1. La remoción de Consuelo Porras

Una de las promesas más destacadas de Arévalo fue la destitución de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusó de obstaculizar la justicia y perseguir políticamente a opositores. Sin embargo, a lo largo de este año, los intentos del Ejecutivo para removerla han sido infructuosos. Los amparos presentados para su remoción fueron desestimados sistemáticamente y Porras continúa en su puesto, incluso ha intensificado las investigaciones contra miembros del gobierno actual. 

El año pasado se evidenció una criminalización sostenida contra los operadores de justicia independientes. La exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, tras dos años en prisión por un supuesto caso administrativo, anunció en julio de 2024 su decisión de exiliarse para “preservar su vida”, ante la amenaza de que la persecución penal en su contra no cesara. 

Asimismo, Ligia Hernández, exdiputada del Movimiento Semilla y directora del Instituto de la Víctima, fue detenida en agosto de 2024 bajo cargos de financiamiento electoral no registrado. Tras 90 días en prisión preventiva, decidió acogerse a un procedimiento de aceptación de cargos, lo que le permitió recuperar su libertad en noviembre de 2024. 

A pesar de su regreso como directora del Instituto de la Víctima, el 12 de diciembre comunicó que no podía permanecer en el cargo porque las condiciones políticas no eran las idóneas.

Carmen Aída Ibarra, analista judicial del Movimiento Projusticia, explica que la remoción de Consuelo Porras no está contemplada en el plan de gobierno de Bernardo Arévalo, sino que fue un “ofrecimiento de campaña”. Según Ibarra, “el presidente nunca habló de destituirla, sino de pedirle la renuncia”, y esta distinción es clave para entender por qué no se han tomado acciones concretas en esta dirección.

A pesar de que la Constitución permite al presidente destituir a la fiscal general con causa justificada, Ibarra subraya que no existe un documento oficial que detalle las razones para proceder con esta acción. “Hasta este momento, no hemos visto un documento en el que el gobierno exponga con claridad cuáles son las conductas y decisiones de la fiscal que justifican su remoción”, explica.

Sin embargo, menciona que hay abundante material para sustentar una destitución, basado en informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estos documentos detallan las “prácticas antidemocráticas”, la promoción de la impunidad y las decisiones cuestionables de Porras, tanto en la destitución de fiscales como en su colaboración con jueces afines.

La analista señala que el mandatario enfrenta un obstáculo legal en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que limita su facultad de destitución y abre la puerta a posibles acciones de amparo por parte de la funcionaria. 

“Creo que, para no exponerse a ser acusado de violar la Constitución, el presidente ha optado por no actuar”, afirma. A esto se suma la dificultad de impulsar una reforma legislativa que elimine este impedimento, ya que “no hay una mayoría en el Congreso” que apoye tal iniciativa, debido a los intereses políticos y los temores de varios diputados de quedar expuestos a investigaciones penales.

El gobierno del presidente Arévalo culminó su primer año presentando un total de 198 denuncias penales basadas en indicios de corrupción detectados en diversas entidades del Ejecutivo. 

Entre los casos se encuentra la denuncia presentada en noviembre de 2024, conocida como “Red Q”, que involucra al expresidente Alejandro Giammattei, la ex titular de Segeplan, Keila Gramajo, y el ex presidente del INDE, Melvin Quijivix, por delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes.

A pesar de las denuncias planteadas desde el Ejecutivo y otros integrantes del gabinete de Arévalo, Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que aseguró que el MP, bajo la dirección de Porras, ha desestimado o archivado 37, y solo seis han avanzado más allá de las fases preliminares de investigación.

El sociólogo y analista político Luis Mack destaca que uno de los mayores retos del gobierno de Arévalo es lidiar con el MP y con Consuelo Porras, porque su permanencia genera un “estancamiento completo” en uno de sus principales compromisos de campaña: la lucha contra la corrupción.

“La neutralización del Ministerio Público debería ser una de las principales estrategias del gobierno”, afirma, al mismo tiempo que advierte que esperar hasta mayo de 2026 para cambiar a la fiscal general podría resultar en un “escenario terriblemente malo”. Además, plantea la posibilidad de que Porras intente reelegirse, lo que complicaría aún más la situación.

Mack insiste en que la figura de Porras se ha convertido en el principal símbolo de oposición al gobierno. “El símbolo en contra del presidente sigue siendo la fiscal; es la antítesis de todo lo que el gobierno quería hacer”, afirma. 

Según él, si el gobierno logra aprovechar la baja popularidad de la fiscal y neutralizar su poder, podría operar en un escenario político más favorable. Sin embargo, si no se consolida una estrategia para superar este obstáculo, “los problemas seguirán siendo muy fuertes”.

2. No utilizar prebendas para obtener votos en el Congreso

El presidente Arévalo y su equipo aseguraron que no recurrirían a pagos económicos para obtener votos en el Congreso. “El Ejecutivo jamás utilizaría prebendas a los congresistas por sus votos”, dijo Jonathan Menkos, actual ministro de Finanzas, en una entrevista con No Ficción. Sin embargo, la ampliación presupuestaria, finalmente aprobada el 13 de agosto de 2024 por un monto de Q14 mil 451 millones, generó fuertes cuestionamientos debido a la distribución de los recursos, especialmente a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que recibieron Q1 mil 875 millones.

Según una investigación de eP Investiga, diputados de diversas bancadas fueron convocados al Ministerio de Finanzas (Minfin) para negociar estas asignaciones, lo que resultó en un incremento de Q732 millones respecto al año anterior, alcanzando un total de Q5.06 millardos.

