solicitó el retiro de inmunidad de tres magistrados suplentes: Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Walter Paulino Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales Marroquín. Estos fueron los magistrados que el 11 de julio ampararon provisionalmente a Jorge Mondal Chew para que permaneciera en la presidencia del Bantrab, a pesar de su destitución el 22 de mayo.

El Gobierno de Guatemala aseveró que los magistrados omitieron documentos donde se indicaba que Mondal no contaba con los 10 años de experiencia en el sistema bancario nacional, un requisito para ser nombrado en el cargo.