La jueza Domínguez remarcó que Rabbé tenía conocimiento de la orden de captura en su contra desde hace ocho años, pero no se presentó para enfrentar la justicia. Aunque la defensa de Rabbé ha sostenido que este se encontraba en México bajo la figura de refugiado político, la jueza señaló que no presentaron documentos que lo acrediten como tal ni ante el juzgado ni ante el Ministerio Público. Además, cuestionó cómo logró movilizarse a México teniendo sus cuentas embargadas. 

«A mi criterio está latente el peligro de fuga; usted puede ocultarse no solamente en Guatemala, sino utilizar los medios de otras personas para salir del territorio guatemalteco», afirmó Domínguez.

Rabbé fue extraditado desde México el pasado 8 de agosto, tras permanecer ocho años fuera de Guatemala.

Al finalizar la audiencia, calificó el caso como un acto de persecución política y reiteró su estatus de refugiado en México. «Soy un refugiado político en México, pero en Guatemala soy un perseguido político», expresó ante los medios de comunicación.

La jueza Domínguez también ordenó el embargo de todas las cuentas bancarias de Rabbé mientras dure la investigación. 

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), junto con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), investigaron este caso, que involucra a varios exintegrantes de la junta directiva del Congreso. 

El exdiputado es el último de los implicados en el caso Plazas Fantasma en enfrentar la justicia. Rabbé está señalado por la supuesta autorización de al menos 164 plazas en el Legislativo durante su gestión como presidente del Congreso, de las cuales, según la antigua FECI, al menos 42 eran irregulares.

Los empleados contratados no se presentaban a trabajar y algunos tenían otras plazas en el sector privado, mientras devengaban salarios que oscilaban entre Q7 mil  y Q20 mil. Sin embargo, el resto de los implicados fue beneficiado con sobreseimiento.