Estas negociaciones generaron críticas de la oposición. El diputado de la bancada VOS, José Chic, fue uno de los que se expresó sobre esta negociación. “Uno de los elementos mayores es la posibilidad de los bolsones de corrupción dentro de la ampliación presupuestaria. No hay corrupción buena, no hay corrupción mala”.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) también alertó sobre la falta de justificación técnica en estas asignaciones, advirtiendo que podrían derivar en manejos discrecionales. Además, gobernadores departamentales afirmaron desconocer los detalles de estas distribuciones, mientras que organizaciones como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y el Icefi subrayaron el riesgo histórico de corrupción en los fondos asignados a los Codedes.

Además, el 5 de noviembre de 2024, el Congreso de la República aprobó el Decreto 27-2024, conocido como la Ley de Agilización en la Ejecución de Obras de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur). Esta normativa permitirá que los fondos asignados a los Codedes durante el ejercicio fiscal 2024 que no sean ejecutados al finalizar el año no regresen al fondo común del Estado, como era habitual, sino que puedan ser utilizados en 2025 para concluir proyectos pendientes. 

Aunque esta disposición tiene carácter temporal y estará vigente únicamente hasta el 30 de diciembre de 2025, los Codedes pueden solicitar al Minfin una ampliación presupuestaria hasta el 15 de febrero para incorporar los saldos de proyectos inconclusos de 2024. 

A pesar de la promesa del gobierno de no recurrir a métodos transaccionales para asegurar votos, la ampliación presupuestaria evidenció que estos mecanismos persisten. El analista Luis Mack considera que, aunque en el pasado las prebendas se daban como dinero en efectivo, hoy se materializan a través de la asignación presupuestaria. Esto refleja una “gran debilidad del Ejecutivo”, que sigue utilizando estos mecanismos para negociar apoyo político. En sus palabras: “Se entiende lo que hicieron, pero no se justifica”.

Además, Mack subraya que la dependencia del Ejecutivo a este tipo de estrategias erosiona la credibilidad del gobierno y lo aleja de su compromiso de marcar una diferencia con administraciones anteriores. Para el analista, el problema radica en que estas acciones pueden volverse permanentes, comprometiendo el proyecto de cambio que Arévalo prometió. “Si no logran salir de estas dinámicas transaccionales, no habrá ninguna diferencia entre este gobierno y los anteriores”, advierte.

En cuanto a los logros legislativos obtenidos mediante estas negociaciones, Mack considera que son insuficientes en comparación con el costo político y presupuestario involucrado. Para él, estas dinámicas comprometen la capacidad del gobierno de consolidar una estrategia política más sólida y coherente con su discurso anticorrupción.

Sobre las expectativas para el futuro, Mack recalca la importancia de fortalecer la capacidad de maniobra política del Ejecutivo, superar la necesidad de recurrir a asignaciones presupuestarias para asegurar el apoyo en el Congreso y enfocarse en cambios estructurales que beneficien a la población sin generar sospechas de corrupción.

3. Mecanismo de protección para periodistas, sin avances 

Arévalo se comprometió a establecer una política de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, reconociendo la creciente violencia y amenazas contra estos grupos. Aunque en mayo de 2024 anunció la creación de una mesa técnica para desarrollar este mecanismo, a la fecha no se ha implementado una política efectiva. Las agresiones contra periodistas han continuado sin una respuesta contundente del Estado, y los compromisos asumidos han resultado difíciles de cumplir.

Según el informe de la Red Rompe el Miedo Guatemala, durante el primer semestre de 2024 se registraron 34 agresiones contra periodistas, concentradas principalmente en el departamento de Guatemala. Las formas más comunes de agresión incluyeron intimidación, amenazas en persona y bloqueo informativo. 

Un caso reciente es el del periodista Narciso Marcos, de Prensa Comunitaria, quien ha enfrentado amenazas y agresiones debido a su labor informativa en Chiquimula y fue víctima de seguimiento y vigilancia.

Además, este año ha continuado la persecución penal contra periodistas por parte del Organismo Judicial. Diego España de La Hora y Juan Luis Font de Con Criterio han sido objeto de procesos judiciales que organizaciones de derechos humanos califican como intentos de silenciar a la prensa crítica.

Evelyn Blanck, de la Red Rompe el Miedo, subraya que la promesa del presidente Bernardo Arévalo de implementar un mecanismo de protección para periodistas sigue siendo un compromiso “a medio cumplir”. 

Blanck explica que la implementación depende de la aprobación de una política más amplia que contemple a defensoras y defensores de derechos humanos, un proceso que lleva un año estancado. “La política es el paso previo al mecanismo, pero sin su aprobación, no hay certezas de que este avance”, dijo.

Menciona que hay avances parciales, como mesas técnicas en Gobernación para atender casos específicos, pero advierte que esto no constituye un sistema integral, lo que significa que no pueden dar por aprobada la política y la promesa del mecanismo sigue en incertidumbre.

Este compromiso se remonta al gobierno de Otto Pérez Molina en 2012. En octubre de ese año, el país se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a crear un programa destinado a salvaguardar a los trabajadores de la prensa, en respuesta a las crecientes agresiones contra periodistas.

La crisis política de 2015, que culminó con la renuncia de Pérez Molina, paralizó el proceso. Desde entonces, los avances han sido mínimos, y el mecanismo permanece estancado, dejando a los periodistas en una situación de vulnerabilidad ante las continuas amenazas y agresiones.